Mientras las empresas de telecomunicación presionan al gobierno nacional, un 72% de la población ya manifestó su apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar a la telefonía (fija y móvil), a Internet y la TV paga como servicios públicos esenciales. Así lo reflejó un sondeo de opinión a nivel nacional realizado por la consultora Analía del Franco, que mostró un respaldo todavía más claro en cuanto a la medida de la Casa Rosada –incluida en el mismo DNU– que congeló las tarifas de este sector hasta fin de año, donde el acompañamiento trepó al 79% de los encuestados. Y algo similar ocurrió con el punto del decreto que establece que las compañías en cuestión ya no podrán disponer aumentos en las facturas por sí solas, si no que deberán ser autorizadas por el Poder Ejecutivo: el 68% le dio su visto bueno.
Analía del Franco también relevó opiniones sobre el rechazo inmediato de las empresas alcanzadas por el decreto, en especial, en lo referido al supuesto impacto negativo del freno tarifario. Para la mayoría, sólo se trata de “excusas”. En el 52.4% de los casos, los encuestados consideraron que las compañías no tienen razón cuando sostienen que el congelamiento de las boletas afectará a las inversiones y a la calidad del servicio. Del resto, un 36.6% coincidió el sector privado y el 11 % no supo o no respondió.
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En este punto, no es un dato menor que por séptimo mes consecutivo las firmas de telecomunicaciones lideren el ranking de reclamos contra las empresas, con 24.363 denuncias ingresadas entre enero y julio de este año, lo que significa un 20% del total. Estos datos fueron aportados por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC). En lo puntual, las compañías que más demandas recibieron fueron Movistar (7.115 reclamos), Telecentro (6.987), Telecom (6.636), Direct TV (1.235), Claro (568) y Telered (203).
Volviendo al estudio de Analía del Franco, también señaló que el anuncio oficial tuvo una amplia penetración en la opinión pública: casi el 72% dijo haber escuchado o que le habían comentado sobre la declaración de este sector de las telecomunicaciones como servicio público, mientras que ese conocimiento llegó al 82% en el caso de los decisión de que las tarifas no se modifiquen en todo 2020.
El relevamiento –denominado “sondeo flash” por su inmediatez– fue una investigación cuantitativa realizada de forma telefónica –sistema IVR– sobre 1.061 casos de todo el país, en personas de entre 16 y 74 años y de ambos géneros. Fueron contactadas el 24 y 25 de agosto, es decir, no más de cuatro días después de que el presidente diera a conocer el DNU que ahora deberá ser tratado por el Congreso.
