El ex presidente Mauricio Macri parece coleccionar causas que lo involucran: el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió la presidencia sumaba 214 denuncias en su contra. Tras sus cuatro años de gestión se retiró habiendo superado la prueba en gran cantidad de ellas, pero a su vez con 144 nuevas causas. Desde entonces, en estos dos años retomó el ritmo judicial y en la actualidad, ya son más de 220 los procesos que lo involucran.
En las últimas horas no tuvo buenas noticias al respecto: por un lado, en relación al proceso en el que se lo investiga por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017, fue citado a indagatoria para el próximo jueves 7 de octubre a las 11. El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, anticipó que también lo interrogará por el espionaje ilegal desde una base de inteligencia en Mar del Plata a familiares de tripulantes de dos barcos pesqueros, el “Rigel” y “El Repunte” que se hundieron en 2018.
En el mismo fallo el juez le dictó la prohibición de salida del país, lo que pone a Macri en una particular condición ya en ahora se encuentra en los Estados Unidos. Justamente este miércoles, presentó su libro “Primer Tiempo” en Miami y participó de una conferencia en la Florida International University. En principio iba a retornar al país durante el fin de semana.
En los dos últimos años retomó el ritmo de denuncias en su contra y en la actualidad, ya son más de 220 los procesos que lo involucran.
Casi al mismo tiempo, Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente de Todos, presentó una denuncia contra el ex mandatario, su madre Alicia Blanco Villegas y Gianfranco, uno de sus hermanos, por la presunta comisión de los delitos de “lavado de activos y evasión tributaria”, en una causa vinculada con el blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Cambiemos en 2016. Se trata de la ampliación de una denuncia radicada en el Juzgado Federal 4 y formulada por el mismo diputado cuando, luego que el Congreso aprobara al blanqueo de capitales que fuera denominado “Reparación histórica de los jubilados”, el entonces presidente modificó la ley por decreto en el ítem relacionado con los familiares de los funcionarios públicos.
La decisión relativa a la causa por el ARA San Juan, fue tomada por Bava, al advertir en un fallo de 116 carillas que “es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”.
El fallo se conoció por la mañana y de inmediato los familiares de los tripulantes del navío siniestrado lo consideraron como una “grata sorpresa”. Destacaron, en ese sentido, la celeridad con la que viene trabajando el en el Juzgado Federal de Dolores. Martín Bava fue designado en marzo de 2021 por la Cámara Federal de Mar del Plata como subrogante en reemplazo del magistrado Alejo Ramos Padilla.
En su fallo, Bava procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a quien lo secundaba, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno. Del mismo modo lo hizo con otros imputados que actuaron desde una base de inteligencia emplazada en Mar del Plata. El juez consideró que Macri “no sólo ordenó la realización constante de acciones ilegales sobre los familiares de los marinos mencionados, sino que recibió el análisis de esa información efectuado por la Agencia Federal de Inteligencia, acorde al lugar que le correspondía al imputado en el ciclo de inteligencia como máximo responsable político”. Asimismo afirmó que el espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”.
Agrega que “se le imputa haber ordenado y posibilitado” la realización de “numerosas” maniobras de espionaje interno ilegal “con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
Primero, la familia
La Ley 27.260, que incluía el régimen de sinceramiento fiscal, fue sancionada por el Congreso el 22 de julio de 2016. Luego, Macri la instrumentó mediante dos decretos que modificaron claramente el sentido de la norma. Justamente, según el diputado Tahilade, el segundo de ellos, firmado en noviembre de 2016, “desnaturalizó por completo el espíritu de la ley, incorporando modificaciones sustanciales al régimen creado por la norma, en particular a través de una autorización indebida para ingresar al sinceramiento fiscal a familiares de funcionarios públicos que se encontraban expresamente excluidos por el art. 83 de la Ley 27.260”.
Concretamente, Macri habilitó el ingreso al beneficio de padres, cónyuges e hijos emancipados de funcionarios toda vez que pudieran juramentar que el dinero que ingresaría al sinceramiento fiscal se había incorporado a sus respectivos patrimonios antes de que el funcionario en cuestión hubiera asumido en la función pública. En su momento, Tahilade había alertado que “la modificación sorpresiva de una reglamentación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del PEN, que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual”.
“Era de una obviedad que Macri buscó moldear el régimen legal del blanqueo a las necesidades personales y de su familia”.
El diputado sostiene que “aquella advertencia finalmente se concretó. Era de una obviedad clarísima que Mauricio Macri buscó moldear el régimen legal del blanqueo a las necesidades personales y de su familia. Es decir, la reglamentación fue a medida de sus intereses y de su familia”.
El dinero blanqueado en su oportunidad por Gianfranco Macri sería, en realidad, de Alicia Blanco Villegas, la madre del expresidente. “Según la investigación periodística, cuando en 2016 se acogió al beneficio de blanqueamiento fiscal de la ley 27.260, fraguó los requisitos contenidos en la ley de ‘amnistía fiscal’, al declarar como propio ante las autoridades tributarias de la Argentina un fideicomiso –de nombre Quiñel Trust- creado el 29 de noviembre de 2000, y radicado en el Principado de Liechtenstein, lugar considerado una guarida fiscal”, que según se publicó en diferentes medios, en realidad pertenecía a Blanco Villegas, la madre de ambos.
Tailhade puntualizó que los decretos que firmó Macri para reglamentar la ley del blanqueo fueron sencillamente para adecuarla a las necesidades de sus familiares, ya que los fideicomisos investigados habían sido constituidos en el 2000, incluso con anticipación a que él mismo se convirtiera en funcionario público.
