Para cristalizar sus ensoñaciones presidencialistas con miras a las elecciones de 2023, Patricia Bullrich supo recorrer recientemente varios balnearios de la costa atlántica (incluido Punta del Este) y ciudades bonaerenses. En todos esos sitios repitió como un mantra: “Acá no hay espacio para tibios”. De modo que –diría Borges– sus preferencias se vuelcan hacia los “calientes”. Entre ellos, el ex funcionario macrista y actual intendente del partido de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. De hecho, la cabecilla del PRO lo quiere como su precandidato a gobernador provincial para medirse en las PASO con Diego Santilli, el pollo de Horacio Rodríguez Larreta. Es notable que ella haya elegido a ese pájaro de cuentas (un “halcón”, según la ornitología partidaria) para semejante duelo.
Ambos, intercambiando sonrisas embelesadas, estrecharon sus manos a los pocos pobladores que aquel lunes circulaban en las calles adyacentes a la sede comunal; allí también posaron para la fotografía de rigor y, finalmente, el intendente escribió en su cuenta de Twitter: “Hay mucho por hacer en Buenos Aires y la Argentina toda. Con @Patobullrich estamos escuchando las ideas de todos los que quieran que la honestidad, el trabajo, la libertad y el mérito sean los los principios que nos conduzcan al desarrollo”. Conmovedor.
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Lástima que aquellas idílicas circunstancias coincidieran con una grave denuncia contra Iguacel, efectuada por la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y secretaria de género de la CGT, Graciela Aleña, a través de la AM 750. La misma puso al descubierto el hostigamiento a sindicalistas en su paso por Vialidad Nacional, deslizándose así la federalización de la operatoria aplicada en el ámbito bonaerense por la Gestapo que respondía a María Eugenia Vidal.
Un buen punto de partida para poner en cuadro a este personaje.
Con las pilas puestas
A poco de asumir el cargo, Iguacel convocó a Aleña al imponente edificio de Vialidad Nacional, sobre la avenida Presidente Roca al 700. La hizo pasar a su despacho con un cabeceo poco amigable. Y a modo de saludo, le soltó:
–Muchos de tus amigos van a ir presos.
La señora Aleña tragó saliva. En realidad, había creído que ese hombre iría a mostrar la hilacha de manera “gradualista” (por entonces aquella palabra estaba de moda). Pero no fue así.
El aún flamante director del organismo acababa de cumplir 42 años, era ingeniero –con una anodina foja laboral en las empresas petroleras Pluspetrol, YPF y Pecom– y su brinco hacia la política había ocurrido apenas unos meses antes, tal vez sin imaginar su rápida conversión en funcionario. No obstante, el poder parecía sentarle de maravillas.
–Tus amigos van a ir presos –repitió, con dicción más lenta.
Desde ese momento se impuso allí un sistema persecutorio, basado en sanciones internas y denuncias antojadizas ante la Justicia. Entre las últimas, hasta hubo una por la rotura del vidrio de una ventana en una marcha. Pero, tras meses de instrucción, el asunto quedó en la nada al comprobarse que el objeto supuestamente vandalizado estaba intacto.
También se le exigía al sindicato el listado de los “corruptos”, tal como Iguacel y sus esbirros llamaban a los activistas más combativos.
En tales menesteres se destacaba la jefa de Recursos Humanos, Carolina Rodríguez, la misma que durante una discusión paritaria impartió el siguiente consejo: “Los gremios, antes exigir un aumento salarial, deberían preocuparse por cuidar la fuente de trabajo”.
Días después hubo 52 despidos.
En otros aspectos de su gestión, Iguacel consumó memorables hitos penales, como su papel en el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento al encubrir a Angelo Calcaterra, el primo dilecto del ex presidente, acusado de sobreprecios y sobornos. Y en el sonado caso de las Autopistas del Sol fue procesado por manipular el direccionamiento de las concesiones de peajes en beneficio del Grupo Socma, de la familia Macri. También, junto al ministro de Transportes, Guillermo Dietrich, se lo acusó por crear la empresa Corredores Viales con fondos de las áreas que los dos comandaban. Dicho negocio apuntaba a transferirle todos los atributos de Vialidad Nacional, sin el régimen de contrataciones contemplado por la legislación de la obra pública.
Pero Iguacel seguramente será recordado por las futuras generaciones a raíz de una hazaña sin igual: haber dilapidado unos 55 millones de dólares en la construcción de un puente ferroviario sobre la Ruta 5, totalmente inservible ya que carecía del ancho que requieren las formaciones que debían circular allí. Un genio.
