El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la doctrina Franciscana (COPAJU) expresó su firme rechazó a la represión y la vulneración de derechos sufridas por jubiladas y jubilados, a la vez que dio su respaldo a la jueza Karina Giselle Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo”, luego de que la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dispusiera la liberación de las personas detenidas ayer por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
“Esta represión no solo impidió una manifestación de protesta social, sino que generó una violencia institucional desproporcionada”, sostuvo el Capítulo Argentina de COPAJU.
En su declaración, el Capítulo Argentina de COPAJU, que reúne a magistradas y magistrados de todo el país, señaló que la represión policial desplegada “no solamente impidió una manifestación de protesta social, sino que generó una violencia institucional desproporcionada”. El Comité remarcó que “ningún acto de violencia injustificado por parte de quienes reclaman puede generar violencia represiva desproporcionada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ese mismo Poder estatal que vulnera el derecho a la seguridad social de jubiladas y de jubilados, quienes no pueden vivir con dignidad”.
En cuanto a su apoyo a lo actuado por la jueza Andrade, subrayó que “dispuso con apego a la Constitución Nacional la soltura de las personas detenidas, señalando que en el caso se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”.
Indicaron que, para fundar su decisión, Andrade “expuso las irregularidades del procedimiento llevado adelante por las fuerzas de seguridad” y agregaron que la magistrada porteña consideró preciso remarcar: “El déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.
Refiriéndose al Sistema Previsional, las juezas y jueces recordaron que, “en esta realidad económica, es innegable que este derecho social, esencialmente basado en la sustitución de ingresos, resulta ineficaz e insuficiente para garantizar un estándar mínimo de la vida digna”. Y por eso afirmaron que “ser jubilada o jubilado en Argentina, para la mayoría de las personas que cobran prestaciones insuficientes, implica optar entre comer o medicarse”, en lo que definieron como “un verdadero maltrato institucional”.
COPAJU Argentina, una agrupación que reúne a magistradas y magistrados de todo el país, dio su apoyo a la jueza Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo”.
En este punto, recordaron las palabras del Papa Francisco, quien el 11 de septiembre de 2024 había señalado que los ancianos “son la memoria” y que la sociedad “debe respetarlos y cuidarlos”. Unos días después, con motivo de los diez años del primer encuentro con los Movimientos Populares, el Papa criticó expresamente la represión padecida por las jubiladas y los jubilados en Argentina: “En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”, había dicho el líder de la Iglesia Católica.
Por todo esto, la representación local del Comité concluyó: “Rechazamos con firmeza el uso represivo de las fuerzas de seguridad de manera desproporcionada, a las cuales además se las expone de manera innecesaria, como también la insuficiencia de los haberes previsionales que impiden a la mayoría de jubiladas y de jubilados vivir dignamente”.
