En medio del escándalo de los audios que revelan supuestas coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este jueves la oposición buscará ponerle un freno a Javier Milei y dar un alivio a quienes vienen sufriendo la crueldad de la motosierra libertaria. El Senado tendrá en sus manos la posibilidad de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y ratificar la norma que ya fue aprobada en Diputados.
El primer paso parece estar saldado: la oposición asegura que cuenta con más de los dos tercios necesarios para alcanzar el quórum. Afuera del recinto, el #NoAlVeto volverá a ocupar la Plaza del Congreso desde las 11, con una amplia convocatoria de personas con discapacidad, familias, organizaciones, prestadores y trabajadores del sector.
“Este espectáculo morboso de la corrupción de Karina y los Menem no nos puede tapar que acá hay personas con discapacidad a las que se les interrumpieron las terapias, los tratamientos, que no les dan sus medicamentos y que les cortaron la pensión. Está en riesgo su vida, su salud, y la situación se tiene que solucionar de inmediato”, dijo el diputado Juan Marino (UxP) el martes, en la última reunión de la Comisión de Discapacidad.
En ese mismo encuentro, Marino planteó que “muy probablemente el Senado confirme la Ley de Emergencia en Discapacidad. Va a ser ley, el Gobierno va a estar obligado a promulgarla y si no lo hace, los tribunales lo van a obligar”. Según adelantó, el debate que seguirá será institucional: “La ANDIS, tal cual está hoy, no va a aplicar nada. Al revés”. Por eso, junto a otros legisladores, presentó un proyecto para reformar la conducción de la agencia, con una comisión directiva colegiada que incluya representantes de las organizaciones y de las provincias, y que incorpore controles internos con participación de las propias personas con discapacidad.
“El Estado tiene que admitir que nuestro colectivo está en emergencia”, Laura Alcaide, Asamblea Discas en Lucha.
Desde ese colectivo advierten que, aun si logran el acompañamiento en el Senado, el escenario es crítico. “Incluso aprobándose la ley, nos encontraremos en una situación de mucho riesgo porque todavía falta su promulgación. Y si siguen vaciando la ANDIS como lo están haciendo, no va a haber dónde aplicarse”, alertó Rocío Librandi, integrante de Prestadorxs Precarizadxs.
Para Laura Alcaide, integrante de la Asamblea Discas en Lucha, lo central es el reconocimiento estatal de la emergencia: “El Estado tiene que admitir que nuestro colectivo está en emergencia”. Si bien consideró que “la ley queda corta”, enumeró algunos puntos importantes, como que deja atrás la idea de “invalidez laboral” que impuso este Gobierno, que mejora el pago del empleo protegido, que actualmente es de $28.000 por mes y pasaría a ser un sueldo mínimo compatible con la pensión; y que permite aumentos a los prestadores, que hace un año no tienen ajustes.
En ese sentido, Librandi también puso sobre la mesa la precariedad salarial de los trabajadores del sector: un acompañante terapéutico cobra menos de $3.000 la hora. “Yo, por ejemplo, hago inclusión escolar y cobramos $300.000 por mes por ir de lunes a viernes, cuatro horas a la escuela. Es ridículo”.
Gabriela Bruno, de la provincia de Santa Fe y también integrante de la Asamblea Discas en Lucha, advirtió que si el Senado no actúa “las consecuencias serán devastadoras. En lo inmediato, se consolida un mensaje de desprecio hacia nuestras vidas, se nos condena a seguir dependiendo de la caridad o de instituciones cerradas. A mediano plazo, se profundiza la desigualdad: más exclusión, más pobreza, más violencia hacia las personas con discapacidad. Y, a largo plazo, el riesgo es que se instale un precedente nefasto: que los derechos conquistados puedan ser barridos por un veto presidencial sin costo político. Eso no lo podemos permitir”.
En línea con la convocatoria a movilizarse en el Congreso, Bruno agregó: “Necesitamos que la sociedad acompañe para demostrar que el veto es injusto, ilegítimo y que no nos vamos a resignar”.
