En las elecciones del 13 de abril se terminará de definir en Ecuador quién presidirá el país, el actual presidente Daniel Noboa o Luisa González.
En la primera vuelta, el 9 de febrero de 2025, Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional – ADN), obtuvo el 44,18% y Luisa González (Revolución Ciudadana – RC), el 43,92%. La diferencia entre Noboa y González fue de apenas 0,26% (25.630 votos), la más estrecha en la historia electoral ecuatoriana con el sistema de dos vueltas.
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La candidata de Rafael Correa
Luisa González vuelve a ser la carta fuerte del correísmo para estas elecciones, luego de haber sido candidata presidencial en 2023, y está acompañada en esta ocasión por Diego Borja, exministro del Gobierno de Rafael Correa.
Los candidatos proponen dos modelos de país diferente. Luisa González enfatiza un Estado fuerte y redistributivo frente a un enfoque neoliberal.
Propone una decidida intervención estatal en la economía y el bienestar social, articulada con políticas de seguridad duras.
Su plan de gobierno es el de un Estado protagónico, que administre inversión en infraestructura, programas sociales, controle la inseguridad, la crisis energética y el desempleo.
Propone revitalizar la economía mediante el fortalecimiento de empresas públicas, incentivos a sectores de valor agregado y la formalización de pequeños negocios, alejándose de la dependencia del petróleo hacia una economía diversificada.
En seguridad, tiene la idea de robustecer las fuerzas de seguridad nacionales, mejorando la inteligencia policial y coordinando con países vecinos y organismos internacionales.
Para enfrentar la crisis energética que vive Ecuador, González promete acceso universal a la electricidad, gestión eficiente de las hidroeléctricas e inversión privada.
Daniel Noboa
Por su parte, el plan de Daniel Noboa Azín es profundizar las políticas que ha llevado a cabo como presidente desde el 23 de noviembre de 2023.
Noboa se candidatea como mandatario alineado a los Estados Unidos en América Latina, como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina.
Por un lado, en septiembre del año pasado, en un video grabado desde Manta, Daniel Noboa expresó su interés en reinstaurar una base estadounidense allí o en las islas Galápagos.
Tres meses después, aprobó acuerdos de cooperación militar con EE.UU., incluyendo el uso de las Galápagos para “operaciones antinarcóticos”, mientras funcionarios ecuatorianos han discutido con allegados a Donald Trump la posibilidad de reponer la base militar en Manta, con planos ya elaborados para incluir viviendas y oficinas administrativas.
Bajo el gobierno de Jamil Mahuad, en 1999 Ecuador firmó un acuerdo con Estados Unidos para establecer durante 10 años una Forward Operating Location en la base aérea de Manta. La decisión fue tomada sin la aprobación legislativa que exigía la Constitución ecuatoriana.
En 2007, el entonces presidente Rafael Correa anunció que no renovaría el acuerdo, argumentando que la base violaba la soberanía nacional.
Ecuador volvió a la relación semicolonial con EE.UU. bajo los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quien firmó acuerdos con la administración Biden para que militares estadounidenses supervisaran puertos, aeropuertos y rutas.
El 16 de septiembre de 2024, Noboa propuso una reforma al artículo 5 de la Constitución Nacional, reformada y aprobada por referéndum en 2008, y que prohíbe bases extranjeras, para rehabilitar la base de Estados Unidos, usando el remanido argumento de la “cooperación internacional para combatir el narcotráfico”.
Una victoria de Noboa en las elecciones del 13 de abril significaría, así, una pista de aterrizaje libre para el Comando Sur de los EE.UU.
En consonancia, el presidente va anunciando que para su plan de seguridad contratará mercenarios ligados a Donald Trump.
El 11 de marzo pasado, publicó en su cuenta de X una fotografía junto a Erik Prince, explicando: “En reunión con @realErikDPrince, fundador de Blackwater, hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de nuestras aguas de la pesca ilegal. No hay tregua. No hay retroceso”.
