El titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, Ricardo Nissen, explica el verdadero objetivo del gobierno de Macri al crear las Sociedades por Acciones Simplificadas y sostiene que son “el instrumento de los truchos” para lavar dinero y cometer otros delitos. El caso Sbarra.
“Fue una farsa total que las Sociedades por Acciones Simplificadas hayan sido creadas para beneficiar a los emprendedores. En realidad, vinieron a reemplazar a las sociedades offshore y han sido utilizadas para lavar dinero y cometer otros delitos. Por ejemplo, tenemos el caso de 43 SAS que fueron constituidas en Buenos Aires y que están vinculadas a la banda de Los Monos”, denunció el titular de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), Ricardo Nissen.
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En diálogo con Cynthia Ottaviano en Volver a las Fuentes (AM990), Nissen explicó cómo fue el proceso de creación de este nuevo tipo de sociedades, a las calificó como “el instrumento de los truchos para cometer delitos”. “Hay un caso de un funcionario del gobierno anterior que se enriqueció notoriamente a través de la actuación de estas sociedades”, señaló en referencia a Rodrigo Sbarra, exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción.
– En su momento, cuando se habló de creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas se dijo que era para beneficiar a los emprendedores.
– Pero eso fue mentira, una farsa total. Esta ley 27349, de apoyo al capital emprendedor, se remonta a abril de 2017. Justo fue discutida en el Congreso y sancionada cuando las sociedades offshore ya habían tenido la embestida de los Panamá y Paradise Papers. Como las sociedades constituidas en guaridas fiscales estaban un poco quemados por la opinión pública – especialmente después de esa investigación periodística donde saltó todas las actividades del estudio Mossack-Fonseca de Panamá – curiosamente aparece este nuevo vínculo societario en la legislación argentina, en el marco de supuestas leyes de apoyo al capital emprendedor.
“Estas nuevas sociedades SAS vinieron, de alguna manera, a reemplazar a las offshore”.
Este nuevo tipo social, que debió llamarse sociedad de emprendedores, con características propias para alentar la actividad del emprendedurismo, recibió el nombre de Sociedades por Acciones Simplificadas, que es una figura que existe en algunos países avanzados, pero no como una ley especial para los emprendedores. Y eso fue tan grave que cualquier persona que no era emprendedor podía recurrir a esa forma de sociedad, con un capital de dos salarios mínimos, con un objeto amplísimo y sin obligación de presentar balances en la Inspección de Justicia. O sea, las sociedades offshore pudieron ser reemplazadas por una sociedad que al igual que ellas se constituyen sin capital, para cualquier actividad, que pueden circular por cualquier parte del planeta y no tienen obligación de acompañar los estados contables a ningún registro público. Era evidente que estas nuevas sociedades SAS vinieron de alguna manera a reemplazar a las offshore.
– ¿Detrás de esas empresas había emprendedores?
– No, casi no había emprendedores. Era una ley que no se adaptaba a las características de los emprendedores. Esto era una sociedad que tenía una legislación mínima, que permitía hacer cualquier cosa. Los emprendedores fueron los convidados de piedra, así como los jubilados fueron los convidados de piedra a la ley de blanqueo. Analizando las 11.500 sociedades que se constituyeron en dos años, observamos que la mayoría fueron para evadir impuestos y para realizar actividades propias que no son de una sociedad. Por ejemplo, una sociedad que se constituye en 24 horas con un capital de 30 mil pesos aparece comprando importantes inmuebles en Barrio Norte, Belgrano o Punta del Este con fondos de 500 mil dólares. Y nadie sabe de dónde salió la plata. Ahí tenemos un caso claro de lavado de dinero.
“La mayoría de las SAS fueron para evadir impuestos y lavar dinero”.
– ¿Cuál fue el procedimiento posterior a estos descubrimientos?
– Sacamos una resolución general de la Inspección de Justicia, sometiendo a estas sociedades a un control estatal permanente, además de notificar de estas circunstancias a la justicia penal. Tenemos 14 casos de sociedades constituidas con un probable domicilio falso y que con pequeños capitales, terminan comprando grandes propiedades u otorgando préstamos hipotecarios. También tenemos 43 SAS constituidas en Buenos Aires que están siendo investigadas por un juez de Santa Fe, porque todos los constituyentes tienen domicilio en Rosario y estaban vinculados al tráfico de estupefacientes como integrantes, cómplices o partícipes de la banda de Los Monos.