El ajuste detrás del veto
Mientras el debate político se concentra en la Cámara Alta, las cifras del ajuste hablan por sí solas. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a REDI, CELS, FAICA, APDH y otras organizaciones, el presupuesto de la ANDIS sufrió entre 2023 y 2025 una caída acumulada del 19,3%. Solo entre 2023 y 2024 el recorte fue del 12,8%, al que este año se sumó una nueva reducción del 7,4%. La única partida que creció fue la de “Actividades Centrales”, destinada al funcionamiento administrativo, que Milei encomendó a Diego Spagnuolo, hoy desplazado tras los audios de presunta corrupción.
La escena de la última semana en la sede porteña de la ANDIS, en Hipólito Yrigoyen, muestra el impacto de ese ajuste. Se repitieron las largas filas de personas que querían consultar por la interrupción imprevista de su pensión o la de un familiar, o que habían sido citadas para ser auditadas. “Me hacen arrastrarme por una pensión cuando ellos se roban millones”, dijo una mujer mientras empujaba la silla de ruedas de su hijo. Otro hombre relató: “Mi hermano tuvo un ACV y no puede moverse de la cama. Si yo no vengo, se queda sin cobrar”. Entre lágrimas, una joven con síndrome de Down mostró los papeles con los que su familia intenta corroborar si sigue siendo beneficiaria de la pensión.
Según datos oficiales, la ANDIS suspendió 110.522 pensiones. El Gobierno insiste en que se trata de prestaciones mal otorgadas, pero legisladores y organizaciones describen las arbitrariedades de las auditorias y el vaciamiento de derechos.
Las notificaciones se hicieron por carta documento, un formato inaccesible para muchas personas. El 46% nunca fueron entregadas, otras llegaron con citaciones a cientos de kilómetros de distancia o a direcciones inexistentes. Más allá de la crueldad de lo procedimental, ACIJ subraya que la norma en la que se basan estas auditorías tiene serios problemas de constitucionalidad, al permitir la suspensión de una pensión por no alcanzar un cierto porcentaje de “invalidez laboral” o por contar con un pariente que pueda asistir económicamente.
Esas pensiones equivalen al 70% de una jubilación mínima —unos $270.000— e incluyen el acceso a Incluir Salud, el programa que garantiza medicamentos, rehabilitación y prestaciones esenciales. Justamente, en ese sector los audios de Spagnuolo mencionan un sistema de retornos que involucraría a la droguería Suizo Argentina y a la propia Karina Milei.
“Si el Senado no actúa las consecuencias serán devastadoras. En lo inmediato, se consolida un mensaje de desprecio hacia nuestras vidas, se nos condena”, Gabriela Bruno, Asamblea Discas en Lucha.
Rocío Librandi advirtió además que las auditorías no se limitan a las personas con discapacidad, sino que alcanzan a hogares, centros de integración y centros de día. “Lo que está ocurriendo –señaló– es que les sacan el número de prestador y ya no pueden facturarle a las obras sociales, con lo cual las prestaciones están cayendo”. Según explicó, eso empuja a muchos centros a un ahogo financiero: algunos más pequeños ya cerraron y otros presentaron amparos para no bajar las persianas. “Las excusas son completamente ridículas –agregó Librandi–, porque les dicen que los legajos tienen que estar en formato papel o que las historias clínicas están incompletas, cuando no existe ninguna normativa que lo exija. Es arbitrario lo que están haciendo”.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad exigieron que la justicia actúe con celeridad, que se esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean juzgados. “La sociedad merece respuestas claras, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos. También solicitamos a los legisladores de la Cámara Alta que se pongan del lado de las personas con discapacidad, defendiendo sus derechos”, indicaron en un comunicado.
La definición en el Senado será, en definitiva, mucho más que una votación parlamentaria. Como expresó Librandi: “Está en riesgo la vida de las personas con discapacidad”.