Durante su gobierno, Ecuador se convirtió en el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina, de 38,8 por cada 100.000 en 2024, según InSight Crime.
Noboa no detalló la naturaleza exacta del acuerdo con Blackwater (luego Constellis Holdings), cuyos combatientes mataron a 17 civiles iraquíes en Bagdad, fueron condenados en 2014 y 3en 2020 fueron indultados por Donald Trump.
Erik Prince es un exoficial de los SEAL de la Marina de EE.UU. que está proponiéndole a su aliado Trump llevar a cabo un plan de deportaciones masivas de inmigrantes. Fundó Blackwater en 1996 para ofrecer capacitación avanzada a militares, policías y organismos de seguridad. La empresa creció exponencialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el inicio de la Guerra contra el Terrorismo, obteniendo contratos gubernamentales —principalmente del Departamento de Estado y la CIA— por más de 1.500 millones de dólares, entre 2001 y 2009.
Seguridad
Los mercenarios podrían, entonces, llegar a Ecuador a establecer la paz que el presidente Noboa no ha conseguido con los recursos del Estado. Ante el aumento de la inseguridad anunció un “Plan Fénix”, cuyos resultados no parecen convencer a los ecuatorianos. El promedio de asesinatos diarios bajó apenas de 22 en 2023 a 19 en 2024, mientras la criminalidad repuntó en enero de 2025, el mes más violento de los últimos tres años, con 731 asesinatos, un promedio de 23,5 por día, y las denuncias de extorsión aumentaron un 17%.
El 8 de diciembre de 2024 cuatro menores fueron detenidos en Guayaquil por miembros de las fuerzas armadas tras jugar un partido de fútbol, y días después sus cuerpos aparecieron calcinados con signos de tortura cerca de una base militar. “Quedó claro que fueron los militares quienes, abusando de su poder, los secuestraron y asesinaron. Luego intentaron encubrirlo”, sostuvo el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga, quien explicó que el escándalo desató protestas masivas y demostró que “de la mano de la política de seguridad de Noboa hay un despliegue de violaciones de derechos humanos”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU cuestionó el 7 de noviembre de 2024 “la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local, teniendo en cuenta que las suspensiones solo deben ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales”.
También mostró su “preocupación por irregularidades en los procesos de selección y destitución de jueces, fiscales y otros funcionarios en organismos como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado (FGE), Corte Nacional, Corte Constitucional y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A esto se suman los informes de casos de corrupción develados por la FGE sobre estructuras criminales habrían pagado sobornos a operadores de justicia a cambio de decisiones a su favor.”
Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité de la ONU, dijo que esta situación hace que el “Estado de derecho esté en peligro” en Ecuador.
Pocos antes, Amnistía Internacional había emitido un documento en el que aseguraba que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado durante el gobierno de Daniel Noboa, denunciando miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad.
La organización agregó que estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente.
“Las medidas excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en la norma en Ecuador, y las repercusiones negativas son claras. La población de Ecuador merece vivir en condiciones de seguridad sin tener que renunciar a sus derechos”, ha declarado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El documento precisa que “en el marco del Plan Fénix, la policía y el ejército efectuaron más de 120.000 operaciones conjuntas y detuvieron a 34.945 personas entre enero y junio de 2024, según la información que el presidente proporcionó en su informe a la nación del 24 de mayo de 2024. En su alocución, Noboa se refirió a las personas detenidas como ‘presuntos delincuentes’, lo que contraviene directamente la presunción de inocencia.”
Un episodio que llamó la atención internacional sobre los procedimientos de dudosa legalidad en materia de seguridad del gobierno de Noboa fue la irrupción, en abril de 2024, de fuerzas policiales y militares en la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente correísta Jorge Glas.
Esta acción, violatoria de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. provocó la ruptura de relaciones con México y generó críticas de organismos internacionales y varios países de la región.
