Cámaras empresarias manifestaron su rechazo a la ley que busca impulsar el reciclado de envases, y que tiene beneficios para los recuperadores urbanos: los cartoneros.
La iniciativa del Frente de Todos – Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores, tal su nombre completo – obtuvo dictamen favorable en comisión la semana pasada e inmediatamente despertó la reacción de los legisladores de la oposición, medios de comunicación hegemónicos y parte de la industria, que se limitaron a presentarla como un nuevo impuesto.
Desde el Frente de Todos desmintieron la información que circula, al aclarar que la iniciativa no crea “un nuevo gravamen”, sino que se trata de una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que elaboren envases que no se puedan reciclar.
En este sentido la diputada, Daniela Vilar aseguró que “la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social. Las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”.
“No es un impuesto, es una tasa ambiental amparada en el derecho ambiental y no afecta la ganancia de la empresa” (Federico Fagioli).
A su vez, sostuvo que el proyecto de ley no establece el cobro obligatorio de una tasa, como intenta instalar la oposición y algunos medios de comunicación. “Si las empresas no quieren pagar la tasa tienen que generar envases retornables o reciclables”.
En el mismo sentido, el diputado Federico Fagioli (FdT) señaló que “no es un impuesto, es una tasa ambiental amparada en el derecho ambiental y no afecta la ganancia de la empresa. Esto lo que hace es pedir un aporte para que en la Argentina se pueda desarrollar el reciclado de manera seria, potenciando el trabajo de las y los cartoneros”.
La diputada Florencia Lampreabe también remarcó que “el objetivo de la ley es tratar de dignificar un trabajo que vienen haciendo los recuperadores urbanos, darles más herramientas, por eso la ley se llama Ley de Envases con Inclusión Social. Para nosotros, los recuperadores urbanos o cartoneros son un actor central”.
En declaraciones a los medios la diputada nacional del Frente de Todos señaló además que “hoy se producen 45 mil toneladas de basura por día de las cuales solo se recupera el 20% y se está importando residuos y basura de otros países para reciclar. A su vez, un tercio de los presupuestos de los municipios se destinan al reciclado de residuos y la situación es que los rellenos sanitarios están saturados. Hay más de 5000 basurales a cielo abierto que afectan a vecinos y vecinas”.
“La Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social” (Daniela Villar).
Respecto al cobro de una tasa, Lampreabe señaló que “la ley no establece el cobro de un impuesto, sino precisamente una tasa por un servicio que hoy realizan los municipios o los recuperadores urbanos en condiciones indignas. Ese servicio tiene un costo que tenemos que revisar quién lo debería afrontar”.
En relación a la responsabilidad extendida del productor, la legisladora señaló que es necesaria “porque hoy no hay compromiso del empresariado respecto a lo que va a pasar con el envase en el pos consumo. Y esto es lo que más genera tensión o resistencia”.
Lampreabe agregó que “la lógica liberal es responsabilizar al consumidor sobre los envases y separando la basura. Pero es una contribución individual que no resuelve el problema”.
Itaí Hagman (FdT), también se refirió a la ley de Envases y aclaró que “no tiene un objetivo recaudatorio sino pretende impactar en la gestión de residuos. Una manera de resolver el problema es desincentivando el uso de estos envases”, al tiempo que agregó: “Ojalá no recaudemos nada porque eso quiere decir que la industria va a usar envases reciclables”.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio habían manifestado su oposición al proyecto bajo el argumento de que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
“El objetivo de la ley es tratar de dignificar un trabajo que vienen haciendo los recuperadores urbanos” (Florencia Lampreabe).
Esta REP, explicó el diputado chubutense Gustavo Menna “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”, y añadió que “el rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”.
En un comunicado la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa) planteó la necesidad de una Ley de Envases, pero no están de acuerdo en que sean los recicladores urbanos quienes lleven adelante el proceso.
“Las experiencias de países como Colombia, España, Brasil, Chile y México demuestran que los sistemas más eficientes para lograr aumentar los porcentajes de reciclado son sistemas colectivos administrados por privados y controlados por el Estado”, manifestaron.
“Los sistemas administrados por privados y controlados por el Estado, resultan exitosos tanto en la eficacia como en eficiencia, al generar cambios en los materiales utilizados, logísticas de retorno y sinergias en general. Como industria exportadora, nuestros productos se consumen en mercados donde existen éstos modelos y los resultados son beneficiosos para las empresas, los consumidores, el medio ambiente y la comunidad toda”, afirmaron.
“Ojalá no recaudemos nada porque eso quiere decir que la industria va a usar envases reciclables” (Italí Hagman).
En la misma línea la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) repudió la Ley de Envases luego de que la iniciativa obtuviera dictamen en comisión. En un extenso mensaje, detalló los motivos por los cuáles considera “preocupante” el avance de una ley “anacrónica”.
Asimismo, advirtió las consecuencias que puede llegar a tener la medida en la industria: “obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible” resaltando la necesidad de mantenerse bajo reglas de libre empresa.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
Para esto plantea la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.
Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
El proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto luego de que la iniciativa impulsada por el gobierno, elaborada junto a movimientos sociales, recibiera los avales en la comisión de Recursos Naturales y Presupuesto.
