La tarea de Elizabeth Gómez Alcorta y de su equipo al frente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se detuvo con la llegada del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de la misma manera que no lo hizo la violencia contra aquellas mujeres recluidas en un ámbito privado donde se vieron forzadas a convivir junto a sus agresores. Para la ministra, la cuarentena “expuso las condiciones estructurales que permiten esas violencias y desigualdades”, así como “la enorme cantidad de trabajo que requiere gestionar la vida del hogar”.
Sobre la ley Micaela, cuyas capacitaciones continuaron en modalidad virtual, Gómez Alcorta la definió como “una norma estratégica para transformar social y culturalmente”. Respecto de la justicia, puso el foco en las “prácticas judiciales”, más allá de lo normativo. También aseguró que es “enorme” el rol de los medios, y que “hay cosas que hasta hace un tiempo tolerábamos socialmente en televisión que hoy por hoy ya no pasan desapercibidas”. En cuanto al papel del ministerio frente a los debates que se dan en el feminismo argentino, subrayó: “Nosotras no tenemos que gestionar esas diversidades, porque eso es el movimiento, en cambio sí hay una agenda de políticas en las que hay bastante acuerdo”.
“Para muchas aislarse no es cuidarse, es colocarse en una situación de mayor riesgo porque implica una mayor convivencia con los agresores”.
– ¿Cómo afectó la pandemia al ministerio que tenían en mente?
– El ministerio estaba y está construyéndose. El 10 de diciembre, por un decreto, fue creado en términos de institucionalidad, pero después hay que darle carne a eso, lo que lleva un proceso muy largo, en parte burocrático, en el cual nos encontró el ASPO. Nos implicó trabajar, por así decirlo, con doble comando. Por un lado, tuvimos que salir a focalizar los recursos que teníamos exclusivamente a violencia por motivos de género y a pensar cómo acondicionar las herramientas disponibles a la situación que estábamos viviendo. Pero, a la vez, habíamos empezado en febrero el diseño del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género, que presentamos el 3 de julio. Estaba previsto tomarnos los primeros seis meses para llevar adelante nueve foros en todo el país y un proceso de co-construcción con los otros ministerios del Poder Ejecutivo. Lo que resolvimos fue, durante fines marzo y abril, focalizar en la emergencia, pero después dividir las energías y seguir ese proceso, porque el Plan Nacional de Acción es para los próximos dos años y no podíamos no continuar con eso y tener un trabajo que nos marque una guía más allá de la emergencia.
– Con la cuarentena obligatoria, ¿qué cuestiones ratificaron sobre la problemática de género y, en cambio, qué mitos se derrumbaron?
– La cuarentena cristalizó de un modo muy evidente las desigualdades que existen en materia de género. Por un lado, las situaciones vinculadas a la violencia por motivos de género cobraron un impacto muy fuerte a nivel de agenda política y mediática. Y se expusieron las condiciones estructurales que permiten esas violencias y desigualdades. Es decir, ¿por qué nos aislamos? Porque es un modo de cuidarnos. Bueno, quedó muy en evidencia la certeza de que para muchas eso no es cuidarse, es colocarse en una situación de mayor riesgo, porque implica una mayor convivencia con los agresores. No se derribó ningún mito, sino al revés. Es como si hubiesen salido a la primera escena estas violencias que se naturalizan y esas desigualdades que se invisibilizan.
– ¿Eso es lo que ocurrió con las tareas del hogar y cómo están distribuidas?
– El aislamiento demostró la enorme cantidad de trabajo que se requiere para gestionar la vida del hogar: el cuidado de hijos e hijas, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, las tareas de limpieza, de cocina, que en general son invisibilidad o desvalorizadas y están tercerizadas o las llevan adelante mujeres, porque la división sexual del trabajo las ha asignado e intentado naturalizar como propias de las mujeres y la diversidad. También, la imposibilidad de contar con el personal de trabajo en casas de familias y el reconocimiento por muchos varones de esas tareas que muchas veces no ven porque suceden mientras ellos no están, sumado a que los chicos y chicas hacen la tarea escolar en casa. Lo que permitió el ASPO es visibilizar las tareas y trabajos de cuidado que históricamente han estado invisibilizadas, y para nosotras es central, porque es uno de los ejes estratégicos de las políticas que tenemos que llevar adelante para modificar esta injusta distribución, que es el nudo que genera otras desigualdades.
– Pasemos al plano de la justicia. Vista desde la perspectiva de género y sus desafíos, ¿el Poder Judicial requiere una reforma de tipo integral?