La politóloga Caroline Ávila sostuvo que la operación responde al talante de un presidente que “siempre ha estado en el límite de la legalidad” y no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones que desafían los marcos institucionales establecidos.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado ecuatoriano por la violación de distintos derechos de los pueblos indígenas tagaeri y taromenane y lo instó a tomar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para que se cumpla lo aprobado en la consulta popular del 20 de agosto de 2023 para que se mantenga indefinidamente bajo tierra el petróleo en el Bloque 43 del Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta.
El trío disciplinado
La base militar, la contratación del amigo del presidente de Estados Unidos y la “mano dura” pone a Daniel Noboa en sintonía y en competencia con sus pares Nayib Bukele y Javier Milei, para formar de hecho una cofradía de alegres títeres de la derecha de Trump y Musk, uno levantando una motosierra, otro exhibiendo presos humillados y el tercero rompiendo la puerta de la embajada de México. Los tres ignorantes de la Operación Cóndor y de las bestialidades que hicieron los militares latinoamericanos contra sus sociedades, no tienen empacho en mostrarse dictadores, emulando a su maestro estadounidense.
Diferentes comentaristas ven en el trío Bukele-Noboa-Milei un “eje fascista” o el “brazo armado de los EE.UU. en América Latina”, destacando la cesión de soberanía y de recursos naturales, así como la participación de Milei y Bukele en el Conservative Political Action Conference (CPAC) en 2024, y su presencia en el acto de investidura presidencial de Trump.
El analista internacional Leandro Morgenfeld apunta que representan “una muestra de cómo opera el corolario Trump de la doctrina Monroe: amenazas a los gobiernos que no se sometan e iniciativas muy neocoloniales para los que sí, como en Argentina y El Salvador, que están haciendo un seguidismo a las políticas estadounidenses”.
La economía
Para el futuro económico del Ecuador, Daniel Noboa propone cumplir con lo que no ha conseguido hasta ahora. El año pasado, bajo su gobierno Ecuador sufrió una recesión económica que se manifestó con crueldad en una caída del producto interno bruto (PIB) en el cuarto trimestre del año de 1,5% interanual —uno de los peores datos desde la pandemia.
Al cierre del año el Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción económica del 0,4%, mientras la tasa de pobreza aumentó, la tasa de desempleo juvenil se mantuvo en torno al 11% y la informalidad creció al 64% de la fuerza laboral.
La recesión se ha potenciado negativamente con una grave crisis energética, atribuida a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica y a la falta de inversión en infraestructuras.
La crisis energética, que paralizó sectores productivos como la industria y el comercio, produjo pérdidas estimadas en 7.500 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de Quito y la politóloga Caroline Ávila estimó “una pérdida de 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. Solo con ese dato te puedes dar cuenta del efecto económico que está sufriendo la población”.
El malestar social apuntó a la falta de plan a largo plazo del presidente Noboa para diversificar la matriz energética o atraer inversiones privadas al sector, mientras el mandatario atribuía los apagones a un supuesto sabotaje.
Además, Noboa ha sido criticado por profundizar la dependencia de Ecuador del FMI, aumentando la deuda externa sin mostrar resultados tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos.
En mayo de 2024, firmó un acuerdo con el FMI por 4.000 millones de dólares, elevando la deuda externa a 51.000 millones, según el Banco Central del Ecuador, imponiendo medidas de austeridad como la reducción de subsidios al combustible y recortes en el gasto público, lo que generó protestas sociales y críticas de que estas políticas benefician a los acreedores internacionales más que a la población.
Finalmente, se acusa a Noboa de favorecer a las élites empresariales, incluidas las empresas de su familia (Grupo Noboa), mediante políticas como la reducción de aranceles agrícolas en 2024, que benefició a exportadores de banano, mientras sectores populares enfrentan inflación y austeridad.
Fuente: Tektónicos