– Es gravísimo lo que está diciendo.
– Nosotros no tenemos nada contra el emprendedurismo, todo lo contrario. La Inspección General de Justicia quiere protegerlos, queremos que tengan la posibilidad de desarrollarse y formar parte de la economía nacional. Pero no a través de estas sociedades, que fueron creadas para otra cosa.
“La mitad del gabinete de Macri tenía sociedades offshore. Con eso fugaban la plata”.
– No se puede entender cómo permitieron que una sociedad no presentara balances ante la IGJ.
– Bueno, se permitió porque era una ley típica del gobierno anterior. Cuando se vienen abajo las sociedades off shore con los Panamá Papers, la mitad del gabinete de Macri tenía sociedades offshore. Con eso fugaban la plata.
– Por todo lo dicho, ¿usted cree que las SAS fueron creadas con el objetivo de lavar dinero?
– Absolutamente. Pero no sólo para lavar dinero, para cualquier tipo de ilícito que implique un abuso de derecho, como defraudar a la ley. Lo que sería muy difícil es encontrar alguna que funcione. Aparecen algunas de monotributistas, de algún profesional, de algún contador que puso su estudio a nombre de una SAS, pero eso tampoco está permitido por la ley de sociedades. Hacen de todo, hasta se violan los derechos conyugales en los divorcios.
“Es el instrumento de los truchos para cometer delitos”.
– ¿Cómo es esto de la violación de los derechos conyugales?
– Se compra un inmueble a nombre de una SAS, que a lo mejor la mujer no sabe nada porque es el domicilio conyugal y a lo mejor lo compró el marido sabiendo que es un bien ganancial. Pero cuando se disuelve la sociedad por divorcio, se entera que esa propiedad no estaba a nombre de los dos, sino a nombre de una SAS.
– ¿Cómo califica a un gobierno sobre el que hay un informe del Banco Central que da cuenta de la fuga de capitales asociada con la toma de créditos, y ahora se suma lo que usted dice que se crearon estas SAS para cometer todo tipo de delito?
– Y bueno, hay un caso de un funcionario del gobierno anterior que se enriqueció notoriamente a través de la actuación de SAS, que aparentemente canalizaba actividades ilícitas. Que era subsecretario de producción o algo por el estilo. Un señor llamado Sbarra (Rodrigo Sbarra, secretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante el gobierno de Macri), está en todos los diarios eso. Que no le llame la atención. Eso era algo propio del gobierno anterior.
“Con estas nuevas sociedades hasta se violan los derechos conyugales en los divorcios”.
– Además de los casos de espionaje ilegal, se usó la estructura del Estado para cometer todo tipo de delito.
– Por supuesto. Antes lo hacían con las off shore, pero dependían de la justicia.
– ¿Desde que el nuevo gobierno se hizo cargo, cuántas SAS se inscribieron?
– Desde que sacamos las primeras resoluciones contra las SAS en marzo, se deben haber inscripto no más de treinta. En Buenos Aires ya están eliminadas, aunque no se olvide que la Inspección de Justicia no tiene alcance federal. Es el instrumento de los truchos para cometer delitos.
“Los emprendedores fueron los convidados de piedra en la ley que creó las SAS”.
– ¿Cómo se frena todo esto?
– El Senado de la Nación aprobó un proyecto, que tiene que pasar por Diputados, que relaciona el capital con el objeto y se establece la posibilidad que la Inspección de Justicia controle la constitución de las SAS, algo que hoy no puede hacer porque estas sociedades se constituyen desde el domicilio de los interesados a través de un sistema digital al que la IGJ no tiene acceso. Con esto se modificaría todo, porque se crearía un registro de emprendedores y entonces a las SAS sólo podrían acceder los emprendedores inscriptos en una dependencia estatal.
– Para terminar, usted nos dijo que hay 43 SAS investigadas en Santa Fe. ¿La IGJ ha impulsado alguna demanda como esta o alguna otra y en qué estado están esas investigaciones?
– Demandas no, pero sí sacamos resoluciones generales. En el caso de este funcionario Sbarra se mandó un oficio a la justicia penal, también informamos a la AFIP sobre estas compras irregulares de propiedades de las que hablamos antes. Y no descartamos iniciar acciones penales en ninguno de estos casos, por supuesto.