En comparación con aquellas cuestiones, fue una nimiedad que utilizara fondos públicos –alrededor de dos mil dólares mensuales entre 2016 y 2018– en un curso impartido por la actriz Cecilia Maresca para mejorar su oratoria.
En junio de 2018 fue puesto al frente del Ministerio de Energía –meses después devaluado al rango de Secretaría–, en reemplazo del insigne Juan José Aranguren. El bueno de Iguacel dejaría también allí su marca.
Desde esa cartera, además de proseguir con los tarifazos impuestos por su predecesor, una de las primeras medidas del ministro-secretario consistió en suspender la construcción del Gasoducto del Noreste. Aquella obra estaba destinada a que las provincias de Formosa, Corrientes, Misiones y una parte de Santa Fe, que dependían de garrafas para tener el combustible domiciliario, quedaran conectadas a la red de gas.
Iguacel fue el alfil de Macri en el área de su incumbencia para articular beneficiosos negocios. Uno de los más obscenos fue el de los parques eólicos. En este caso, su trabajo fue propiciar la concesión de cuatro grandes conjuntos de aerogeneradores (instalados en la provincia de Chubut y en las afueras de Miramar) al grupo Socma para transferirlos a otra empresa con suma rapidez, logrando así la una ganancia contante y sonante de 48 millones de dólares y un perjuicio de 700 millones al Estado.
A raíz de este asunto, Iguacel fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi bajo la figura de “administración fraudulenta”.
Iguacel también metió las manos en el intento de privatizar las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, y por deseo expreso del Presidente. Fue significativo el costo de la operación: 400 millones de dólares por debajo de su precio real (un valor muchísimo menor que el invertido por el Estado en la construcción de solo una parte de éstas). No menos significativo fue que la empresa Central Puerto, del “hermano de la vida” Nicolás Caputo, haya sido una de las dos compañías preclasificadas en la licitación.
A raíz de este asunto, Iguacel fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas bajo la figura de “administración fraudulenta”.
Iguacel, un verdadero Robin Hood al revés, tuvo a fines de 2018 la gran ocurrencia de “compensar” a las distribuidoras de gas con un incremento extra en las tarifas, debido a los efectos de la devaluación del peso. Su resolución establecía esos pagos en cuotas, a partir de enero del año siguiente. El Poder Ejecutivo finalmente frenó la iniciativa.
A raíz de este asunto, Iguacel fue procesado por la jueza federal María Romilda Servini bajo la figura de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Al comenzar el último año del régimen macrista, Iguacel fue eyectado del cargo por sus “celos de elenco” con el superministro Nicolás Dujovne.
Meses después sufrió otra jaqueca penal, al quedar involucrado –por el presunto “apriete” a un empresario petrolero– en la causa que instruía el juez federal Alejo Ramos Padilla contra el espía polimorfo Marcelo D’Alessio y el (aún) fiscal federal Carlos Stornelli por espionaje y extorsión.
Por entonces, el buen nombre y honor de Iguacel estaba ya escaldado al trascender que poseía tres cuentas offshore por dos millones de dólares en las Islas Caimán, según los “Paradise Papers”, así como se denomina un archivo en poder del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Por ello fue denunciado por “lavado de dinero”.
Con aquellos pergaminos a cuestas, Iguacel se convirtió en intendente del partido de Capitán Sarmiento. Y ahora la señora Bullrich lo imagina como el posible gobernador de la provincia.
La ley del silencio
La relación entre ellos registra un encuentro anterior, muy difundido por los medios. Y que disparó un hecho que lo pinta a ese hombre de cuerpo entero.
Era el mediodía del 15 de abril de 2021 cuando la ex ministra presentó en el terruño de Iguacel su libro Guerra sin cuartel. El evento tuvo lugar en la parte exterior del Salón de Fiestas, situado sobre la avenida 29 de Junio.
Iguacel no se movía de su lado.
La visitante deslumbró a la concurrencia –unos 70 lugareños– con un vibrante discurso, cuyo remate fue a viva voz:
– ¡Nunca vi un presidente tan desastroso como el que tenemos ahora!
Un cerrado aplauso coronó sus palabras.
Lo cierto es que en aquella urbe de 12 mil habitantes, la visita fugaz de Bullrich generó reacciones dispares.
Tanto es así que, en el programa Monerías, emitido diariamente por la radio FM Universo, el periodista Gustavo Pereyra –más conocido como “El Mono”– le dedicó a Bullrich una extensa columna, en la que resumía con tono crítico su trayectoria zigzagueante y ciertos tópicos de su época ministerial. El remate fue: “Ella es cómplice del asesinato de Santiago Maldonado”.
