Las Abogadas y Abogados por el Derecho Al Trabajo, nucleadxs en la Federación de Trabajadores de la Economía Social -FETRAES- defendemos trabajadores y trabajadoras que son los sujetos de transformación social y las organizaciones sindicales sus representantes genuinos, considerando que:
El Derecho Social debe garantizar el derecho AL TRABAJO, para asegurar el progreso de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de nuestro pueblo.
Cada trabajador o trabajadora expulsado del mundo laboral que fue asistido con programas, subsidios y planes de distinta índole cubiertos por el Estado, representa una necesidad de modificación de estrategias para el Derecho Social. Es tarea insoslayable de los actores sociales diseñar políticas de inserción a través del derecho AL TRABAJO, garantizado en nuestra Constitución Nacional.
Convencidos que la pandemia – tal como destacó la OIT en la Resolución relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente ha tenido consecuencias devastadoras en el mundo del trabajo, ha exacerbado la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, afectando de manera desproporcionada a los más desfavorecidos y vulnerables y por ello los sectores populares deberán dar batalla por una redistribución de la riqueza más justa, acompañados en esta disputa por el Estado.
Sostenemos la necesidad de:
- generar un debate que aborde los nuevos temas en el mundo del trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria y centrada en las personas que trabajan que permita asegurarles una protección adecuada a través de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y las normas internacionales del trabajo.
- motorizar la ampliación de los márgenes del Derecho Social hacia los trabajadores y trabajadoras en las distintas inserciones laborales, entre ellos a quienes integren los procesos autogestión.
- democratizar las relaciones de trabajo con el nuevo desafío de lograr la inclusión de los sectores de trabajo no formalizados o alejados de la relación de dependencia tradicional.
Con este cometido, conformamos un nuevo espacio sin establecer divisiones semánticas, con el propósito instalar un debate hacia todas las organizaciones, agrupaciones, sectores profesionales que defienden los intereses de los trabajadores y aspiran a intervenir en la política pública levantando las banderas históricas nacionales y populares, las banderas de los revolucionarios de mayo, de las luchas federales, las guerras emancipatorias, las conquistas sociales de Juan Perón y nuestra Evita, reivindicamos la resistencia peronista, las consignas vigentes de liberación o dependencia, la vida de los 30.000 compañeros y compañeras siempre presentes y la batalla por los recursos naturales. Así como de asumir la política como lo hizo Néstor y la conducción de Cristina.
Hoy, en este nuevo aniversario de la recordada Noche de las Corbatas, como hecho atroz perpetrado por la última dictadura cívico-militar, en el que se reafirma la militancia y compromiso inquebrantable del ejercicio de la profesión en defensa de los derechos humanos laborales, individuales y colectivos. En memoria de Carlos Moreno, Salvador Arestin, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Carlos Bozzi, Hugo Alais, Jorge Candeloro y Norberto Centeno, entre tantas víctimas por la causa de la justicia social.
Por reconocernos en la inspiradora figura del maestro Moisés Meik, en las vísperas del día del abogado laboralista, decimos:
1.- Que resulta imprescindible levantar la bandera de los Principios del Derecho Laboral para todos y todas los/las trabajadores del país, cualquiera sea la forma o denominación y con indiferencia de las modalidades de vinculación que posean
2.- Que resulta un imperativo de justicia social extender las protecciones del derecho laboral consagradas en la Constitución Nacional y en las Normas Internacionales del Trabajo a todos los vínculos jurídicos donde un trabajador o una trabajadora preste servicios con el objeto obtener un ingreso personal o familiar destinado a cubrir necesidades básicas alimentarias, vestimenta, salud, educación y recreación. Estas condiciones deben alcanzar a todas las formas de trabajo autogestivo, organizados mediante cooperativas de trabajo y/o cualquier instrumento jurídico que tenga como protagonistas a los trabajadores y trabajadoras organizadas.
3.- Defendemos el Derecho a la Estabilidad como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica para todos y todas los/las trabajadores/as, cualquiera sea su forma de inserción en el mundo del trabajo, sea en relación de dependencia pública o privada y cualquiera sea la forma jurídica que asuma la organización para la cual presten servicios
4.- Que el salario como motor de crecimiento económico, requiere de un aumento de su poder adquisitivo. La suba salarial no puede ser licuada en el incremento especulativo de precios. Se requiere un control férreo de las corporaciones formadoras de precios.
5.- Que es indispensable garantizar la igualdad de género a través de la implementación de políticas y prácticas en todos los ámbitos que aseguren la igualdad de oportunidades y el derecho a una igual remuneración por igual tarea, que eliminen los obstáculos que impiden el acceso al empleo y desarrollo profesional por razones de género, que adopten medidas de prevención y erradicación contra toda forma de discriminación, violencia y acoso por razón de género, que promuevan el reparto equitativo de las tareas de cuidado y domésticas en todos los ámbitos que comprenden el mundo del trabajo.
6.- Que el despido sin causa o con invocación de causa inexistente es un acto de violencia laboral contrario a las previsiones contenidas en el Convenio OIT 190 ratificado por nuestro país y debe abordarse desde la amplia perspectiva que plantea la norma internacional.
7.- Rechazamos cualquier intento por modificar la normativa laboral de modo regresivo como falsa condición para generar empleo. Se trata de modelos aplicados durante la última dictadura cívico-militar, durante el ciclo neoliberal de 1990 a 2002 y el macrismo, que produjeron mayores niveles de desempleo y que constituyen una flagrante violación de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. No aceptamos ni flexibilización, ni precarización, ni modernización, ni flexiseguridad, ni mochila austriaca, ni ningún eufemismo disfrazado con vocabulario y fuentes de inspiración extrapoladas sin rigor y con la única finalidad de bajar costos laborales a costa de los trabajadores y trabajadoras y sus derechos. Para contratar trabajadores no se requiere despedir más barato, sólo se requieren políticas económicas adecuadas.
