Nunca podría ser un “ataque al sistema republicano”, como se queja la derecha en sus múltiples tribunas de doctrina, analizar los republicanísimos mecanismos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, o de sanción de una ley que modifique su número de integrantes, o su funcionamiento, o su manejo presupuestario.
Lo que sí constituye un gravísimo ataque al régimen republicano es desconocer la voluntad popular, verdadero corazón del sistema institucional.
Articulos Relacionados
El Poder Judicial no es más republicano que los otros. Más bien lo contrario. Democratizarlo es un desafío pendiente de la institucionalidad, que nuestro país arrastra –sólo por poner una marca contemporánea- desde el año 1983, cuando el 90% de los jueces que actuaron durante la dictadura y juraron por los estatutos de la Junta Militar que pusieron entre paréntesis a la carta magna, fueron confirmados para continuar en sus cargos tras el reinicio de la legalidad constitucional.
Los integrantes del Poder Judicial son los únicos que no van a elecciones. Son, a priori, el rezago de los tiempos pre-democráticos.
Las causas armadas contra el kirchnerismo, la persecución de sus líderes, la prisión de varios de ellos, en definitiva, el lawfare no es la única deuda del sistema judicial, sino, apenas, el elemento catalizador que debería acelerar drásticamente su profunda revisión. El Poder Judicial todavía nos debe respuestas por haber permitido el genocidio iniciado el 24 de marzo de 1976, la impunidad que le siguió hasta entrado el año 2003, las privatizaciones de Menem, la destrucción total del aparato productivo, la extranjerización de la economía, el endeudamiento externo, la frustración del 7-D, la ley de medios sin su efectiva aplicación, entre las más destacadas.
Por lo demás, ¿quién es más republicano: un juez que mantiene su cargo en un juicio, más allá de lo que ordena la Constitución, o un político que ganó las elecciones?
Los integrantes del Poder Judicial son los únicos que no van a elecciones. Son, a priori, el rezago de los tiempos pre-democráticos.
Los defensores de la República made in Clarín, visitan la Constitución con la bragueta baja. Fundan su argumentación en un menosprecio de la voluntad mayoritaria.
Por eso, la Constitución, que es sabia, advierte esa ilegitimidad de origen que tiene el cargo de juez y la salva a través de la obligatoriedad de que su acceso a la magistratura sea resuelto por el presidente de turno con acuerdo de los senadores, que sí fueron elegidos por el voto popular.
Excepto Bruglia, Bertuzzi y Castelli, claro, quienes, sin embargo, alegaron la “defensa de la República” para resistir con dientes y uñas su ilegal designación. Insólito.
Los defensores de la República made in Clarín, visitan la Constitución con la bragueta baja. Y fundan toda su argumentación en un menosprecio intolerable de la voluntad mayoritaria. Se olvidan que la República surgió del filo de las guillotinas, no en un acto procedimental.
¿Quién puede negarle al pueblo su soberano derecho a protagonizar una épica política que refunde su sistema judicial, aún dentro de los estrechos márgenes de la democracia republicana, en clave capitalista, o incluso corriéndolos todo lo que fuera necesario para que “la Justicia” –como los jueces se llaman a sí mismos- deje de obturar la democracia real, y contenga al fin una era de extensión de derechos, ejercicio de ciudadanía plena, reparto igualitario de la riqueza, disminución de la brecha en los ingresos, y tantos otros logros que podría alcanzar un gobierno democrático?
¿Dónde existe más República: en el despacho de un juez comprado por las corporaciones, o, como dicen las Madres de Plaza de Mayo, en las calles, las plazas o las asambleas de trabajadores?
No hay democracia republicana sin respeto a la soberanía del pueblo, razón de ser del sistema institucional, y que se expresa mucho más en los resultados electorales que en las opacas reglamentaciones del Poder Judicial. ¿Dónde existe más República: en el despacho de un juez comprado por las corporaciones, o, como dicen las Madres de Plaza de Mayo, en las calles, las plazas, las asambleas de trabajadores al pie de la máquina, donde se concentran los pueblos para saber de qué se trata y construir su destino colectivo?
No debe permitirse que quienes frustran la potencialidad transformadora de la democracia, invoquen en vano “la República”.
No podrá existir verdadera “reforma judicial” si en simultáneo no se reforman los vicios que atan todo el sistema institucional a los caprichos vitalicios y corporativos de los jueces, privilegios que les fueron extendidos a cambio de una única contraprestación: cuidarles los intereses a los potentados económicos.
*Trabajador judicial. Secretario general adjunto de SITRAJU. Director de ¡Ni un paso atrás! (Asociación Madres de Plaza de Mayo)
