Eduardo Ferreyra, abogado especialista en derechos humanos y democratización en América Latina e integrante de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), analizó la iniciativa que avanza en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara de Senadores, que propone declarar internet como un servicio público, y consideró que “es fundamental que, a través de una ley o un decreto, se haga, y que no quede solo en un papel sino que se lo plasme en políticas públicas que sean acordadas por diferentes sectores de la población”.
En diálogo con Contraeditorial, Ferreyra recordó que “hay varios modelos en el mundo sobre cómo garantizar el acceso a internet”, en tanto puntualizó la necesidad de que cualquiera de las formas que se lleve adelante “sea discutida de manera abierta, y que tenga influencia de los sectores menos aventajados, de lugares más alejados; como zonas rurales”.
“En sociedades donde hay fuertes polarizaciones político-económicas es más probable que aparezcan no solamente discursos de odio sino desinformación”.
“El acceso a internet es un derecho humano, hay organismos internacionales que ya lo consideran así, porque es un medio que nos permite acceder a otros derechos. La pandemia lo puso de relieve. Necesitamos internet para educarnos, para las consultas médicas, para trabajar. No solamente hay que tener una conexión, sino una conexión de calidad y dispositivos electrónicos”, resaltó.
El proyecto que presentó el senador nacional del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, es similar al DNU 690/21 frenado en la Justicia tras objeciones de las corporaciones tecnológicas. La iniciativa ratifica la declaración de “ interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los argentinos a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.
Moderación de Contenidos
En relación a la moderación de contenidos, Ferreyra manifestó la necesidad de una regulación pública que establezca ciertas condiciones a partir de las cuales las plataformas puedan moderar. “Hay que generar un marco público que establezca ciertas condiciones básicas a las formas en que actualmente las plataformas moderan contenido”, subrayó.
“Los sectores que propugnamos una regulación pública, manifestamos una corregulación. No decimos que el Estado lo tiene que hacer solo, que tiene que ocupar el espacio que hoy desempeñan los privados. Pero sí decimos que debe haber una regulación pública que establezca condiciones porque las plataformas privadas no lo van a hacer”, detalló.
“Cuando las plataformas se pusieron de acuerdo para expulsar a Trump nos permitió tomar conciencia del poder que tienen y de lo peligrosas que pueden ser”.
Respecto a la utilización de algoritmos por parte de las plataformas y su falta de transparencia ante la sociedad, el abogado sostuvo que “hay varios argumentos por los cuales las plataformas no los dan a conocer. Un buscador como Google tiene una forma de ordenar nuestras preferencias. No la quieren compartir porque sino sus competidores podrían saber cómo funciona. Otro argumento es que si se transparenta cómo funcionan los algoritmos puede que ciertos actores puedan abusar de ellos. Es decir, muchas veces para prevenir no se transparenta. No negamos la validez de estos argumentos, pero lo que decimos es que no es necesario transparentar todo el sistema algorítmico, lo que se pide no es eso. Pero sería necesario saber si reciben presiones para moderar contenidos y bajo qué argumentos”, especificó.
Discursos de odio
Consultado sobre las causas que motivan que afloren con mayor intensidad discursos de odio en las redes sociales, el especialista en derechos humanos y tecnología en ADC manifestó que “la literatura sobre las causas de los discursos de odios es bastante amplia, y si bien no hay una respuesta unívoca sobre cuando afloran con más intensidad, hay estudios y hay un cierto consenso en que en sociedades donde hay fuertes polarizaciones político-económicas es más probable que aparezcan no solamente discursos de odio sino desinformación. También en aquellos lugares donde hay proximidades con procesos electorales”, sentenció.
A su vez, Ferreyra resaltó que “se dan en sociedades con fuertes divisiones donde se han roto ciertos lazos comunitarios. Parece ser que últimamente la polarización es muy grande, y ese es un fenómeno previo a las redes sociales. No diría que las redes sociales son causantes de esa polarización, esa división es previa, pero las redes pueden contribuir a viralizar cierto tipo de información. Internet es un reflejo más que la causa”.
