Usura

¿A dónde está la libertad?, no dejo de preguntar  
Pappo

Deber una cuota no es lo mismo que vivir endeudado. Pedir un crédito tampoco es necesariamente una tragedia. Las sociedades modernas se construyeron también sobre la posibilidad de anticipar recursos: una familia se endeuda para comprar una vivienda; una empresa, para ampliar su producción; y un Estado, para realizar una obra que necesitarán varias generaciones. La deuda, en sí misma, no es el problema.

El problema aparece cuando deja de ser un puente entre el presente y el futuro y se convierte en una forma de apropiarse del futuro. Cuando ya no permite realizar algo que de otro modo sería imposible, sino que se vuelve indispensable para pagar la comida, los servicios, el alquiler, los medicamentos o la tarjeta con la que el mes anterior se habían comprado esos mismos alimentos. Ahí empieza el calvario, denominado “usura”.

No solamente en el sentido jurídico o religioso que la palabra tuvo durante siglos, sino en uno más amplio: un sistema en el cual la necesidad del deudor se convierte en una oportunidad permanente para el acreedor. El crédito deja de resolver una carencia y comienza a administrarla. El deudor paga, refinancia, vuelve a pagar y vuelve a endeudarse, mientras la obligación original parece no terminar nunca. La Argentina conoce demasiado bien ese mecanismo.

Cristina Fernández de Kirchner ha recordado en distintas intervenciones las grandes crisis de endeudamiento que atravesaron nuestra historia reciente: la deuda originada durante la última dictadura y profundizada hasta desembocar en la crisis de comienzos de este siglo; el nuevo ciclo abierto durante el gobierno de Mauricio Macri, con el regreso al FMI; y el actual proceso de endeudamiento y refinanciación bajo Javier Milei. Más allá de las diferencias históricas entre esos períodos, la discusión de fondo permanece: cuándo una deuda financia el desarrollo de un país y cuándo comienza a condicionarlo.

No es una discusión sobre pagar o no pagar. La propia Cristina lo planteó ante las Naciones Unidas en 2015 al defender reglas internacionales para las reestructuraciones soberanas: las deudas deben honrarse, sostuvo, pero no al precio del hambre y la miseria de los pueblos (cfkargentina.com). Ahí aparece una frontera que hemos dejado de discutir.

Porque algo semejante a lo ocurrido con los Estados comienza a reproducirse, en otra escala, dentro de los hogares. La deuda externa se ha convertido en deuda cotidiana.

Millones de personas ya no se endeudan para comprar una casa, cambiar el automóvil o realizar una inversión. Se endeudan para llegar a fin de mes o comprar alimentos (bienes de consumo). Una aplicación presta para pagar otra aplicación. Se refinancia el resumen. Se posterga una cuota. Se pide dinero para pagar servicios. El salario llega y una parte ya pertenece a alguien antes de haber sido cobrado.

En la Argentina actual esa situación adquiere dimensiones alarmantes. Informes recientes describen un fuerte crecimiento del endeudamiento personal y de la morosidad: más de 5,8 millones de prestatarios presentan atrasos en sus pagos, mientras las altas tasas reales profundizan las dificultades de quienes recurren al crédito para sostener sus consumos cotidianos. (Financial Times).

Según datos obtenidos, utilizando como base al BCRA, al examinar la trayectoria temporal previa, se observa que la carga financiera de los hogares transitó por fases moderadas durante más de una década. Entre abril de 2012 y abril de 2017, la relación CDF / MS fluctuó de manera estable en un rango de entre el 14.2% y el 16.5%.

Tras un pico de tensión financiera registrado en abril de 2018 (donde los servicios de la deuda representaron el 18.7% de la MS y un 4.6% del PIB), la economía doméstica inició un ciclo sostenido de desendeudamiento familiar.

Esta tendencia a la baja se profundizó drásticamente en los años siguientes, alcanzando su mínimo histórico en abril de 2024, momento en que el peso de la deuda cayó apenas al 9.2% de la MS (8.8% de la MSA) y a un 2.1% del PIB.

Sin embargo, la dinámica financiera se altera fuertemente y sin precedentes bajo la administración de Javier Milei. Tomando como punto de partida el piso de abril de 2024 (pocos meses después del inicio de su gestión), el encarecimiento de las obligaciones financieras describe una curva vertical de una velocidad inédita en la serie histórica.

Entre abril de 2024 y abril de 2026, la relación CDF / MS experimenta una violenta escalada, más que duplicando su peso al saltar del 9.2% al 21.2%.

Este drástico incremento refleja una velocidad de asfixia financiera sin igual sobre los presupuestos familiares, obligando a destinar una porción récord de los ingresos laborales a cubrir servicios de deuda en el nuevo contexto de desregulación y contracción económica.

