La soberanía ambiental no es una definición abstracta ni una preocupación reservada a especialistas. Se expresa en decisiones concretas que atraviesan nuestra vida cotidiana: qué hacemos con la tierra, cómo protegemos el agua, qué lugar damos a los ecosistemas y qué ciudades queremos construir.
Porque un territorio no es solamente una superficie. Es el espacio donde una comunidad produce, habita, construye su identidad y proyecta su futuro. La pregunta central es: ¿El territorio es solamente un lugar donde ocurren negocios o es también el espacio donde una sociedad construye su destino?
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La postergada discusión en el Senado, hasta el 6 de agosto, de la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, es un proyecto que trae en su vientre un cumulo de reformas entre las que destaca la de la Ley 26.737, Régimen de Protección al dominio Nacional sobre la Propiedad, posesión o Tenencia de las tierras rurales. Ente estas dos leyes hay grandes diferencias, que hacen al futuro de pampas, sierras, lagos, montañas, humedales, ríos, lagunas, montañas, cuchillas, salinas y a todo lugar donde se posan nuestros paisajes.
Una sociedad democrática reconoce el derecho a la propiedad privada y la importancia de la inversión. Pero también comprende que existen bienes cuya escala supera el interés individual. La tierra no es solamente una mercancía: es producción de alimentos, disponibilidad de agua, equilibrio ambiental, identidad territorial y capacidad de decidir sobre el futuro.
Por eso establecer reglas sobre la concentración o extranjerización de tierras no significa rechazar la inversión ni cerrarse al mundo.
Significa reconocer que existen decisiones estratégicas que requieren una mirada de largo plazo. La pregunta no es únicamente quién compra una tierra. La pregunta es: ¿qué proyecto acompaña esa propiedad?
¿Genera conocimiento? ¿Agrega valor? ¿Fortalece las capacidades productivas? ¿Respeta el territorio?
¿O convierte un bien estratégico en un activo financiero más?
El debate actual sobre las modificaciones propuestas a la Ley de Tierras expresa justamente ese dilema.
Toda sociedad necesita reglas que permitan conocer qué sucede con su territorio, establecer límites razonables y garantizar que los intereses particulares no terminen afectando los intereses colectivos.
Cuando una comunidad pierde información, planificación y capacidad de decisión sobre su tierra, no solamente modifica una norma. Modifica una idea. Aquella en la cual algunos bienes pertenecen a todos.
Una Nación no pierde soberanía porque recibe inversiones. La pierde cuando deja de tener capacidad para decidir sobre aquello que esas inversiones pueden transformar.
La historia de la Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las grandes enseñanzas ambientales argentinas. Durante décadas fue símbolo del abandono.
Un territorio donde la contaminación parecía inevitable, como si fuera una consecuencia natural del crecimiento urbano e industrial. Pero los ríos no se contaminan solos. La contaminación es siempre el resultado de decisiones humanas: falta de planificación, controles insuficientes, ausencia de inversión o pérdida de responsabilidad pública.
Ese río sufrió los desechos industriales y a muchos que hoy se venden como emprendedores exitosos y multimillonarios como Galperin, hoy radicado en Uruguay. Él y su familia contaminaron, indiscriminadamente, con su curtiembre Sadesa. Contaminar significa abaratar costos, evadir impuestos y dejar un pasivo ambiental a toda la sociedad. ¡Qué fácil es ser así un “exitoso empresario”!. Los desastres ambientales promovidos por la SHELL, en Dock Sud, que habilitó esa zona al abandono. Junto a otras empresas químicas debieron ser erradicadas por la “mano visible” del Estado para que las cosas mejoraran; o el Mercado de Liniers y sus poderosos consignatarios que tardaron casi veinte años en mudarse de la Ciudad de Buenos Aires, como lo indicaba la nueva constitución de la ciudad.
Javier Milei generó una fuerte polémica en 2023 por una explicación sobre la contaminación de los ríos basada en su visión económica de los derechos de propiedad, que hoy se expresan en la Ley de tierras que quiere aprobar, fue así que durante una exposición afirmó:
“Una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera.”
Luego desarrolló su argumento diciendo que eso ocurre porque, según su visión, el agua no tiene un derecho de propiedad claramente definido y, al tener un precio de mercado de cero, no existen incentivos económicos para cuidarla. Agregó que, si el agua se volviera escasa, alguien reclamaría derechos de propiedad sobre el río, el agua adquiriría valor y “se terminaría la contaminación”. El presidente no asume el fracaso de más de cien años en esa cuenca, donde aún se espera la reparación de la mano invisible del mercado, y de los Galperin del mundo.
