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La última frutilla

Por Artemio López
10 agosto, 2025
La última frutilla

Tras la debacle en el Senado del 10 de julio de 2025, donde la oposición logró aprobar proyectos clave como el aumento de jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, el gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo revés político que pone en evidencia su fragilidad parlamentaria.

Estos proyectos, que según el oficialismo amenazan el ajuste fiscal, fueron impulsados por una coalición opositora que incluyó a sectores de Unión por la Patria, radicales, y hasta aliados circunstanciales como el PRO, mostrando una creciente resistencia a las políticas de La Libertad Avanza.

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La sesión, que el oficialismo calificó de irregular por supuestas violaciones al reglamento, terminó con la Casa Rosada culpando a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber controlado el recinto, lo que revela tensiones internas en el gobierno.

A esto se suma la crítica situación económica, marcada por una caída de US$ 3.000 millones en las reservas brutas del Banco Central esta semana, tras el pago de vencimientos de deuda privada.

Según reportes, las reservas se encuentran en niveles críticos, representando la mitad de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que agrava la vulnerabilidad financiera del país.

Este drenaje de divisas, sumado al pago de US$ 4.300 millones en deuda externa el 9 de julio, pone en jaque la capacidad del gobierno para estabilizar la economía y cumplir con sus compromisos internacionales. La falta de dólares y la ausencia de inversiones significativas, como señaló Cristina Fernández de Kirchner en un reciente audio, refuerzan la percepción de que el “modelo económico” de Milei es insostenible.

En este contexto, el comentario plantea una hipótesis: ¿qué habría pasado si Cristina Fernández de Kirchner, líder de Unión por la Patria, hubiera participado en las elecciones bonaerenses?

Su proscripción es evidente una maniobra política para sacarla de la contienda electoral, y es vista por propios y (muchos) extraños como un intento desesperado del gobierno por neutralizar a la principal figura opositora.

Desde su prisión domiciliaria, CFK ha advertido que su exclusión responde a la intención de evitar una derrota electoral que habría expuesto aún más las debilidades del oficialismo.

Esta situación, sumada a las acusaciones de violaciones a derechos y garantías constitucionales, como la limitación de libertades políticas, y la represión simultánea a referentes sociales, jubilados y empleados estatales, alimenta la percepción de un “dique neofascista” que está camino al colapso.

La respuesta parlamentaria opositora, como se vio en la última sesión del Senado, promete ser cada vez más adversa para los proyectos oficialistas.

Los gobernadores, incluso aquellos que alguna vez fueron aliados de Milei, como los de Juntos por el Cambio, han mostrado su descontento al impulsar iniciativas que buscan recuperar recursos para las provincias, como la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios en el impuesto a los combustibles.

Estas medidas, que el gobierno considera una amenaza al superávit fiscal, consolidan una unidad opositora que podría complicar aún más la gobernabilidad de Milei.

La sentencia en el juicio por YPF, que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones expropiadas al fondo Burford Capital, agrega presión sobre las finanzas públicas en un momento de extrema fragilidad. Además, la percepción de un modelo económico que favorece la especulación financiera y no genera inversión productiva, como denunció CFK, resuena en sectores incluso del “mercado”, que ya ven en las políticas de Milei un riesgo para la estabilidad social y económica.

En conclusión, se está desplegando un sentimiento compartido por sectores opositores: el gobierno de Milei enfrenta una tormenta perfecta de crisis económica, derrotas parlamentarias y cuestionamientos a su legitimidad democrática.

La proscripción de CFK, las violaciones a derechos constitucionales y la profundización de la crisis de reservas son vistas ya por todos como síntomas de un proyecto político que se torna inconsistente día a día.

Falta el golpe de gracia electoral. Al respecto las elecciones bonaerenses serán claves. Existe aún sobre un segmento extendido de la ciudadanía la percepción de sustentabilidad electoral del actual gobierno.

Las elecciones bonaerenses, por su centralidad cuali-cuantitativa puede poner en suspenso esa percepción.

El gobierno tomó nota de esta circunstancia, aceleró la alianza de ultraderecha entre el PRO y LLA, -como sucede en cada elección desde hace una década – dio vía libre a “Somos Buenos Aires” la imaginaria “tercera vía” destinada a debilitar por colectora las chances de Fuerza Patria.

Previamente, insistimos, proscribió encarcelando a Cristina Fernández de Kirchner, la principal opositora y en especial la única dirigente capaz de “volver a representar” al menos en parte de casi la mitad de la ciudadanía habilitada para votar que hoy ya no participa de las elecciones en particular los sectores vulnerables.

La moneda está en el aire, si este frente electoral se debilita para el gobierno, la crisis se acelerará de manera decisiva.

Finalmente, como dice el refrán, “torres más altas han caído”, y por su comportamiento parlamentario la oposición incluso varios referentes de los hasta ayer “doble camiseta”, parece decidida a aprovechar cada oportunidad para consolidar su rol opositor y evitar que la evidente erosión del gobierno nacional, los arrastre con él. Si el fracaso electoral se acelera, el despegue será terminal.

Nada nuevo por otra parte, las derrotas electorales suelen ser “la última frutilla del postre” y de suceder la derrota oficialista en territorio bonaerense, el gobierno quedará solo en medio de una crisis socioeconómica que avanza inexorable.

*Director Consultora Equis

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Tags: Cristina FernándezeleccionesJavier MileijubilacionesproscripciónSenado de la NaciónVictoria Villarruel
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