Las democracias no siempre mueren de un golpe de Estado. A veces permanecen formalmente intactas mientras son vaciadas de contenido. Conservan elecciones, legislaturas, tribunales judiciales, lugares de gestión ejecutiva, pero pierden lentamente aquello que les da sentido: la confianza de la sociedad, la legitimidad de la política y la capacidad del Estado para expresar el interés nacional. Ese vaciamiento es, quizás, la forma más peligrosa de degradación democrática, porque ocurre sin que muchos adviertan que está sucediendo.
Tal vez haya llegado el momento de distinguir dos conceptos: golpe de Estado y golpear al Estado. El primero busca tomar el poder de manera abrupta y reemplazar un orden institucional por otro. El segundo persigue un objetivo diferente: desgastar al Estado hasta volverlo incapaz de cumplir sus funciones, desacreditar la política y convencer a la sociedad de que sus instituciones son inútiles.
Articulos Relacionados
La diferencia puede compararse con la que existe entre una guerra convencional y una guerra de baja intensidad. En la primera se busca derrotar al adversario en un enfrentamiento abierto; en la segunda se procura desgastarlo lentamente, quebrar su voluntad, sembrar desconfianza y fragmentar el cuerpo social. Cuando finalmente llega la derrota, el enemigo ya había sido vencido mucho antes en su capacidad de resistir.
Algo semejante parece ocurrir hoy con la democracia. No hacen falta tanques en las calles si antes se logró instalar que el Estado es el problema, que la política es sinónimo de corrupción y que toda intervención pública constituye un obstáculo para la libertad. Cuando el propio Presidente se define como un “topo” dispuesto a destruir el Estado desde adentro, deja de tratarse de una simple provocación. Un verdadero topo nunca anuncia su misión. Convertir la demolición del Estado en un programa político revela una concepción que trasciende la metáfora.
Este proceso comenzó mucho antes. El lawfare fue uno de los instrumentos más eficaces para vaciar de legitimidad a la política. La corrupción, un problema real que atraviesa a la sociedad argentina y que debe combatirse sin excepciones, fue presentada como patrimonio casi exclusivo de un espacio político. Esa construcción permitió transformar una demanda ética en un mecanismo de disciplinamiento político. Mientras tanto, los grandes grupos económicos y mediáticos quedaron, en gran medida, excluidos de ese mismo juicio moral, como si fueran simples observadores y no actores con enorme capacidad para condicionar la vida democrática.
Cuando una sociedad deja de creer en la política, otros poderes ocupan su lugar. Por eso también se golpea a la democracia cuando el Congreso pierde centralidad, cuando el debate parlamentario es reemplazado por consignas vacías y cuando los representantes renuncian a discutir seriamente los grandes problemas nacionales. Una democracia sin deliberación es una democracia debilitada.
Lo mismo sucede con la Justicia. Desde el retorno democrático, uno de los poderes menos transformados ha sido precisamente el Poder Judicial. Cuando una parte importante de la ciudadanía percibe que jueces y fiscales responden más a intereses corporativos que al interés general, el problema deja de ser jurídico para convertirse en una crisis institucional.
En ese marco debe comprenderse la situación de Cristina Fernández de Kirchner. No estamos hablando únicamente de una dirigente política sometida a un proceso judicial. Estamos hablando de una expresidenta elegida dos veces por el voto popular, protagonista central de las últimas décadas y representante, todavía hoy, de millones de argentinos. La dimensión institucional del caso excede largamente su situación personal.
Muchos ciudadanos consideran que las causas en su contra estuvieron atravesadas por graves irregularidades, por una intensa presión mediática y por prácticas incompatibles con las garantías que exige un Estado de Derecho. Más allá de las posiciones políticas de cada uno, la sola existencia de esas dudas debería haber impulsado una revisión profunda de los procedimientos. En cambio, predominó la lógica de la condena anticipada.
A ello se suma un hecho de una gravedad excepcional: el intento de asesinato contra una expresidenta de la Nación. No fue un episodio aislado ni una anécdota policial. Constituyó un ataque al sistema democrático. Cuando una sociedad naturaliza que una figura política de semejante relevancia pueda ser víctima de un atentado y, poco después, el hecho pierde centralidad en el debate público, algo se ha deteriorado profundamente en la convivencia democrática.
Existe, además, una pregunta que muchos prefieren evitar: ¿por qué, después de tantos años de campañas de desprestigio, de procesos judiciales y de ataques permanentes, Cristina Fernández de Kirchner continúa representando a millones de argentinos? Una democracia madura debería intentar comprender ese fenómeno antes que negarlo. Porque ninguna construcción política conserva semejante nivel de representación únicamente por la acción de sus adversarios. También existe una historia, una memoria y un vínculo social que merecen ser comprendidos.
Nuestra historia ofrece demasiadas advertencias. Antes de cada ruptura institucional se construyó la idea de que determinados gobiernos eran incompatibles con la República. Ocurrió con Yrigoyen, con Perón, con Frondizi, con Illia y con Isabel Perón. Primero se los deslegitimó; después resultó más sencillo justificar su caída.
Las democracias se parecen más a un edificio que a una fortaleza. No suelen derrumbarse de un día para otro. Primero aparecen grietas en sus cimientos: el descrédito de la política, la pérdida de confianza en la Justicia, el debilitamiento del Parlamento, la concentración del poder económico y mediático, la fragmentación social y el reemplazo del debate por el odio. Cuando finalmente el edificio colapsa, muchos creen asistir a un hecho repentino. En realidad, el derrumbe comenzó mucho antes.
Por eso el desafío de nuestro tiempo no consiste solamente en defender a un gobierno o a una dirigente. Consiste en impedir que la democracia sea vaciada de contenido. Podemos discutir proyectos económicos, liderazgos y programas de gobierno; lo que no deberíamos aceptar es que se destruya el marco institucional que hace posible esa discusión.
No podemos debatir las partes sin haber acordado antes el todo. Y el todo es la Nación, su democracia y sus instituciones. Si renunciamos a defenderlas porque las diferencias políticas nos ciegan, el resultado será una democracia cada vez más condicionada, más débil y más fácil de someter a intereses ajenos al bien común.
La historia enseña que los pueblos rara vez advierten el momento exacto en que comienzan a perder su democracia. Lo descubren cuando el deterioro ya es profundo. La responsabilidad de nuestra generación consiste, precisamente, en reconocer esas grietas antes de que el edificio termine por ceder.
