El macrismo tiene algo “personal” con los maestros y las maestras. Y los dichos de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, no hicieron más que ratificarlo. Funcionaria de extrema confianza del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Acuña aseguró que hay “un problema” con el perfil de quienes enseñan, porque “eligen militar en lugar de hacer docencia”; sostuvo que “fracasaron en otras carreras” y que provienen de “sectores socioeconómicos cada vez más bajos”, por lo que les atribuyó un escaso “capital cultural” y pocas “experiencias enriquecedoras” que aportar.
Si una fuerza política puede leerse a partir de los rivales que escoge, por aquellos sectores con los que decide confrontar, entonces el PRO podría pasar a la historia como el partido que eligió pelearse con la educación pública y sus protagonistas. Para los y las docentes, la situación no registra antecedentes desde el retorno de la democracia, tanto por el discurso como por la agresividad concreta que le imprime el macrismo. Ni siquiera el menemismo o la Alianza habían llevado adelante una disputa tan abierta con el sector y con una carga ideológica tan refractaria. Es lo que se vio con crudeza durante los cuatro años de Mauricio Macri en la nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y lo que desde 2007 viene experimentando la comunidad educativa porteña.
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El PRO podría pasar a la historia como el partido que eligió pelearse con la educación pública y sus protagonistas.
Para el partido amarillo, el colectivo docente encarna la suma de todos los males y sus correspondientes amenazas: un sector con gran presencia en el empleo estatal e incidencia en la comunidad, de fuerte organización sindical y probada capacidad para articular medidas de fuerza de impacto. Este rechazo hacia los guardapolvos va desde el recorte presupuestario y la subejecución de partidas, pasando por la crisis edilicia, el intento por cerrar algunas escuelas nocturnas y la falta de vacantes, hasta la dureza en la puja salarial y la represión. Incluso, el macrismo cosechó denuncias por persecución y censura a la actividad política. Y hasta un sonado caso de espionaje, que derivó en el procesamiento de Macri y parte del gabinete que lo acompañó en la Ciudad, tuvo como fachada al Ministerio de Educación porteño.
Bastones, tijeras y espías
La lista de las veces en que el PRO avanzó sobre los docentes es extensa y sus antecedentes se remontan al origen mismo del PRO como fuerza vecinal. Con Macri en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, ningún gremio como el docente experimentó de forma tan clara el “modelo” PRO, ubicado en las antípodas de la tradición de la enseñanza pública y, en cambio, muy cercano a la gestión privada y la tercerización del rol estatal en las aulas.
De hecho, los maestros fueron los primeros en hacerle un paro nacional a Macri, con la peculiaridad de que fue antes de que el ingeniero llegara a la Casa Rosada. Sucedió en octubre de 2008, en repudio a la represión que sufrieron los educadores que intentaron levantar una carpa frente a la sede del Ejecutivo porteño, en medio de un plan de lucha salarial. Resultaron hospitalizados tres manifestantes y otros tantos fueron afectados por el gas pimienta que lanzó la Federal, enviada por un fiscal que accedió al pedido de Bolívar 1. En respuesta, los gremios de todo el país pararon por 24 horas y Macri los acusó de “robarles un día de clases a los chicos”. Ya en mayo de 2009, cuando los maestros pedían recuperar lo descontado por la huelga, el alcalde opinó que “el sistema está hecho para amparar a los vagos”.
En octubre de ese año, otro escándalo salpicó a la educación macrista. Una denuncia anónima reveló el sistema de espionaje paraestatal montado en el ámbito del gobierno porteño, y sacó a la luz a Ciro James, un exmiembro de la Federal que realizaba escuchas telefónicas a sindicalistas, políticos y empresarios. Lo que más sorprendió fue que James, quien operaba en tándem con Jorge “Fino” Palacios, el primer y fallido jefe de la Policía de la Ciudad, tenía un contrato en la cartera educativa que entonces dirigía Mariano Narodowski. Acusados por el delito de asociación ilícita, fueron procesados Macri, Palacios, Narodowski y varios otros funcionarios. En 2014, el caso fue elevado a juicio oral, pero Macri quedó al margen, y en junio de 2016, a poco de asumir en la Nación, terminó sobreseído.
