En un fallo sin precedentes –y con fundamentos más que pueriles– la Cámara
Federal porteña, con la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, revocó el procesamiento del ex director macrista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en la causa que investiga el espionaje ilegal del grupo de fisgones denominado “Súper Mario Bros”. Sostiene que el beneficiado y, por ende, el ex presidente Mauricio Macri, no estaban al tanto de sus acciones, puesto que aquellos agentes integraban una cofradía de “cuentapropistas”. Tal ignorancia también habría sido padecida por la ex subjefa de aquel organismo, Silvia Majdalani, a quien únicamente le quedó la acusación de incumplir sus deberes de funcionaria pública. Un pecado menor.
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En paralelo, la monarquía de la toga ha dispuesto, esta vez con la firma de tres camaristas de Casación –Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi y Javier Carbajo–, el envío inmediato del expediente por espionaje y extorsión –que imputa al agente polimorfo Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli– al palacio real de Comodoro Py. Dicho sea de paso, eso arrastrará la causa que lo tiene procesado a Macri por escrutar ilegalmente a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
También en paralelo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura. Con semejante fallo, el máximo tribunal hizo retroceder tres lustros al órgano que selecciona y/o eyecta a los jueces, dado que vuelve a instalar al presidente de la Corte como cabeza del Consejo, además de aumentar antojadizamente su composición con otros siete integrantes, para de ese modo entorpecer sus criterios de equilibrio. Una verdadera puñalada institucional.
Estos tres ejemplos de reciente data son una prueba palmaria de que, ya a dos años y pocos días de que Macri abandonara la Casa Rosada por la puerta de servicio (nunca mejor utilizada esta palabra), el lawfare que él instauró aún goza de excelente salud.
La epopeya judicial
En este punto conviene retroceder al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando Macri, quien acababa de tomar las riendas del Poder Ejecutivo, leía su discurso ante la Asamblea Legislativa.
Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto soltó:
–En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. Y a quienes quieran serlo les digo que de ninguna manera serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros.
En su boca, tal frase significaba exactamente lo contrario.
Tanto es así que en aquel momento la mesa judicial del nuevo régimen ya estaba servida. Se trataba de un cenáculo minuciosamente concebido para presionar, hostigar y disciplinar jueces y fiscales; también para deshacerse de los más díscolos y reemplazarlos por los de su agrado, con la loable finalidad de impulsar procesamientos y torcer a su antojo el sentido de ciertas causas, en una epopeya persecutoria contra ex funcionarios kirchneristas, dirigentes de la oposición y empresarios rivales. Hubo al respecto toda clase de franquicias; a saber: abuso de autoridad, amenazas, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, falsificación de documentos, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita.
Si por lawfare se entiende el lazo entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa hegemónica para así lograr propósitos espurios, su ejercicio deberá estar cifrado en el secreto. Pero nadie es perfecto.
De modo que el primer signo del desplome de esta metodología ocurrió el 19 de febrero de 2019, cuando D’Alessio fue detenido en su residencia del country Saint Thomas. Quedaba así a la intemperie una red que involucraba a funcionarios y fisgones del régimen macrista, en sociedad con personalidades tan prestigiosas como Stornelli y el periodista Daniel Santoro. El gran error de ellos fue haber mezclado el “deber patriótico” con la ambición crematística.
¿Acaso se trataba de un caso aislado? Ya en marzo del año siguiente, la inesperada confesión de un narco apodado “Verdura” ante el juez federal de Lomas, Federico Villena, demostró lo contrario, puesto que entonces saltó a la luz el grupo “Súper Mario Bros” que desnudó el seguimiento sistematizado a políticos (opositores y oficialistas), dirigentes sociales, religiosos, sindicales y ex funcionarios presos.
De allí a la disección de la mesa judicial –el gran buró político de tales estructuras clandestinas– hubo apenas un trecho.
Entre sus principales artífices descollaba –además de Macri– la ministra Patricia Bullrich; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el integrante del Consejo de la Magistratura (y actual fiscal general porteño), Juan Bautista Mahiques; el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y Daniel Angelici (el único sin cargo en el gobierno), además del jefe de asesores presidenciales, José Torello; el ministro de Justicia, Germán Garavano; la gran “influencer” del régimen, Elisa Carrió, con sus denunciadoras seriales, Graciela Ocaña, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, entre otras. Y el factótum de tal Estado Mayor en la sombra, Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, actualmente prófugo en Montevideo justamente por sus trapisondas cometidas desde ese ámbito.
Pero pese a tamañas vicisitudes, la lealtad del pool macrista de jueces federales con sus patrones se mantiene incólume.