Esta alarmante tendencia de ahogo se corrobora de igual manera al incorporar las variables que amortiguan o amplían la escala del análisis. La relación CDF / MSA, que mitiga el peso de las deudas agregando las transferencias por políticas de ingresos, muestra un comportamiento casi idéntico, escalando del 8.8% en abril de 2024 al 20.1% en abril de 2026.

Paralelamente, la carga de los servicios de la deuda medida en relación al PIB se eleva con la misma virulencia desde su mínimo del 2.1% hasta el máximo histórico del 4.8% registrado al cierre de la serie.

La confluencia de estas tres variables en niveles máximos históricos confirma que, para el segundo año del mandato de Milei, el costo de sostener los pasivos financieros ha alcanzado el punto de mayor exigencia para la economía de las familias en los últimos catorce años.

Pero sería tranquilizador pensar que éste es solamente un problema argentino. No lo es.

El endeudamiento de los hogares forma parte de una transformación más extensa del capitalismo de usura. Cuando los ingresos no alcanzan para sostener determinadas condiciones de vida, el crédito ocupa el lugar que antes ocupaba el salario. La diferencia se financia, esa diferencia tiene intereses.

Allí aparece uno de los negocios más extraordinarios de nuestra época: convertir la insuficiencia del ingreso en un mercado financiero.

Quien no llega a fin de mes deja de ser solamente un trabajador con ingresos insuficientes. Se convierte también en cliente. Su necesidad adquiere valor económico. Cuanto más difícil resulta llegar, mayor es la dependencia del crédito; y cuanto mayor es esa dependencia, menor es la libertad para rechazar sus condiciones.

La deuda comienza entonces a disciplinar, una persona endeudada piensa dos veces antes de perder un empleo. Acepta condiciones que quizá rechazaría si tuviera algún margen. Posterga decisiones. Reduce consumos. Multiplica horas de trabajo. Vive pendiente del próximo vencimiento.

Mientras crece la fragilidad económica de millones de personas, también se expanden las tecnologías destinadas a observar, identificar y controlar a la población.

El 19 de agosto, Amnistía Internacional publicó Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina. El informe documenta que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se impulsaron reformas destinadas a ampliar las capacidades estatales de vigilancia e inteligencia, principalmente mediante decretos y resoluciones y sin debate parlamentario. Entre 2024 y 2025, además, el Estado adquirió por al menos 1,2 millones de dólares herramientas de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial, drones y otras tecnologías de vigilancia. Amnistía advierte sobre sus consecuencias para la privacidad, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. (Amnesty International)

La paradoja merece ser observada, en un Estado que proclama su voluntad de retirarse, desregular y dejar actuar al mercado, y que no necesariamente se vuelve más pequeño en todas sus dimensiones. Disminuye su capacidad de proteger y aumentar su capacidad de vigilar.

Es preciso observar cómo dos fenómenos contemporáneos que pueden producir efectos disciplinadores, son convergentes.

Uno disciplina económicamente. El otro puede hacerlo social y políticamente.

Y entre ambos aparece un pueblo cada vez más librado a su suerte para resolver las condiciones materiales de su existencia, pero crecientemente observado cuando decide protestar por ellas.

Tal vez por eso sea necesario recuperar la antigua palabra: Usura.

Porque hubo un tiempo en que las sociedades entendían que no toda relación económica libre era necesariamente justa. Que existía una diferencia entre obtener una ganancia y aprovecharse de la necesidad del otro. Y que cuando esa asimetría se volvía intolerable debía aparecer alguna forma de regulación colectiva. Ese era también uno de los sentidos del Estado.

Cuando esas regulaciones desaparecen, la libertad puede convertirse en una palabra extraña. Formalmente todos somos libres de no endeudarnos. El problema es qué significa esa libertad cuando la alternativa es no comprar alimentos, no pagar la luz o no adquirir un medicamento.

Allí la deuda deja de ser solamente una operación financiera. Se transforma en una relación de poder.

Este es uno de los signos más preocupantes de nuestra época: la deuda que durante décadas disciplinó a los Estados ha encontrado una versión doméstica capaz de entrar en millones de hogares.

Ya no hace falta mirar únicamente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para comprender cómo funciona el endeudamiento. También puede observarse en una mesa familiar, cuando llega el resumen de la tarjeta y alguien decide qué factura pagar, qué compra postergar y qué nueva deuda tomar para cancelar la anterior.

La gran deuda y la pequeña deuda pertenecen a escalas diferentes. Pero comparten una pregunta política fundamental: ¿quién decide sobre el futuro cuando el futuro ya está comprometido?

Esta quizás sea la verdadera discusión y también una enorme pregunta: ¿de qué se está retirando el Estado y para qué está decidiendo quedarse?