Mientras la pandemia del COVID-19 sigue impactando sobre una economía argentina que prácticamente se paralizó para preservar la salud, una porción mayoritaria de la opinión pública no sólo aprueba el cobro de un impuesto excepcional a las grandes riquezas, sino que también ve con buenos ojos darle un carácter permanente. El 75% de los consultados en una encuesta de Analogías se mostró de acuerdo con que cada año las 10.000 personas más ricas del país paguen un canon “alto”. Al mismo tiempo, el 65% apoyó la idea de estatizar las empresas de gas y electricidad en manos de privados.
Estos y otros resultados del estudio –que el 8 de mayo relevó 2.845 casos de todo el país– dan cuenta de un respaldo a las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, incluido el contrapunto del presidente de la Nación con el bloque más duro del empresariado, que en las últimas semanas viene presionando para que el aislamiento se relaje y los trabajadores retomen la actividad. Mientras la Casa Rosada piensa en un esquema gradual, los dueños de las grandes compañías quieren acelerar el proceso.
En ese dilema, el trabajo de la consultora Analogías muestra una tendencia clara: mientras el 69.7% aprueba lo hecho hasta ahora por el Frente de Todos –la imagen positiva de Fernández roza los 89 puntos–, cerca del 71% rechaza el pedido empresario de levantar la cuarentena y lo considera un riesgo para la salud de la población.

También está lejos de ser positiva la valoración general sobre el compromiso que el sector privado viene mostrando en medio de la emergencia sanitaria. El 68,6% opina que los empresarios colaboran poco o directamente nada con el esfuerzo que el Poder Ejecutivo y la sociedad en su conjunto están haciendo para sobrellevar la pandemia. Un ejemplo concreto surge de lo que la ciudadanía percibe en el caso de los alimentos: para el 41,6%, los supermercadistas no respetan en “nada” los acuerdos de precios máximos para productos esenciales, en tanto que un 41,2% cree que lo hacen pero “poco”. En resumen, 8 de cada 10 personas cree que los dueños de los súper no cumplen con su palabra y prefieren garantizarse el lucro. Por eso, es mayoritario el apoyo a que las autoridades intervengan de forma más activa en el control de los precios de referencia.
Los datos anteriores están en la base de una certeza compartida por la gran mayoría de las personas que la encuestadora de Pablo Mandia contactó telefónicamente: para el 85,2% de los casos, el Estado nacional deberá mantener su centralidad política e intervenir aún con más fuerza para hacer frente al desafío de recomponer la economía.
Eso explica que más del 65% dijera estar de acuerdo con que el gobierno se ocupe de garantizar un ingreso básico para todos los ciudadanos –el 28,7% se opuso–, y que el 76% apoyara la decisión de pagar con fondos públicos la mitad de los salarios de las empresas privadas que estén asfixiadas por el parate de consumo.
El 68,6% opina que los empresarios colaboran poco o nada con el esfuerzo que el Poder Ejecutivo y la sociedad están haciendo para sobrellevar la pandemia.
Por el contrario, hubo un rechazo de casi el 59% a que la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) reduzcan el sueldo de los trabajadores de ciertas actividades en un 25%. Quienes sí lo vieron bien acumularon el 28,5% de la muestra, similar al porcentaje en contra del ingreso básico.
En cuanto al otro frente de batalla del gobierno, la renegociación de la deuda externa con los organismos internacionales de crédito, casi la mitad de los encuestados se mostró optimista sobre una resolución favorable a los intereses del país. El grupo que le sigue, con el 26,6%, es el de quienes no tienen una opinión al respecto, en tanto que el 24,2% no cree que el equipo encabezado por el ministro Martín Guzmán tenga éxito.
La importancia de esta puja con los bonistas en el devenir país fue destacada por el 77 % de los casos relevados, quienes ven ahí un condicionante de lo que el Poder Ejecutivo pueda hacer para recomponer el mercado interno, el empleo y la producción de riqueza. En ese punto, las opiniones que recogió Analogías se mostraron divididas casi a la perfección. Ante la pregunta de qué va a pasar con la economía argentina en los próximos 10 años, el 46,9% la imagina mejor, pero el 44,5% la supone aún peor.