La Comisión Bicameral de Fiscalización de las Actividades de Inteligencia entregó ayer a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el primer informe que advierte que la dirección creada por la Corte Suprema para controlar las escuchas telefónicas se convirtió “en una herramienta para la persecución penal”.
En un acto realizado en el Senado, el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, detalló lo que se consideran irregularidades de la DAJuDeCO, una dirección creada por la Corte cuando el gobierno de Mauricio Macri le transfirió a fines de diciembre de 2015 la oficina de escuchas que funcionaba en la Procuración.
“Se estructuró una oficina para la militancia persecutoria en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado” (Moreau).
Asistieron al acto, donde entregaron el primer informe semestral sobre el funcionamiento de la Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate y el diputado Rodolfo Tailhade, todos del oficialismo.
La investigación contenida en el informe semestral señala que el organismo creado para supervisar las escuchas telefónicas, luego de que fueran traspasadas a la Corte, “se transformó en una herramienta para la persecución penal”.
En un extenso trabajo, Moreau explicó que desde que se creó esa dirección se produjeron “irregularidades que son severas, porque no solo afectan a la intimidad de las personas, sino a los derechos y garantías individuales, y donde se han sustituido facultades del Congreso”.
“Se estructuró una oficina para la militancia persecutoria en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado; preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, expresó el legislador.
Moreau señaló que “no se trata de un trabajo literario, se trata de un trabajo científico, un informe técnico que contó con el aval de la totalidad de los miembros de la comisión; muy pocos legisladores de la oposición hicieron observaciones, pero solo al dictamen”.
“Hubo filtraciones periodísticas, escuchas telefónicas que sirvieron para que un fiscal, hoy procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.
Señaló que se analizó “gran cantidad de documentos, normativas, decisiones administrativas, además de numerosas entrevistas personales. También se concretaron entrevistas al mencionado organismo y a juzgados federales de todo el país. El principal objetivo de las mismas fue conocer las causas en las que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) intervino con escuchas telefónicas”.
“Para la elección sobre quienes iban a conducir esa nueva oficina de escuchas el DNU establecía un sorteo entre jueces penales para designar a sus autoridades. Nuestros técnicos requirieron información sobre ese sorteo pero el acta no apareció, no existe”., agregó.
En ese sentido se establece que la DAJuDeCo “se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.
Moreau señaló que el organismo ha “sustituido y reemplazado las facultades del Congreso de la Nación, ya que la creación de esta verdadera policía judicial entra en el terreno de la organización de la Justicia Federal Penal, tarea que le corresponde al Parlamento”.
Entre lo que denomina “vicios de origen” del nuevo organismo, la Bicameral afirma que “sus Directores Generales, a la sazón, camaristas federales, como son los casos del Dr. Martín Irurzun o el Dr. Javier Leal de Ibarra, actuaron en causas en las que participó de manera directa el organismo que ellos dirigían”.
El informe denuncia serias irregularidades vinculadas con los jueces Claudio Bonadío y Martín Irurzún.
En el informe se subraya que el nuevo organismo “se convirtió en un instrumento, que con la participación de servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de personalidades con representación política e institucional de la Argentina”.
En el informe se señala además que “hubo filtraciones periodísticas, escuchas telefónicas que tuvieron amplia repercusión pública, y también sirvieron para que un fiscal, que actualmente se encuentra procesado por instar actividades de espionaje ilegal, iniciara causas sobre supuestos delitos que resultaron ser falsos”.
En ese sentido se señala que “se entregó de manera indebida regrabaciones de escuchas al Dr. Claudio Bonadio para que las incluya en una causa que nada tenía que ver con el origen de las mismas”.
El trabajo sostiene que “hubo una serie de irregularidades en su nombramiento y ni el organismo ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo”.
En el listado de presuntas irregularidades le suma que “a pocas horas de vencer su mandato, se prorrogó la designación de Irurzun”.
Otro de los puntos del informe señala que “existieron graves irregularidades en la formación de las comisiones evaluadoras que debían nombrar a los peritos del Poder Judicial especializados en Casos de Corrupción y en Delitos contra la Administración Pública”.
En este punto se subraya que “algunos de esas designaciones fueron a la sola firma del entonces Presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti”.
