Las empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores continúan paralizadas en un 65% a raíz de las medidas de aislamiento social puestas en marcha el 20 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus, indicaron referentes del sector.
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Eduardo Montes, dijo que los emprendimientos relacionados con el “rubro gastronómico están sin poder trabajar en forma normal desde el 20 de marzo; aún con delivery están trabajando al 10% real, lo que nos obliga a reconvertir la actividad, por eso muchos empezaron con entregas de panadería, de postres, de pastelería, en fin, a buscar por ese lado”.
“Planteamos un programa ATP cooperativo que extienda el beneficio hasta diciembre porque estamos en una situación muy complicada”, afirmó Eduardo Montes (Fetraes).
“El sector gráfico está totalmente parado, no hay movimiento, no hay clientes; por ejemplo, las grandes tiradas de supermercados han caído muchísimo, los clientes no van y utilizan internet, hacen compras online y muchos ciudadanos y ciudadanas utilizan el comercio de cercanía, eso ha afectado directamente” a este segmento, agregó Montes.
El dirigente social también advirtió que en las licitaciones del Estado no pudieron ingresar las cooperativas para imprimir materiales del área de Educación, entre otras cuestiones.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), Cristian Horton, afirmó que “hoy estamos en un 65%” de parálisis en la actividad.
Horton dijo que si bien por sectores “la situación puede ser considerada diversa, en términos generales es muy compleja, con una profundización de lo que ya veníamos sufriendo, que era un parate importante del consumo, que heredamos de los nefastos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri”.
“Las cooperativas de trabajo estamos en el universo del segmento de las pymes, que generan empleo y que viven del mercado interno, y estamos en ese marco de dificultades”, agregó.
Horton describió que las fábricas recuperadas “están fuertemente complicadas, en especial las que son proveedoras de las industrias metalúrgicas y automotriz”.
“En términos generales la situación es muy compleja, con una profundización de lo que ya veníamos sufriendo”, planteó Cristian Horton (Fecootra).
En este marco diferenció a aquellos segmentos que tienen facilidades y cuentan con mejores posibilidades, “como algunas empresas de servicios que tienen que ver con la gestión de residuos o del cuidado de las personas, que tienen algunas dificultades menores pero están trabajando”.
Montes y Horton coincidieron en destacar algunas líneas de acción implementadas por el Ministerio de Trabajo, entre ellas la denominada “Línea 1”, que estipula un ingreso de $16.500 para cooperativistas de empresas y fábricas recuperadas.
Montes dijo que actualmente están analizando con la cartera laboral la posibilidad de poder ampliar esa línea.
“Planteamos un programa ATP cooperativo que extienda el beneficio hasta diciembre porque estamos en una situación muy complicada”, precisó el dirigente social.
En relación a los créditos del Banco Nación a tasas del 18%, Horton aseguró: “Todavía no ha causado el efecto deseado, que era que haya una salida importante y una asignación importante de crédito; creo que las cooperativas todavía no ven un horizonte productivo que les permita avanzar en solicitar un crédito”.
Por su parte, la síndica de la cooperativa de trabajo del Hotel Pipinas Viva, Claudia Díaz, dijo que “hay pocas políticas públicas para las cooperativas autogestionadas”.
“La luz que tenemos en el hotel es de una cooperativa eléctrica que nos bancó durante todo el macrismo, pero la deuda está llegando a $800.000 y no tenemos tarifa diferencial”, advirtió Díaz al hacer referencia al emprendimiento que gestionan en la costa atlántica bonaerense.
Para Claudia Díaz, síndica de la cooperativa del Hotel Pipinas Viva, es necesario impulsar más políticas públicas en apoyo a las empresas autogestionadas.
En este marco, la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, anunció hace un mes que las entidades de bien público podrán acceder a tarifas diferenciales en los servicios de electricidad y gas, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en el país.
El Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc) recibe las solicitudes, confecciona el registro y envía el pedido de tarifa diferencial a la Secretaría de Energía, que evalúa la solicitud y en caso afirmativo notifica a las empresas para que les realicen el descuento en el servicio público indicado.