Los maestros fueron los primeros en hacerle un paro nacional a Macri. Sucedió en octubre de 2008,
Para reemplazar a Narodowski, quien había renunciado en diciembre de 2009, el PRO convocó a Abel Posse, pero apenas duró 12 días en el cargo, jaqueado por el repudio de la oposición, los docentes y los organismos de derechos humanos. Posse, que había sido cónsul de dos dictaduras, supo decir que “los militares que lograron el cometido de aniquilar a la guerrilla en sólo diez meses” estaban “ilegítimamente encarcelados”, y dijo que los sobrevivientes del terrorismo de Estado eran un “residuo de subversivos”.
La era Bullrich
Llegó el turno de Esteban Bullrich, que asumió en enero de 2010 y se convertiría en el rostro más duradero de la educación PRO, tanto que luego acompañó a Macri al gabinete nacional. En la Ciudad, debutó prohibiendo la distribución en escuelas de libros elaborados por su propia cartera con motivo del Bicentenario: “Como ministro de Educación no puedo permitir que se publiquen materiales con alguna tendencia ideológica”, sostuvo. Ya por entonces, las ideas que ahora expresa Acuña sentaban sus bases.
En agosto de 2010, los estudiantes secundarios comenzaron una serie de tomas, en un escenario de crisis edilicia, recorte presupuestario y demora en el pago de becas. En medio de la puja, los alumnos denunciaron un pedido de Bullrich para que las autoridades confeccionaran “listas negras” con los participantes. El propio ministro llegó a solicitar a la Justicia “una herramienta para identificar a los alumnos que están en escuelas tomadas”.
En 2011, la relación del PRO con los docentes de la Ciudad marcó otro pico de tensión: avanzó sobre el estatuto de los maestros y modificó el funcionamiento de las juntas de clasificación, el mecanismo que establece designaciones y ascensos. Y en 2012, en su cruzada por impedir la vida política en las escuelas, Bullrich lanzó una línea 0800 para hacer denuncias sobre actividades partidarias. Los gremios la bautizaron “0800-buchón”. El mismo año, cerró 220 cursos en los niveles primario, medio y técnico, con el argumento de que tenían pocos alumnos y que serían reubicados.
A partir de 2013, el conflicto estuvo atravesado por el debate sobre la Nueva Escuela Secundaria (NES), que en la Ciudad se propuso modificar las currículas, afectando asignaturas clásicas como Historia e impactando en el salario docente.
Por la misma época, se implementó la inscripción online, también resistida por los maestros. Presentada como una solución tecnológica, el sistema no sólo despersonalizó y complicó la elección de los colegios, sino que agudizó la problemática de la falta crónica de vacantes.
El espía Ciro James, que realizaba escuchas telefónicas a sindicalistas, políticos y empresarios, tenía un contrato en la cartera educativa que entonces dirigía Mariano Narodowski.
Esta postura política tuvo un reflejo presupuestario directo: a los ajustes en materia de sueldos se sumaron recortes de distinta índole, desde la caída de diversos programas y becas hasta menos fondos para infraestructura. En su último año en la Ciudad, Macri se despidió con un récord a la inversa: nunca antes en su gestión, marcada por los recortes y la subejecución, le había destinado tan pocos recursos a la educación dentro del presupuesto global. Del 28,25 % de 2007, las partidas fueron decreciendo hasta tocar en 2015 el piso del 23,6 %. Una merma acumulada de 5 puntos porcentuales. Lo que sí aumentó fueron los subsidios a las escuelas de gestión privada.
