El Enre aportó información a la justicia en la causa que investiga al ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui por un acuerdo con las empresas en 2019.
El Ente Regulador de Energía Eléctrica (Enre) aportó a la justicia federal documentación sobre “irregularidades en el cálculo de las multas y otros montos” en un acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó en mayo de 2019 con las empresas Edenor y Edesur.
De hecho, según el organismo de control, Cambiemos utilizó un método que se apartó de las fórmulas establecidas y que fue tan beneficioso para la parte privada que las distribuidoras eléctricas pasaron de tener deudas millonarias con el Estado a convertirse en sus acreedoras.
Esta información recabada por el Enre a pedido de su interventor, Federico Basualdo, fue remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que investiga una posible malversación de fondos públicos por parte del macrismo en favor de Edenor y Edesur. Se trata de un convenio que el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y quien dirigía la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, pactaron con estas concesionarias de energía en el marco del traspaso de jurisdicción del servicio a la Provincia y a la ciudad de Buenos Aires. La operación redundó en una clara condonación de deudas para las empresas, pero la justicia busca determinar si además incluyó maniobras indebidas.
En el material respaldatorio que el Ente Regulador aportó en la causa N° 5059/19 –iniciada por una denuncia del diputado nacional Rodolfo Tailhade–, figura “información concreta sobre la realización de una reunión secreta” en 2019 en la cual el Directorio del Enre, que en ese tiempo encabezaba Andrés Chambouleyron, “definió rechazar la instrucción” del exsecretario Lopetegui sobre la ejecución del acuerdo. El acta en cuestión refleja la negativa de los directores a avanzar con una medida que ya era objeto de una investigación penal.
Las concesionarias de energía pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras.
Todo inició el 28 de febrero de 2019, cuando el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne firmó con las autoridades bonaerenses y porteñas el “Acuerdo para la Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica”. En ese marco, el Estado nacional y las distribuidoras buscaron saldar una serie de disputas y obligaciones recíprocas, incluidas las multas millonarias que adeudaban las empresas por sanciones ante los cortes y las fallas constantes en el suministro. Por el lado de Edenor y Edesur, reclamaban un lucro cesante fruto del congelamiento tarifario. Así nació, el 10 de mayo de 2019, el “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones locales”, celebrado por Lopetegui y Garate con las compañías.
En su auditoría, la intervención del Enre sostuvo que, al determinar los montos en juego, “la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo ‘ad hoc’ (sin ninguna justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias”.
En el caso de lo que las eléctricas decían haber perdido por las tarifas que congeló el kirchnerismo (“activo regulatorio”), el Enre señaló que “el método ‘ad hoc’ utilizado para el cálculo invirtió el carácter de los resultados: las concesionarias pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras”. En cambio, detalló que “si se emplea el mecanismo de cálculo oficial previsto en las Actas vigentes desde 2006, resulta que Edenor le debería al Estado Nacional $ 10.898.123.312 y Edesur $ 15.501.463.952”. Ocurre que los subsidios recibidos por las compañías superaban por mucho los valores de lo que reclamaban en concepto de lucro cesante.
El método del macrismo subvaluó las deudas de las empresas en más de 16 mil millones de pesos.
En lo referido a las multas impagas por la parte privada (“pasivo regulatorio”), el Enre aseguró que el método innovador de Lopetegui y Garade redujo significativamente las cifras, hasta acumular una quita de hecho por $17.185.000.000: “Las deudas de las concesionarias con el Estado fueron subvaluadas en un total de $ 9.453.000.000 para el caso de Edesur y $ 7.731.000.000 para el caso de Edenor”.
De acuerdo a la denuncia presentada por Tailhade en 2019, “conforme a estimaciones generales, el total actualizado de sanciones pecuniarias ascendería a $35.000.000.000, lo que representaría devoluciones aproximadas de $7.000 por usuario”. Sin embargo, “el Gobierno Nacional, sin la intervención del ENRE, habría reconocido multas por $7.000.000.000”, lo que supondría reintegros de $1.200 por usuario.
La acción penal también señala que la cláusula 5.4 de los Acuerdos Marco establece que para que las multas no sean pagadas como una bonificación a los usuarios sino en forma de inversiones adicionales, las concesionarias debían superar los indicadores semestrales de calidad media. La justicia busca determinar si el Ejecutivo macrista habilitó está vía a pesar de que los estándares no se hubiesen cumplido, lo que volvería ilegítima la decisión.
En ese escenario, el Enre consideró que “la información aportada presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados”.