Un ejemplo de ello es la reciente resolución que acaba de torcer la causa de los “cuentapropistas”, tal como merecería ser llamada de ahora en más.
He aquí algunos de sus hechos y circunstancias.
Los visitantes
Fue en tal contexto donde cobró estatura pública la figura de Darío Nieto. La larga noche del régimen de la alianza Cambiemos lo tuvo como un espectro apenas disimulado. Costaba creer que este personaje con cara de nerd fuera, durante cuatro años, la sombra discreta y silenciosa de la máxima autoridad del país; el tipo que compartía con él todas las mañanas, el tipo que manejaba su agenda, el tipo que oía sus confidencias y que incluso le elegía las camisas.
Su salto a la fama ocurrió a fines de junio de 2020, cuando su hogar fue allanado por orden de Villena a raíz del rol que le tocó cumplir en el espionaje ilegal de la AFI. El operativo había tenido ribetes de comedia.
– ¡No les voy a dar el celular! –les chillaba a los policías.
Luego corrió hasta la cochera para encerrarse en su auto con el aparato aferrado entre sus dedos como si fuera una pequeña biblia.
Allí, mientras se empeñaba en borrar archivos, le mandó a su esposa un mensaje: “Me están por detener”. Ella retransmitió la novedad a Macri. Pero sin recibir de su parte ninguna respuesta. En tanto, le decomisaban el celular.
Nieto al final no quedó detenido.
El 29 de julio subió a su cuenta de Twitter una fotografía donde se ve a un movilero televisivo junto a un portero eléctrico. “Esto es ahora –informa el epígrafe–. Las cámaras de C5N abajo del edificio donde vivo con mi familia tocando todos los timbres y preguntando por mí. Es un atropello”.
Ese miércoles acababa de trascender el resultado de la pericia efectuada sobre su celular. El contenido era como una granada de fragmentación.
En el expediente está probado que Nieto recibía de la secretaria de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, los informes de inteligencia ilegal que a ella a su vez le entregaban los esbirros de la AFI. Y que, luego, de la mano de Nieto le llegaban a Macri.
Esto es algo que, en su fallo, Bertuzzi y Llorenz no tomaron en cuenta. Más adelante se comprenderá la razón.
Lo cierto es que el secretario efectuó una presentación judicial para que la causa pasara a un juzgado amigable de Comodoro Py. Uno de los jueces que votó a favor de ello fue el camarista Casación, Mariano Borinsky.
Ahora quedó totalmente acreditado el vínculo previo entre éste y Nieto.
La memorable investigación del portal El Destape sobre las visitas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de jueces es ilustrativa al respecto.
El primer nexo entre ambos –según especifican los registros de la Casa Militar– data del 11 de agosto de 2016. Ese jueves hubo “paddle” en la Quinta de Olivos. Y entre otros “deportistas” como Torello y Clusellas, estuvieron Borinsky y Nieto.
Es en este punto donde nuevamente cobra importancia la información exhumada del ya célebre celular de Nieto, donde anotó: “Hablar con Borinsky. Tema administrativo y penal”. Eso está fechado el 1 de noviembre de 2018.
Siempre según los registros de la Casa Militar, Nieto estuvo en la quinta presidencial las 15 veces que Borinsky la visitó.
Aquel juez, al quedar expuestas sus idas a Olivos, solo atinó a levantar las cejas, y decir: “Bue… no fueron tantas veces”.
Un argumento ciertamente flojo para alguien que intervino en casi todas las causas contra ex funcionarios kirchneristas, al igual que su colega, Gustavo Hornos y el doctor Llorens.
El primero solía ser recibido con suma frecuencia en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. El otro también fue detectado en ambos lugares.
El ingreso de Llorens a la Casa Rosada, según los registros de acceso, fue el 17 de diciembre de 2018 a las 14.07. Y enfiló directamente al despacho de asesores que compartía Torello con Pepín Rodríguez Simón. Al rato se les unió Mahiques, el “técnico” de las operaciones judiciales de Macri.
Por otro lado, su visita a la quinta de Olivos ocurrió el 6 de septiembre de 2019. En la planilla figura que fue a ver a Macri, que ingresó a las 16.45 y que se retiró 15 minutos después. Lo acompañaba Pierre Pejacsevich, un ex gerente del Banco Macro que tiene una consultora financiera y es compañero de bridge del entonces presidente.
Por dicha audiencia –diríase– no protocolar, Llorens fue acusado por los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, José Ubeira, Adrián Albor y Héctor Rodríguez. La causa la tramita el juez federal Sebastián Casanello.
Pero ello no impidió su fallo más reciente. Total normalidad.
