Hay algo central en el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas por “falsas denuncias” en delitos de violencia de género, integridad sexual o contra menores de edad, y es que no aparece en el vacío. Surge en un clima de retroceso de derechos, en un contexto político muy concreto que busca negar la existencia misma de la violencia de género y proteger a abusadores y pedófilos.
Frente a la avanzada de una propuesta sin otro sustento que el ideológico, las dos últimas semanas el anexo del Senado de la Nación fue el escenario de una resistencia colectiva necesaria. Por iniciativa del senador nacional Carlos Linares, se llevó adelante el conversatorio “Derecho a la voz”, con dos jornadas en las que se buscó visibilizar las consecuencias directas de la criminalización de quienes denuncian algún tipo de violencia, con la participación de referentes políticos y del ámbito de la justica, organizaciones de la sociedad civil y el bloque sindical transfeminista.
Si algo aprendí en mis años de periodista, después de entrevistar a muchas víctimas de violencia sexual, de violencia de género, a madres protectoras, y de escuchar historias de mucho dolor que no llegan a ningún lado ni consiguen justicia, es que los medios no solo informan: con sus narrativas construyen sentido y pueden ayudar a visibilizar problemáticas, derribar mitos o, por el contrario, a reforzarlos.
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Hoy, diferentes sectores del poder intentan instalar con fuerza la idea de que el problema central son las “falsas denuncias” y las “malas madres”, amplificando prejuicios que no reflejan la realidad. Lo que los datos y las historias de las víctimas muestran es lo opuesto: la mayoría de las violencias no se denuncian, ya sea por miedo, vergüenza o por imposibilidad de acceso a la justicia.
Como señaló durante el primer conversatorio la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, “lo falso es el problema que quieren construir”, ya que las denuncias inventadas no representan un problema estadístico real en Argentina. Los datos son contundentes: la incidencia es bajísima, inferior al 1% en casos de violencia de género a nivel global. De hecho, en el mismo panel, la jueza Analía Monferrer precisó que, de 171.021 casos recibidos en 15 años por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), se detectó un solo caso de falsa denuncia.eza Analía Monferre
Sin embargo, se recortan noticias, se repiten; se amplifican prejuicios, se ponen en agenda unos pocos casos para mostrar que es un problema extendido cuando no lo es. Lo que sí reflejan los datos, lo que muestran las historias de las víctimas, lo que explican los expertos es otra cosa bien distinta: que la mayoría de las violencias son silenciadas, que el verdadero drama social no son las falsas denuncias, sino las denuncias que faltan. Que tomar la decisión de acudir a la justicia es difícil. Que en el abuso sexual infantil se tarda años en poder hablar, porque el 80% de los casos sucede en el ámbito familiar. Que lo que predomina es el silencio y la vergüenza. Y que, cuando finalmente se habla, la mayoría de las veces no se consigue justicia, no porque el hecho no haya ocurrido sino porque es uno de los delitos más subreportados, invisibles e impunes.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió en el encuentro que solo una de cada cuatro mujeres víctima de violencia busca ayuda, y que en casos de abuso sexual infantil, el 88% de los hechos ni siquiera llega a la justicia. “Al agravar las penas, el proyecto coloca a las víctimas en una encrucijada imposible: denunciar y arriesgarse a la cárcel si la justicia, históricamente lenta y deficiente, no logra una condena firme”, afirmó.
Cuando los medios o sus periodistas exageran o generalizan casos individuales, cuando mezclan conceptos, cuando reinstalan ideas sin sustento ni datos, como la del falso síndrome de alienación parental, lo que hacen no es describir la realidad sino moldearla.
Silencio, denuncia y reparación
En el segundo encuentro, “Derecho a la voz: hablan las jugadoras”, la urgencia de este debate cobró rostro con testimonios en primera persona: el de las jugadoras de fútbol femenino que denunciaron a Diego Guacci, exentrenador de la Selección Sub-17, acusado de acoso sexual, hostigamiento y abuso psicológico. El caso, además, fue mencionado en reiteradas oportunidades por la senadora Losada como ejemplo de supuestas “falsas denuncias”, con la esposa del acusado, Andrea Robledo de Guacci, como una de sus principales voceras.
En mayo de 2021, varias de las futbolistas habían llevado el caso ante el Comité de Ética de la FIFA. La Cámara de Investigación de la entidad concluyó que existían incumplimientos al código disciplinario y recomendó sanciones. Sin embargo, un año más tarde, la investigación fue cerrada por falta de pruebas suficientes para corroborar los hechos. El propio informe incluye una aclaración clave: la falta de pruebas no implica que los hechos no hayan ocurrido. “La Cámara desea subrayar que dicha conclusión no debe considerarse como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron”, señala el documento.