– Por un lado, está la cuestión de las normas. Entendemos que se requieren algunas reformas, pero también que las reformas centralmente no se van conquistar, digamos, con el Código Penal en la mano. Hay que pensar integralmente la normativa, en este caso, punitivista, pero no sólo esa. Hay que pensar en reformar la Ley de Actos Discriminatorios, que es muy vieja e incluso no incorpora la orientación o la identidad sexual en los actos discriminatorios. Ahora, cuando se piensa en el impacto de cierto tipo de resoluciones o de los procesos judiciales, eso está más vinculado a las prácticas judiciales. El Poder Judicial requiere, y es parte de lo que trabajamos para el futuro, una reforma pensada con perspectiva de género, que implique desde repensar estándares probatorios, y no sólo para cuestiones LGTB, sino vinculadas a violencias por motivos de género en general. Tenemos prácticas judiciales que frente a ciertos delitos, como con los delitos contra la integridad sexual, a quien primero ponen en tela de juicio es a la víctima.
“El Poder Judicial requiere una reforma pensada con perspectiva de género”.
– Es lo que suelen relatar las mujeres cuando acuden a hacer esas denuncias.
– Si yo voy a denunciar un robo no me preguntan qué había hecho antes ni cómo estaba vestida. Sin embargo, en denuncias o investigaciones por delitos contra la integridad sexual, se pone el foco a la víctima, se descree de los testimonios y se banalizan ciertos hechos porque se dan en el ámbito de lo privado, cosa que tampoco sucede en otros casos. Además, hay que pensar una reforma que implique el acceso a cargos jerárquicos de las mujeres y las diversidades en el ámbito de las administraciones de justicia. Y también entendemos que hay serios obstáculos para el acceso a la justicia de la población LGTB y las mujeres en general. Es un foco importante para pensar reformas que son en parte normativas pero que no son esas las principales, sino reformas vinculadas a las prácticas judiciales, para lo que hay pensar al tema integralmente.
– En términos políticos e históricos, ¿qué relevancia le asignan a la Ley Micaela?
– Es una de esas normas estratégicas para transformar social y culturalmente. Es una herramienta de transformación. La pensamos en el mismo orden que la ley de Educación Sexual Integral. La violencia y las desigualdades por motivos de género están basadas centralmente en ciertos patrones culturales, en ciertos estereotipos y en lógicas y prácticas de un sistema de poder que, en general, jerarquiza y subalterniza a las mujeres y a los cuerpos feminizados. Ni más ni menos que la marca del patriarcado que nos acompaña hace por los menos 6 mil años. ¿Por qué se supone que las mujeres tenemos que ocuparnos del trabajo doméstico y de la crianza de hijas e hijos? Porque así fue asignado en base a ciertas jerarquías sociales, y en cambio, quienes tienen que manejar el poder y ejercer la función política son los varones. Romper esos estereotipos es un trabajo cotidiano, donde es fundamental el rol del Estado, y de los operadores y operadoras de las políticas públicas de los tres poderes, por su responsabilidad en ver el impacto de cada una de las políticas, las normas, las sentencias en relación a los géneros. Sin importar jerarquía ni área ni tipo de contratación, toda aquella persona que trabaje en cualquiera de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, porque estamos hablando de la Nación y las provincias, tiene que tener algún tipo de capacitación y de sensibilización que le permita hacerse esta pregunta: esto que voy a hacer, ya sea dictar una norma, una ley, una sentencia de cualquier tipo o hacer un programa político, económico, de trabajo, etcétera, ¿qué impacto tiene? Eso es lo que busca la ley Micaela.
– Es una política de Estado.
– Exactamente. Este año, logramos que todas las provincias adhieran. Además, la ley establece una capacitación continua porque la administración pública se modifica y cambian las personas. Hay que pensar que en algún momento, de acá a una cantidad de años, no va a existir ningún funcionario, funcionaria, empleado o empleada que no tenga incorporado alguno de los conceptos que les permitan pensar la función pública con perspectiva de género.
– Días atrás, hubo una situación de violencia en el tratamiento mediático a una funcionaria nacional. ¿En qué medida los medios acompañan o no estos procesos?
– Por un lado, hay una categoría de la Ley 26.485 –de Protección Integral a las Mujeres–vinculada a la violencia simbólica. Establece a la violencia mediática por razones de género cuando hay publicaciones o difusiones o mensajes de imágenes que refuerzan esos estereotipos que antes mencionamos, sea de manera directa o indirecta; o cuando, a partir de ciertas acciones, comentarios, mensajes, imágenes, se promueve la explotación de las mujeres o se difama, discrimina o humilla a las mujeres y diversidades. El rol de los medios de comunicación es enorme, porque son un enorme amplificador de mensajes. Para nosotras es central y por eso trabajamos junto al Enacom y el Inadi. Es muy importante en esta instancia trabajar casi en términos pedagógicos, no en términos punitivos.