“El palito de abollar ideologías”
Si el PRO había debutado en la Ciudad con una represión a docentes, el episodio, aumentado, tuvo su remake ya con Macri como jefe de Estado: el 9 de abril de 2017, la Federal volvió a arremeter contra trabajadores y trabajadoras de la educación que intentaban montar otra carpa –la “escuela itinerante”– frente al Congreso, en medio de la negativa de Cambiemos a abrir la paritaria nacional. Sin contemplaciones y con cámaras en vivo, la policía desalojó a los maestros, con heridos y varios detenidos. Como toda justificación, Cambiemos sostuvo que la instalación –que no interrumpía el paso– no estaba autorizada. “Tenemos que entender que cuando un oficial nos da una instrucción, lo tenemos que obedecer. Es parte de educar también”, consideró el entonces ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Unos meses después, ya en campaña para la banca que hoy ocupa en el Senado, resumió su visión como un “camino que cada día tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso”.
En mayo de 2018, en una charla en el Rotary Club de Buenos Aires, la gobernadora Vidal se había preguntado: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”. Sus dichos recogían expresiones de Macri, que en pleno conflicto salarial docente había dicho: “Tenemos que trabajar en terminar con la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
El 2 de agosto de 2018, ocurrió un hecho que sacudió a toda la comunidad educativa y reveló de la forma más cruda el abandono de la infraestructura educativa: la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez murieron en la explosión por una fuga de gas en la escuela Nº 49, de la localidad bonaerense de Moreno. Un mes después, Corina de Bonis, maestra del Centro Educacional Complementario N° 801 de Moreno, quien organizaba ollas populares para sus alumnos, fue secuestrada y torturada.
“¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?” (Vidal).
Cuando Bullrich fue al Senado, lo sucedió en la cartera educativa nacional Alejandro Finocchiaro, quien había trabajado en educación en la Ciudad y con Vidal y que no desentonó con la tradición del PRO en la materia. Por ejemplo, en 2018 eliminó por decreto la paritaria nacional docente y dispuso un recorte de $ 3 mil millones para las universidades públicas.
En agosto de 2020, luego de haber perdido por paliza en la carrera por la intendencia de La Matanza y ya fuera de todo cargo público, Finocchiaro atacó vía Twitter a los y las docentes que pedían tomar recaudos para el regreso a las aulas mientras la pandemia por Covid-19 hacía estragos. “Les vagues de Ctera no quieren que vuelvan las clases –lanzó el exministro–. Los funcionarios del Ministerio de Educación nacional les tienen pánico”.
Los agravios de Finocchiaro hacían alusión a que los docentes se oponían a Rodríguez Larreta y Acuña, que en pleno pico de contagios habían comenzado a impulsar un plan para que un grupo de estudiantes volvieran a la presencialidad. Cerca de 6000 chicos y chicas que no habían podido acceder a la educación virtual por carecer de equipos y conectividad. Pero en lugar de brindarles esos recursos para garantizarles la educación a distancia –como pendían los docentes y lo ordenaba un juez– el larretismo puso en marcha una campaña político-mediática para volver a las aulas, la misma que por estos días sumó fotos de alumnos bajo sombrillas y rodeados de micrófonos y de funcionarios que posan para las fotos.
El respaldo de “Pato” Bullrich
Para despejar toda duda sobre si los dichos de Acuña fueron un exabrupto o reflejan un pilar del pensamiento macrista, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, salió a respaldarla. “Expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa. Venimos trabajando con docentes, alumnos y padres para que las escuelas no impongan lo que se debe pensar. La Educación es lo contrario al adoctrinamiento. Apoyo a la ministra. ¡Con los chicos no!”, lanzó “Pato” Bullrich en su cuenta de Twitter.
Mientras en distintos sectores crece el repudio a la continuidad de Acuña, la funcionaria sigue sin pedir perdón por sus dichos. A cargo de la cartera de Educación de la Ciudad desde 2015, la ministra se forjó en el Grupo Sophia, el think tank del alcalde porteño. Es decir, Acuña es larretismo puro. No hay exabruptos. A los sumo, otro capítulo en la avanzada del PRO sobre la educación pública.
