En el marco del Día de la Infancias, que se celebra este domingo, el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, reflexionó acerca de cómo el gobierno nacional trabaja para paliar las consecuencias de la pandemia en los más jóvenes.
En diálogo con Contraeditorial, Lerner explicó que “el retorno a las clases presenciales plenas va a ser un verdadero desafío, sobre todo en la escuela media con las y los adolescentes, porque había muchos chicos con un vínculo débil, lábil con el sistema educativo”, por lo que subrayó que “cuando pasó la cuarentena estricta, el principal problema pasó a ser la inclusión educativa”.
“Está claro que los chicos de clases media y alta, a partir de contar con recursos tecnológicos y conectividad, seguramente sufrieron un menor deterioro en sus trayectorias educativas. En cambio, en los sectores populares esos procesos han sido más precarios”, describió el funcionario nacional acerca de cómo la educación virtual pudo llevarse adelante.
“Durante el momento del aislamiento preventivo y obligatorio -el más estricto- el tema central estuvo enfocado en las violencias contra niños y niñas en sus medios familiares”.
En este sentido, Lerner contó que la inclusión educativa ya era un tema antes de la pandemia, pero hoy el retorno a clases presenciales plenas se convirtió en un verdadero desafío, que “requiere de un enorme esfuerzo del Estado, del sistema educativo, de las comunidades, de las familias, y de los docentes, porque se va a requerir una gran vocación de abrazo y contención porque será un proceso de readaptación para muchos chicos”.
Lerner también diferenció las distintas instancias de trabajo durante la pandemia que desarrolló el Estado: “Durante el momento del aislamiento preventivo y obligatorio -el más estricto- el tema central estuvo enfocado en las violencias contra niños y niñas en sus medios familiares, cuando no estaban yendo a las escuelas, cuando no estaban saliendo a las calles y no estaban yendo a los clubes, cuando no había audiencias judiciales, cuando se redujo la visita a los pediatras. Allí hicimos una expansión grande de la línea 102”, puntualizó.
La línea 102, brinda un servicio telefónico gratuito y confidencial de escucha, contención y orientación para niñas, niños y adolescentes (NNyA), a la vez que realiza intervenciones, de manera conjunta con otros organismos del Estado, ante situaciones de vulneración de los derechos.
Respecto a la pobreza infantil, el secretario de Niñez afirmó que la extensión de la Tarjeta Alimentar a niños y niñas de hasta 14 años, “supone la llegada del beneficio a 4 millones de personas, con una inversión de 250 mil millones de pesos al año”. Al respecto, explicó que la tarjeta se extiende a los niños y niñas de mamás con pensiones de más de siete hijos, por lo que esperan “que va a ser sumamente importante en las próximas mediciones de pobreza e indigencia”.
Con relación a cómo el sistema judicial viene trabajando con los menores, Lerner subrayó que “hay muchos temas que deberían ser mejorados”. “Uno de esos temas – explicó – es el de los adolescentes infractores a la ley penal. Son procedimientos larguísimos, se aplican penas extremadamente altas y carecemos de estadísticas respectos de que hacen los poderes judiciales. Además, dependemos de los procedimientos de cada jurisdicción. Así como existen lugares donde los procedimientos ofrecen más garantías, más derechos a la participación, al recurso, al patrocinio letrado, a la defensa, hay otros lugares en los que todo esto no ocurre”.
El caso de los infractores no es el único tema que le preocupa a la SENAF en la relación de los niños, niñas y adolescentes con el sistema judicial. Otro tema a resolver son las medidas alternativas que se toman cuando un niño pierde el medio familiar: “Hay una mala utilización por parte de algunos poderes judiciales de las llamadas familias de acogimientos o de tránsito, que se confunden con temas adoptivos y eso trae grandes problemas para los chicos y las chicas y un debate público particularmente complejo”, señaló Lerner.
“Los chicos de clases media y alta, a partir de contar con recursos tecnológicos y conectividad, seguramente sufrieron un menor deterioro en sus trayectorias educativas. En cambio, en los sectores populares esos procesos han sido más precarios”.
“Hay una enorme demora en los procesos judiciales para resolver las guardas con fines adoptivos y las sentencias de adopción. Son algunos de los temas donde los poderes judiciales están en deuda, donde hay problemas de normas procesales, pero también de prácticas judiciales”, agregó el abogado.
Por otro lado, Lerner agregó que otro de los temas centrales es el derecho a la participación de los niños y niñas en los procesos. “Hay en nuestras normas un derecho general de los NNyA a ser oídos como víctimas de delitos, como víctimas que están en situaciones de violencia familiar, chicos y chicas que van a ser separados del vínculo familiar por cuestiones de abuso o maltrato, o en los procesos adoptivos. Pero no es solamente la escucha, que es un tema central, sino el derecho a tener un patrocinio letrado. Cuando el niño o la niña tiene un planteo en sede judicial que no es recogido por sus progenitores debe tener derecho a tener su propio patrocinio letrado”, aseveró. Después de señalar que “hay experiencias muy interesantes” en diferentes provincias, destacó que en este sentido “hay deudas importantes para los pibes y las pibas”.
Consultado por la implementación de la Ley Brisa -que establece una reparación económica para los niños, niñas y adolescentes menores de 21 años cuya madre, padre o progenitora hayan muerto a causa de violencia de género o de violencia familiar- el secretario de Niñez expresó que trabajan desde la SENAF en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Anses.
“Cuando llegamos a la gestión en 2019 sólo lo cobraban 339 chicos y chicas de hasta 21 años, en la actualidad lo están cobrando 834, es decir que el incremento es notorio. De hecho, la inversión en el 2019 en este rubro fue de 70 millones de pesos y en el transcurso del año 2021 será de 350 millones de pesos. Esto no significa que haya más femicidios o más mamás o papás muertos en contextos de violencia familiar, sino que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tomó la decisión de no hacer ahorros fiscales y le imprimimos mucha más celeridad al procedimiento”, concluyó.