“Ya no pasa desapercibido si algún comunicador hace un comentario con tintes misóginos”.
Ahí hay un camino donde también vemos cómo en los medios hay cuestiones que ya no se presentan como antes. Por ejemplo, ya nadie o casi nadie habla de “homicidio pasional”. Un femicidio es un femicidio. Y hace diez o cinco años atrás, los medios seguían hablando de homicidio pasional, quiere decir que la razón para matar era la “pasión”, vinculada a la posesión de un hombre sobre una mujer. Hay cosas que hasta hace un tiempo tolerábamos socialmente en la televisión que hoy por hoy ya no pasan desapercibidas, como cuando algún comunicador hace un comentario con tintes misóginos o hay un ataque vinculado a la condición de mujer de una persona. Ni hablar cuando se trata de una política, porque además de ese tipo de violencia es violencia política. Hay una reacción porque ya está agudizado el oído. Es parte del proceso de cambio y de la lucha del movimiento de mujeres, y quiere decir que empieza a ser parte de la agenda, cuando la Ley 26.485 a la que hago referencia es del 2009, pero en 2009 esto no se identificaba. Ese es el tránsito que hicimos. Hoy sí lo identificamos, hablamos de violencia mediática por razones de género y salimos a repudiar ciertos dichos.
– Puede pensarse que quienes hoy manifiestan estos discursos asumen una postura de provocación, porque ya no pueden sostener el tono de autoridad o naturalidad de antes.
– Antes estaba absolutamente naturalizado. Circuló hace un tiempo el video de una publicidad de una manteca, donde una mujer hacía fideos, se quedaba sin manteca y les ponía margarina. Cuando el marido los prueba, identifica que no es manteca y le revolea el plato a la esposa. Era una publicidad que salía en la televisión. Es algo muy burdo, pero muy burdo hoy, por todo el camino que desnaturalizamos: que la mujer tenía que hacer los fideos, que si no tenía manteca estaba en falta, que se los llevaba a él mientras estaba sentado, que él los probaba y ejercía violencia justificada en que no tenían manteca y era margarina. Seguramente, en quince o diez años, cuando circulen los videos de los comentarios que hacen hoy ciertos comunicadores, vamos a verlos exactamente en el mismo lugar que el plato revoleado por ese hombre de la publicidad.
– ¿Cómo es ser el organismo público que concentra tantas expectativas y, al mismo tiempo, tantas diversidades como las hay dentro de los feminismos, incluidos debates acalorados y diferencias sobre temas muy importantes?
– En principio, es un hermoso desafío. La construcción del ministerio implica para nosotras una enorme capacidad de escucha de voces muy diversas y altamente heterogéneas. Dentro de la gestión, incorporamos un consejo de asesoras y asesores ad honorem. Son 64 compañeros, compañeras y compañeres de una heterogeneidad enorme. A nosotras nos permite pensar que, a pesar de las diferencias, hay enormes puntos de políticas públicas que sí o sí hay que llevar adelante y que hay consenso, porque una parte de la agenda de estas políticas que viene muy, muy atrasada. Y porque sobre los diagnósticos del lugar donde estamos paradas y las desigualdades también hay puntos de acuerdo. Parte de lo más enriquecedor que tiene el movimiento de mujeres y de la diversidad son justamente esas diferencias, esas distintas tonalidades en posiciones. Nosotras no tenemos que gestionar esas diversidades, porque eso es el movimiento, en cambio sí hay una agenda de políticas en las que en principio hay bastante acuerdo, porque además el ministerio toma una agenda que viene llevando adelante, y es sostenida hace muchísimo tiempo, por ese mismo movimiento. Es un lindo desafío y eso es lo más hermoso que tiene el movimiento feminista en nuestro país.
– ¿Uno de esos desafíos es cómo administrar desde la función pública el debate en torno a abolicionismo o no abolicionismo respecto de la prostitución?
– Lo primero es que el ministerio no gestiona las diferencias del movimiento, porque el movimiento es una cosa y la institucionalidad estatal es otra. El ministerio hoy se maneja con el marco normativo del Estado argentino. No puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no es el movimiento, es el Estado argentino. En relación a este debate, que es mucho más rico y plantearlo en términos de esta dicotomía para mí lo intenta reducir, nuestra agenda tiene que ver justamente con que hoy por hoy la prostitución no es un delito en nuestro país, una agenda también vinculada al acceso de derechos, por ejemplo, de la población travesti trans, de la cual el 70% vive de la prostitución. Ahí hay una parte de la agenda que llevamos adelante que es compartida sin importar posiciones. Después, nosotras no tenemos que gestionar este debate, porque es un debate del movimiento.