Una de las siete denunciantes, Luana Muñoz, actual jugadora de Belgrano, explicó que su decisión de hablar tuvo un objetivo claro: “Proteger a otras mujeres y luchar por un fútbol libre de violencia”. Sin embargo, relató que el resultado fue un hostigamiento sostenido, tanto en redes sociales como en el ámbito judicial. También sumó su voz Camila Gómez Ares, jugadora de Boca Juniors, otra de las víctimas, con un mensaje contundente: “Si el resultado de denunciar es quedar más desprotegidas que antes, la impunidad va a seguir ganando”.
Andrea Lucangioli, la abogada que lleva adelante el caso, leyó el relato de Florencia Mercau, quien tenía 20 años cuando llegó a River y contó que Guacci la acosaba y le pedía fotos desnuda, bajo amenazaba de no incluirla en el equipo. “Tuve que dejar ese club que tanto quiero por miedo a que me pasara algo. Es algo que no voy a superar nunca”, decía el mensaje. Lucangioli agregó que Florencia tuvo un intento de suicidio por todo lo sucedido.
Los testimonios expusieron las barreras estructurales que enfrentan las víctimas para sostener una denuncia. Pérdida de trabajo, ruptura de vínculos, desgaste emocional y aislamiento son parte del recorrido. “Cuando llegué a la justicia ya había perdido todo”, relató Florencia Marco, ex encargada de prensa del equipo femenino de Boca que denunció al entonces DT Jorge Martínez. Mientras tanto, el denunciado continuaba en funciones, sin sanción, en un esquema que reproduce la desigualdad y desalienta nuevas denuncias.
Entonces, de nuevo la pregunta: ¿cuál es el problema real? Porque mientras discutimos esto, lo que sigue pasando es que las víctimas tienen que demostrar una y otra vez frente a la justicia que dicen la verdad. Y esto es clave decirlo: en las denuncias por violencia de género y por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, el peso de la prueba sigue estando en la víctima. La que tiene que resistir procesos largos, desgastantes, revictimizantes y que en la mayoría de los casos no culminan en condena, sin que esto para nada signifique que el hecho no haya ocurrido ni implica falsedad, sino que responde a la deficiencia de la justicia en adecuar estándares de valoración de la prueba. La jueza Monferrer aclaró que una absolución no implica una mentira, sino muchas veces la insuficiencia de elementos en procesos complejos. María Elena Nadeo, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue clara: “La mayoría de las denuncias se cae porque no se constituye la prueba, porque las pericias son difíciles de constituir porque son delitos complejos, que ocurren en el silencio, en el horror del hogar”. En ese sentido, aclaró, “confundir la falta de celeridad judicial con una denuncia falsa es malintencionado”.
organizaciones sindicales en el conversatorio “Derecho a la voz”.
hablaron sobre las barreras del acceso a la justicia.
Otro punto importante es el jurídico, del que tampoco se habla lo suficiente: la falsa denuncia ya es un delito tipificado en nuestro Código Penal. No estamos frente a un vacío legal. Pero, además, lo que se busca con este proyecto de ley rompe un principio básico del derecho penal en un estado de derecho: el principio de igualdad y coherencia interna. Lo que propone la senadora Losada es una pena agravada que cae, casualmente, sobre las mujeres y los especialistas que las acompañan, contradiciendo incluso a la Ley Lucio, que obliga a los profesionales a denunciar cualquier sospecha de abuso. Entonces, ¿cómo se les puede exigir que denuncien y, al mismo tiempo, amenazarlos con prisión si la investigación no prospera por falta de pruebas?
Volvemos entonces al punto de inicio: esto no es solo un proyecto de ley. Es una intervención política en una disputa sociocultural. Una disputa donde lo que está en juego es quién tiene derecho a ser creído y protegido.
Cuando se instala que hay que sospechar de quien denuncia, lo que se produce es miedo. Y el miedo tiene efectos concretos. Desalienta denuncias, refuerza el silencio y garantiza impunidad de los agresores.
Estos son los números que deben guiar nuestro esfuerzo: una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños son víctimas de abuso sexual en el mundo; y una de cada dos mujeres afirmó haber sufrido violencia por parte de una pareja alguna vez.
No necesitamos normas que refuercen la sospecha. La denuncia no es solo un acto jurídico, sino una herramienta de protección y forma parte del proceso de reparación.
Frente a quienes quieren reinstalar el silencio del horror, nuestro compromiso es no callarnos nunca más.
