El Día Mundial contra la Trata de Personas fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2013, luego de evaluar medidas para mejorar la articulación a nivel mundial en la lucha contra la Trata de Personas. Los objetivos primordiales son generar mayor conciencia respecto de las víctimas, promocionar y proteger sus derechos.
Esta conmemoración se anexa al “Día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”, que se conmemora el 23 de septiembre, fecha en la que, en el año 1913 se promulgó en Argentina la primera Ley contra “La Trata de Blancas, la prostitución de niñas y adolescentes y el proxenetismo”, conocida como Ley Palacios, en homenaje a su autor, Alfredo Palacios.
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“La Trata de Personas con fines de explotación sexual es la forma más extrema de la violencia de género”.
A más de un siglo del primer instrumento legal, que hizo a nuestro país pionero en la lucha contra este delito, éste no sólo persiste, sino que va mutando, prosperó debido a la falta de continuidad de políticas públicas y a su naturalización. Aun hoy, persisten en el imaginario social afirmaciones tales como “la prostitución es el oficio más antiguo del mundo”, cuando en realidad debemos hablar de explotación. La Trata de Personas con fines de explotación sexual es la forma más extrema de la violencia de género.
En el año 2008 se sancionó en Argentina la ley 26.364 contra la trata de personas. Se crearon organismos especializados en diversos ámbitos del estado nacional y provincial.
Actualmente, bajo la conducción de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, redoblamos los esfuerzos para continuar la asistencia y protección de las víctimas identificadas y rescatadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
“En el marco de la pandemia, las organizaciones criminales avanzan, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas”.
Uno de los pilares de nuestro trabajo es la no revictimización, por ese motivo trabajamos de manera articulada con el Programa Nacional de Protección a Testigos y con la Dirección Nacional de Política Criminal, ambos dependientes de la misma cartera ministerial.
En el marco de la pandemia mundial COVID-19, las organizaciones criminales avanzan, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, profundizada por los efectos de la epidemia.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país, se rescataron más de doscientas víctimas. Nuestro mayor desafío fue darle continuidad a la asistencia, extremando las medidas de seguridad que se requieren. Para ello modificamos estrategias de trabajo, protocolos internos, y especialmente el abordaje durante las entrevistas. La empatía que se logra en el primer encuentro es fundamental para las acciones futuras. Por ello, el trabajo directo con las víctimas nos obliga a redireccionar rápidamente una intervención.
La Argentina suscribió protocolos internacionales y sancionó leyes contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas.
Quiero finalizar relatando, un recorte de una intervención en la que participé:
Culminando la entrevista, una víctima quien se había mantenido distante y desconfiada, comenzó a llorar y una profunda angustia la invadió; repentinamente se incorporó y me dio un abrazo. Necesitaba un otro/a en quien descansar después de tanta violencia.
En ese momento los protocolos de distanciamiento social y los que confeccionamos para cuidar a quienes cuidan, no me fue posible cumplirlos.
Argentina es uno de los países que más avanzó en prevención, persecución del delito y protección de víctimas. Transformamos en acciones concretas los compromisos asumidos al suscribir Protocolos Internacionales y sancionar leyes contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia a las Víctimas.
*Coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
