La directora de Diversidad Sexual en el Ministerio de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, valoró la decisión del gobierno nacional de abrir un registro de curriculums para facilitar la articulación con potenciales empleadores, tanto del sector público como del privado, y analizó los alarmantes datos del informe 2020 del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT, dados a conocer recientemente.
En diálogo con Contraeditorial, Castro señaló que “la provincia de Buenos Aires fue una provincia precursora, porque fue la primera que tuvo el cupo laboral travesti trans, que se votó en el año 2015”, y lamentó que durante los cuatro años del gobierno anterior la ley quedó “cajoneada” y no se pudo reglamentar ni implementar.
“Gran parte de lo que Nación está haciendo lo extrajo de la experiencia en la provincia de Buenos Aires”, afirma Daniela Castro.
“Cuando asume la nueva gestión de gobierno de Axel Kicillof lo primero que hace es firmar esa ley para su reglamentación e implementación. A partir de ahí, le impone al Ministerio de las Mujeres y Diversidades que se desarrollé y garanticé la implantación de esa ley”, detalló la funcionaria.
La Ley Diana Amancay Sacayán fue aprobada en la provincia de Buenos Aires en 2015, pero recién se reglamentó en diciembre de 2019. La norma establece que debe garantizarse en el sector de la administración pública un cupo mínimo del 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero.
Al respecto, Castro señaló que a pesar de la pandemia rápidamente se comenzó a trabajar en su implementación. “Nos pusimos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de las Mujeres y el Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí se abrió un registro para la incorporación de personas travestis y trans al Estado”, agregó.
En este sentido, valoró la iniciativa similar que está impulsando el ejecutivo nacional y sostuvo que “gran parte de lo que Nación está haciendo lo extrajo de la experiencia en la provincia de Buenos Aires”.
“La pandemia ha profundizado indiscutiblemente las violencias en los hogares”.
En relación con el informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT, que reveló que en Argentina hubo 152 crímenes donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y el ejercicio de la violencia, la militante del Frente Patria Grande aseguró que la pandemia fue en factor que “potenció” la problemática.
“Hay que destacar que el año de pandemia ha profundizado indiscutiblemente las violencias en los hogares. Nosotras desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia trabajamos permanentemente con los 135 municipios. Justamente, ahora estamos trabajando en armar redes, inclusive con el colectivo LGTB+ y la población de compañeras travesti trans para lograr descender ese número”, subrayó.
El informe anual 2020, señala también que del total de personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio, el 84 por ciento de los casos corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgénero). Castro apuntó a que uno de los principales motivos, es que “la población travesti trans lamentablemente atraviesa la situación de prostitución con todo lo que eso conlleva. A partir de ahí su exposición a la violencia es muy fuerte”.
Con respecto a las edades de las víctimas, la franja etaria más afectada es la de personas de entre 30 y 39 años, con el 33,61 por ciento de los casos. En segundo lugar, con el 25,21 por ciento de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 20 a 29 años. Lo que determina que la población trans no supere el promedio de vida de los 40 años.
En 2020, el 84 por ciento de las víctimas de crímenes de odio en la comunidad LGBT fueron mujeres trans.
“Hay encuestas desde el año 2006 en adelante que muestran claramente que la población de mujeres travesti trans no logramos atravesar los 40 años de vida”, alertó la marplatense.
Otro dato alarmante del informe es que el mayor responsable de la autoría de las lesiones al derecho a la vida y a la integridad física es el Estado. De los casos relevados el 44 por ciento son cometidos por personas privadas; el 56 por ciento son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje, el 11 por ciento es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando estos últimos -en su conjunto- casos de violencia institucional.
“Las fuerzas de seguridad indiscutiblemente han sido un factor terrible no solo para nuestro colectivo, sino que han formado parte de la historia más nefasta de nuestro país. A partir de ahí, claramente, llegamos a estos tiempos donde hay sectores enquistados que entienden que la seguridad pasa por otros factores como la violencia”, manifestó Castro.
En este sentido, hizo hincapié en que trabajan “para combatir desde el Estado, a aquellos sectores del Estado que entienden que el camino lamentablemente es otro”. Específicamente, desde la Dirección de Diversidad Sexual buscan avanzar rápidamente con el cupo laboral travesti trans “para lograr que esa población que todavía atraviesa la situación de prostitución tenga otras alternativas laborales y tengan un trabajo registrado”.
Para Castro hablar de cupo laboral trans travesti “es hablar de inclusión real, y de un Estado presente en serio, porque tener acceso al trabajo dignifica la vida”.
Finalmente, sostuvo que un trabajo registrado te ordena la vida, te protege en muchos aspectos, te da ingreso a sectores que antes eran impensados. La realidad es que estamos reparando un daño histórico y social, pero no vamos a llegar a reparar daños psicológicos que se han generado en gran parte de esta población. Lamentablemente el Estado llega tarde”.