Con respecto a la normativa internacional, la Unión Europea es la que lleva la delantera en materia de regulación. “Tiene diversas normas donde se establecen ciertas obligaciones a cumplir por las plataformas, sobre todo para combatir el discurso de odio”, describe Ferreyra y agrega que también hay proyectos de ley que están en discusión. Además señala que la ONU elaboró “principios” que constituyen una “buena guía” para las plataformas.
“Cada vez más se hace un uso de datos personales con fines políticos”.
En tanto, en Estados Unidos se presentaron proyectos que van en la misma línea luego del cierre de las cuentas y perfiles del expresidente Donald Trump en Facebook, Twitter y otras redes sociales, tras la violenta invasión del Capitolio por una turba enfurecida de seguidores del mandatario. Este hecho puso en la mesa de discusión, tanto política como académica, el derecho a la información y la libertad de expresión, además de encender las alertas sobre el riesgo de que megaempresas digitales se arroguen el rol de árbitros del debate público, por fuera de una normativa elaborada desde el Estado.
Al respecto, desde ADC hicieron hincapié en la importancia de lo sucedido “porque si bien era un presidente que no caía bien por sus declaraciones y por su forma de ser, no puede dejarse de notar que por primera vez todas las plataformas se pusieron de acuerdo para expulsar a Trump. Nos guste o no era el presidente de Estados Unidos y era una figura política de relevancia. Esto nos permite tomar conciencia del poder que tienen estas plataformas, y de lo peligroso que puede ser, porque hoy es Trump pero el día de mañana puede ser otro líder político que no nos parezca tan despreciable y ahí el problema se va a hacer visible con más claridad”.
El argumento que utilizaron las plataformas para cancelar a Trump fue que se vieron forzadas por el contexto y que tuvieron que tomar una decisión rápida luego de los hechos ocurridos en el Capitolio. Y que de alguna manera los usuarios estaban pidiendo que Trump sea suspendido.
En este sentido Ferreyra marcó que es interesante ver cómo se tomó la decisión: “Twitter fue en contra de las normas que solía manifestar antes. Ese es otro tema a analizar, las plataformas cambian las reglas según surgen los problemas. Es decir, que hay algo muy discrecional y arbitrario. Fue una decisión política de las plataformas, no técnica. Tiempo atrás habían permitido que Trump dijera cosas terribles. De acuerdo al contexto van viendo lo que les conviene”, relató.
“Lo particular fue la acción coordinada de todas las plataformas. Entonces Trump se quedó sin acceso a los usuarios de internet. Lo que también pone de manifiesto otro problema que tiene que ver con que haya concentración de plataformas. Es un ecosistema digital muy concentrado”, lamentó el especialista.
Utilización de datos personales
La utilización de datos personales especialmente por los partidos políticos es otro tema que alarma a ADC. “Notamos no sólo en esta elección sino que cada vez más se hace un uso de datos personales con fines políticos”, advierte Ferreyra. “Si bien no está prohibido utilizar los datos con esos fines, lo primero que hay que decir es que la gente debe estar informada sobre para qué serán utilizados sus datos. No se pueden pedir datos para una cosa y luego que se usen para otra. Hay una afectación a la información y al consentimiento”.
Durante la campaña electoral los candidatos de Juntos, Facundo Manes y María Eugenia Vidal, enviaron mensajes de texto y whatsapp donde invitaban a ciudadanos a participar de actos políticos, lo que despertó la queja de varias personas que recibieron estos mensajes. “Es evidente que nadie les consultó si les podían enviar esa información, y es evidentemente que hay una falta de transparencia sobre la manera en que se consiguieron esas bases de datos”, alertó.
“Nosotros tenemos una agencia de acceso a la información pública que es el organismo que vela por la protección de datos en el país y tiene la facultad de hacer investigaciones y hacer denuncias. La gente que se siente afectada en sus derechos puede denunciar y exigir al organismo que actúe. Más allá de ello, entiendo que tiene que haber una toma de conciencia por parte de los partidos políticos y de los medios de comunicación para que expongan más este tipo de situaciones. Realmente hay muy poco costo político de acudir a estas prácticas porque no se difunden, no se investigan a fondo cómo se consiguieron esos datos, si se vendieron, y quién los tiene”, concluyó.