Aquella frase fue la piedra angular de un entredicho.
Cuatro días después, el propietario de la emisora, Rubén Santamaría, recibió una carta del secretario municipal de Salud y director del Hospital de Capitán Sarmiento, doctor Luis Graziosi (así se apellida), en la que amenazó con iniciar una demanda civil (a la radio y al periodista) con el consiguiente “resarcimiento económico por el daño causado en caso de no poder probar sus dichos”. Pero también ofrecía al remitente una segunda alternativa: “Cancelar para siempre todo vínculo laboral con el señor Pereyra para evitar situaciones como las que –escribió– motivan mi solicitud”.
Ante semejante apriete, Santamaría citó de inmediato a Pereyra –quien desde mediados de la década pasada compraba aquel espacio en esa FM– y le extendió la misiva, no sin aclarar:
–Mirá, Mono, yo no quiero ningún quilombo, ¿entendiste?
Mientras Pereyra leía, Santamaría repitió esa frase. Y luego, preguntó:
– ¿Qué vas a hacer?
Casi una pregunta retórica. Por lo que, al comprender Pereyra que no contaba con el apoyo del otro, decidió dar un paso al costado. La presión de Graziosi había tenido éxito.
Por esos días, Santamaría le dijo por teléfono al autor de esta nota
“Es cierto, lo único que le dije a Pereyra es que no quería quilombo. La radio tiene 50 años y jamás recibí una carta documento. Así que le pedí a Pereyra que me dijera lo que iba a hacer. Yo no quería quilombo. Eso le dije. Fue él quien decidió irse”.
– ¿Pero usted lo apoyaba o no?
–Yo solo le dije que no quería ningún problema. El viernes hizo el último programa. Lo acompañé hasta la puerta. Ahí le puse una mano en el hombro. Y hasta le pregunté si necesitaba algo. Pero no lo eché, eh. Además, él no era empleado mío. Solo compraba el espacio.
– ¿La radio tiene pauta publicitaria con el Municipio?
Tras casi diez segundos, contestó:
–La verdad que sí. Pero, yo no vivo de la política…
Eso fue lo último que dijo.
En esa ciudad, el episodio corrió como un reguero de pólvora, ya que el programa del “Mono” era muy escuchado. Y causó un gran nerviosismo en el ingeniero Iguacel.
El próximo paso fue llamarlo a él.
El tipo atendió el teléfono enseguida, y al ser consultado sobre el acto de censura cometido por su funcionario, bramó:
– ¡El periodista se fue solo! ¡Nadie lo echó! Llame al dueño de la radio.
–Vea, yo le pregunté sobre la carta de Graziosi…
Entonces, se puso como loco, y alzó aún más la voz.
– ¡Ustedes, los periodistas militantes, son todos iguales! Ya sé que van a poner cualquier cosa.
– ¿La carta de Graziosi contó con su autorización o conocimiento?
–Graziosi se sintió ofendido por las expresiones del periodista y obró en consecuencia. Yo no sabía nada.
– ¿No lo perjudica que un funcionario suyo obre de una manera, diríase, tan polémica, sin decirle nada?
–De ninguna manera –vociferó–. Vivimos en democracia.
Graziosi también habló. Este médico, un encarnizado enemigo de las vacunas contra el Covid-19, había adquirido por aquellos días una efímera celebridad por sus dichos acerca de la estrategia sanitaria que implementa para enfrentar la pandemia; a saber: “Más de 5000 personas en Capitán Sarmiento (la mitad de la población) tuvieron contacto con el virus, tienen anticuerpos y ya no se enferman más”. Lo que se dice, un auténtico teórico de la “inmunidad de rebaño”. Y esa vez, al hablar con quien esto escribe, su voz se escuchaba más serena que la del intendente, aunque sin disimular su recelo.
Al oír la primera pregunta, descerrajó de corrido:
–La carta al señor Santamaría fue a título personal. Yo tengo derecho a expresar mis opiniones.
– ¿No consideró la posibilidad de que podría perjudicar a Iguacel?
–De ningún modo pensé eso. Es más, el ingeniero Iguacel me felicitó.
Desde entonces transcurrieron nueve meses.
El doctor Graziosi falleció el 14 de enero pasado.
El Mono Pereyra transmite ahora su programa por FM10 Sarmiento.
Y Javier Iguacel se prueba el traje de gobernador.
