Entrevista al ex juez que fue removido por Cambiemos después de frenar el tarifazo de 2016. Sus críticas a los dirigentes del PJ que apoyaron a Vidal y a la presencia de Marcelo Mindlin en la mesa contra el hambre del actual gobierno.
No sólo desde el gobierno nacional Cambiemos fue implacable con los jueces que se le opusieron. Lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal les hizo sentir el rigor a los pocos miembros del Poder Judicial que revisaron sus decisiones. En esa lista, el exjuez Luis Arias aparece como el gran caso testigo, cuya destitución, ocurrida en agosto de 2018, ahora deberá ser revisada por orden de la Corte Suprema bonaerense. “Vamos a seguir todas las instancias, sabemos que en alguna la vamos a revertir”, sostiene Arias, extitular del juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata. El detonante para su asedio y final remoción había sido su orden de frenar el tarifazo de 2016, que tanto benefició a las empresas eléctricas y golpeó el bolsillo de los usuarios. Fue acusado de “abuso de autoridad” y de exceso en sus funciones.
Luego de ser precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos, hoy Arias es abogado del gremio docente Udocba y uno de los impulsores de la aplicación telefónica EnMiBarrio, desde la cual los vecinos platense pueden hacer sus reclamos, en un contexto de pandemia y aislamiento que multiplicó las vulneraciones en la ciudad.
“Siempre tuve conflictos con distintos gobiernos, porque el fuero Contencioso Administrativo tiene que controlar al poder político”.
Para el exjuez, su caso fue “un lawfare hacia adentro”, que buscó aleccionar para que ya nadie controlara al macrismo. “La afectación fue al poder de las energéticas aunadas al poder político. Eran socios, los amigos del presidente”, grafica. En cuanto al espionaje político, otro pilar del lawfare, consideró que “siempre existió, pero no al punto de ser una metodología política como ha sucedido durante el gobierno de Macri y de Vidal”.
– ¿Cómo recibió la decisión de la Corte de revisar su destitución?
– Desde un primer momento tuvimos la convicción. Y digo nosotros porque hay letrados que me acompañan: Marcelo Ponce Núñez, de ATE; la constitucionalista Analía Elíades, todos desinteresadamente, porque a mí me han dejado sin salario. No tenía cargos docentes. Siempre interpreté que un juez no puede tener una sentencia atrasada y estar dando clases. De modo que quedé sin ingresos y estos abogados me ayudaron. Tomamos la decisión de seguir todas las instancias, sabemos que en alguna la vamos a revertir, fundamentalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi destitución tuvo que ver con sentencias, con decisiones que no pueden ser sometidas a juzgamiento por un tribunal disciplinario. Mi juzgado era ejemplar, teníamos todas las causas al día. Por cinco años consecutivos nos eligieron el mejor juzgado en una encuesta del Colegio de Abogados de La Plata, junto con la Facultad de Ciencias Económicas. El último reconocimiento que me hicieron, yo ya estaba suspendido, así que fueron compañeros a recibirlo.
– El lawfare suele verse como una persecución a dirigentes políticos. ¿Su caso muestra que también lo pueden sufrir los propios funcionarios judiciales?
– Sí, claro. Esto pasó: no había causal alguna de destitución y tomaron 21 decisiones jurisdiccionales, que sólo pueden ser revisadas ante cámaras, ante la Corte, salvo que se compruebe un hecho de imparcialidad, un cohecho. Llegaron a iniciarme una causa penal por abuso de autoridad, por una decisión vinculada a un fiscal que el propio fiscal no había apelado. Tuve que prestar declaración indagatoria, yo no me amparé en mis fueros. Sacaron eso de la galera y los medios empezaron a titular: “Suspenden al juez Arias por abuso de autoridad”, pero nadie explicaba en qué consistía. Me causó mucha impotencia. La gente piensa “si lo destituyeron es por algo”, “por algo será”.
– ¿Quiénes fueron los principales responsables?
– A mí me acusa Julio Conte-Grand, procurador de la Corte de la Provincia, que había sido ministro del gabinete de Vidal, junto con la jueza Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, de reconocida trayectoria radical: fue esposa de Catterberg, que en su momento fue el Durán Barba de Alfonsín. Su hijo es Alejandro Catterberg, que fundó la consultora Poliarquía junto a Fabián Perechodnik, que también fue funcionario de Vidal. La acusación, formalmente, la llevó Conte-Grand, que en privado me decía todo el tiempo: “Discúlpeme, doctor, discúlpeme, es mi función”. Una contradicción absoluta. Tenían la decisión tomada. Era un lawfare hacia adentro, porque la mayoría de las cuestiones eran conflictos de competencia con jueces penales, por la criminalización de diversos hechos: tomas de terrenos, una medida en la que obligué al gobierno a darle a asistencia a una persona privada de su libertad que se estaba muriendo, todos problemas de competencia que son cotidianos. No había en eso irregularidad alguna.
“Acá hubo un verdadero descalabro que no sólo fue obra de Vidal, sino también de muchos que ahora se rasgan las vestiduras”.
– ¿Su caso es una “mancha” sobre la cobertura que suele tener la exgobernadora Vidal?