Estamos ante un gobierno que no cree en el cambio climático, ni que los bienes naturales son soberanos. Este gobierno asumido en 2023 es supremacista porque cree que el grupo al que le responde detenta la superioridad y merece más derechos, poder o dominio.
Los daños ambientales no son destinos inevitables. Con conocimiento científico, políticas públicas y continuidad institucional es posible comenzar procesos de reparación.
Pero también dejó otra enseñanza: cuando el Estado abandona su capacidad de planificación, los problemas no desaparecen. Se trasladan. La contaminación se convierte en enfermedad. La degradación ambiental se transforma en desigualdad.
La falta de infraestructura afecta principalmente a quienes tienen menos herramientas para defenderse. Por eso el ambiente también es una cuestión de justicia social.
Cuidar un río es cuidar la vida de quienes viven junto a él.
Hay bienes naturales cuyo verdadero valor aparece cuando comprendemos una verdad sencilla; no todo puede recuperarse.
Los glaciares no son un obstáculo para el desarrollo. Son reservas estratégicas de agua dulce.
La implementación de la nueva Ley de Glaciares, y todas las de carácter ambiental, siempre están en tensión y disputa con los sectores que solo quieren explotar recursos naturales en detrimento de la vida de la gente en sus territorios y del desarrollo nacional.
Para implementar el RIGI, se adecuó el marco normativo con el propósito de facilitar el acceso a recursos estratégicos, localizados en gran medida en los ambientes protegidos por la anterior Ley de Glaciares. Oro, litio, cobre y tierras raras —insumos esenciales para la transición energética— encabezan la demanda mundial, en el marco de una disputa de carácter marcadamente geopolítico.
El objetivo fue reducir los pisos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional, una manera de ampliar la explotación minera. Un sector que con la ley anterior había aumentado sus ganancias. Pero esto no alcanza, por eso el super RIGI y la nueva Ley de Tierras.
Igual que la Ley de fuego, que se deroga para permitir cambios de uso y negocios inmobiliarios, incendiar tierras y bosques, muchas veces fue el impulso de la depredación para avanzar fronteras en favor de la soja u otros emprendimientos. Las consecuencias son incendios descomunales y luego sobre esa tierra arrasada inundaciones incontrolables por haber perdido más vegetal absorbente.
Los bosques nativos no son tierras vacías. Son sistemas vivos que regulan el clima, protegen los suelos y sostienen una enorme diversidad.
Las normas que buscan protegerlos no nacen de una oposición al progreso, sino de una experiencia histórica: cuando no existen reglas y planificación, los costos terminan siendo asumidos por toda la sociedad.
Entonces hay un primer desafío para nuestra clase política, y sobre todo para la gobernante, de poner en discusión estos temas ampliamente, informando a la población de sus consecuencias. No obrando de una manera vil y soberbia, estableciendo una verdad absoluta, que puede ser irreparable.
También hay un desafío para la población de sentirse convocada con la fuerza de un mundial y la de las Malvinas, que parecen ser causas que nos unen, y donde se despierta un gran sentir soberano y territorial. Cada Mundial despierta algo que parecía dormido. De golpe, la bandera vuelve a estar en los balcones, el himno emociona sin pudor y Malvinas deja de ser apenas una fecha en el calendario para convertirse otra vez en un símbolo compartido. Por unos días recordamos que existe un “nosotros” capaz de abrazarse sin preguntar de dónde viene el otro.
¿Es solo fútbol? Tal vez no. Quizás el fútbol sea apenas el lenguaje que todavía consigue expresar un sentimiento nacional que, a la política, a la cultura y a las instituciones les cuesta convocar. Si ese espíritu existe, ¿por qué dejarlo encerrado en noventa minutos? ¿Por qué no aprovechar esa energía para discutir qué país queremos, qué soberanía estamos dispuestos a defender y qué futuro queremos construir?
Tal vez esta exaltación les parezca frívola. La creo genuina, como la sábana del hotel que instaló el tema Malvinas en el mundo y obligó a un cuarto intermedio en el Senado. El acto político más importante de estos tiempos.
El desafío no es elegir entre producir o conservar. Es el de producir entendiendo que aquello que se destruye puede afectar las posibilidades de las generaciones futuras, en definitiva, nuestra más plena soberanía ambiental.
Pero no está todo dicho, hay situaciones a observar sobre las que volveremos porque merecen otras reflexiones…