– Yo siempre tuve conflictos con distintos gobiernos, porque el fuero Contencioso Administrativo tiene que controlar al poder político. Muy pocos lo hacen, porque nadie quiere confrontar, pero está para eso. Esto siempre ha generado conflictos, pero nunca a tal extremo como con Vidal, provocando esta destitución, en la que también hubo muchos de los que se dicen compañeros que la apoyaron y aplaudieron. Eso pasó porque había resquemores, fundamentalmente de los intendentes que habían sido objeto de distintas condenas por parte del juzgado.
– Por entonces, muchos pensaban que Cambiemos había llegado para quedarse.
– Y también había un sector del peronismo que los apoyaba. Cuando hablamos de “tierra arrasada”, hay que hablar de los cómplices para adentro, que le votaron los presupuestos, los endeudamientos a Vidal, que cambiaban cargos por votos. En el Banco Provincia tuvimos dos exintendentes: Pablo Bruera y (Francisco) “El Barba” Gutiérrez. Acá hubo un verdadero descalabro que no sólo fue obra de Vidal, sino también de muchos que ahora se rasgan las vestiduras. Por ejemplo, el caso de Jorge D’Onofrio, del Frente Renovador, que votó a favor de mi destitución y ahora critica todo el tiempo a Vidal. Algunos fueron premiados, como Alejandro Molea: terminó mi jury y lo designaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Juegan según su conveniencia, pero esto no hubiera sucedido sin la persecución de Vidal y la acusación de Conte-Grand.
– ¿Fue también una forma de lanzar una advertencia a todos los jueces?
– Fue un disciplinamiento. La prueba está que al momento del tarifazo del 2016, éramos 50 jueces en el país, de distintos fueros, suspendiendo o anulando el aumento. Pero al final del mandato de Macri, donde la situación era aún peor, no había un solo juez que suspendiera esas medidas. Enfrente estaban el poder político junto al económico, asociado a las energéticas, que fueron de las que más ganaron con Cambiemos, entre ellos, Rogelio Pagano, que en la provincia de Buenos Aires, con su empresa DESA, se quedó con las cuatro distribuidoras eléctricas, cosa que denuncié en mis medidas cautelares: el monopolio del 65% de la distribución eléctrica.
– ¿Esa fue la verdadera causal para su destitución?
– La afectación fue al poder de las energéticas aunadas al poder político. Eran socios, los amigos del presidente, como Nicolás Caputo. Y los que enfrentamos esa situación desde la Justicia, sufrimos grandes consecuencias. Los jueces, para defender los derechos de la gente, a veces tienen que confrontar con los poderes pero normalmente no lo hacen, porque de eso depende su futuro. Este es el grave problema que tenemos en el Poder Judicial y que debe ser objeto de una reforma.
“Marcelo Mindlin, en vez de estar sentado en una celda, está en la mesa contra el hambre que generó Alberto Fernández, a quien respeto, admiro, voté y defiendo”.
– ¿Una verdadera independencia para ejercer su rol de cara a la sociedad?
– Claro, porque la sociedad no cuenta. Los jueces terminan sacrificando los derechos de las personas para no confrontar con los poderes fácticos y constituidos. ¿Cuáles son? Los medios de comunicación, que inciden permanentemente. Cuando a Clarín una decisión lo incomoda, titula: “El polémico juez Arias”. Así me pasó cuando suspendí el DNU de Macri que modificaba la Ley de Comunicación Audiovisual. Yo era “el controvertido juez”. Pero cuando una decisión les conviene, dicen: “La Justicia determinó”. Después está el poder económico, muchas veces asociado al mediático, que también es económico. Marcelo Mindlin, en vez de estar sentado en una celda, está en la mesa contra el hambre que generó Alberto Fernández, a quien respeto, admiro, voté y defiendo, pero lamentablemente este hombre sigue impune. Y está el poder político, que cuando una decisión judicial no le gusta, ataca con dureza. La paranoia política hace que se tome al juez como un adversario. Frecuentemente, la política no sabe distinguir entre la cuestión funcional y la política, y ahí empiezan las presiones. Y si un juez de primera instancia quiere ascender, depende del Ejecutivo en gran medida.
– ¿Cómo se aborda esta situación? ¿Qué debería reformase?
– El problema es el desbalance entre el poder de la sociedad y los demás poderes en la función judicial, por eso las reformas deben estar orientadas a una mayor participación de la sociedad en la selección de los magistrados, en el control de la gestión judicial a través de un observatorio. En fin, hay que tomar medidas para equilibrar las cosas.
– ¿Qué rol juega en estas presiones el espionaje y cómo lo aplicó el macrismo?
– El espionaje político siempre existió, pero no al punto de llegar a ser una metodología política como ha sucedido durante el gobierno de Macri y de Vidal. No olvidemos que Macri inició su mandato procesado en una causa de espionaje, la de Ciro James, y lo termina cuestionado por espionaje. Hay una suerte de paranoia política que lo lleva al punto de investigar no solo a los opositores sino a los propios, a su propia hermana, incluso. El espionaje ha sido una metodología en función de un objetivo que fue la persecución política. Es decir, se espía a alguien para “encarpetarlo”, para condicionarlo si se le encuentra alguna cuestión, para doblegar su voluntad y exhibirlo como un trofeo político y persecutorio. Es lo que vivimos permanentemente con el gobierno de Macri.
