El Gobierno avanza en un rediseño del esquema de créditos en dólares como parte central de su estrategia de remonetización de la economía. La iniciativa será tratada y, según fuentes oficiales, podría aprobarse hoy jueves en la reunión del Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en un contexto de fuerte expectativa del mercado financiero.
El nuevo marco regulatorio busca canalizar hacia el sistema bancario una masa significativa de divisas que hoy permanece fuera del circuito formal, y ampliar el universo de tomadores habilitados para endeudarse en moneda extranjera.
Según estimaciones oficiales, existiría un “PBI en dólares” no bancarizado que oscila entre u$s170.000 y u$s200.000 millones dentro del país —incluyendo los llamados “dólares bajo el colchón”—, a lo que se suman hasta u$s400.000 millones en cuentas offshore estructuradas en trusts o fideicomisos que dificultan su repatriación.
En este marco, el Ejecutivo apunta a fomentar el endeudamiento en dólares por parte de residentes, retomando una lógica similar a la vigente durante la Convertibilidad, y aprovechar el récord histórico de depósitos en moneda extranjera.
En este comienzo de 2026, el stock privado de depósitos en dólares ronda los u$s37.000 millones, tras un crecimiento sostenido durante 2025. Estos fondos, encuadrados técnicamente como “Fondeo COM ‘A’ 3528”, se encuentran parcialmente encajados en cuentas del BCRA, y el Gobierno busca liberar una mayor proporción para su canalización vía préstamos.
El bajo costo de fondeo constituye uno de los principales incentivos. Los plazos fijos en dólares pagan hasta 5% TNA anual, aunque la media se ubica entre 2% y 4%, lo que habilita a los bancos a ofrecer créditos a tasas competitivas, del orden del 5% al 7% anual para líneas prendarias e hipotecarias.
En paralelo, el crédito en dólares ya exhibe una expansión significativa. El stock se ubica entre u$s19.775 y u$s21.000 millones, con un crecimiento mensual cercano al 7% en enero, impulsado por la demanda de empresas exportadoras, sectores vinculados al turismo y firmas con ingresos dolarizados.
Este proceso se profundizó tras la reciente flexibilización instrumentada mediante la Comunicación “A” 8397, que introdujo cambios relevantes en el esquema monetario y financiero. Entre ellos, una mayor flexibilidad para integrar encajes en pesos —permitiendo trasladar subintegraciones de hasta 5% al mes siguiente— y ajustes en el tratamiento de líneas financieras del exterior, estableciendo un encaje del 20% para operaciones entre vinculadas con plazos menores a 180 días.
El impulso político y operativo del programa incluyó en las últimas semanas reuniones clave entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el presidente Javier Milei, en Olivos; y representantes de agentes de liquidación y compensación (ALyCs) y bancos.
No obstante, la iniciativa reabre un debate estructural sobre los riesgos sistémicos del endeudamiento en moneda extranjera.
Desde 2002, el sistema financiero se rige por el artículo 23 del Decreto 905/2002, que limita el otorgamiento de créditos en dólares a clientes cuyo giro comercial esté vinculado a la obtención de divisas. Este principio busca evitar descalces cambiarios entre activos y pasivos, y constituye uno de los pilares del “blindaje” que protege los depósitos en moneda extranjera desde la salida de la convertibilidad.
La eventual flexibilización de este esquema, que podría formalizarse con la resolución que se espera aprobar hoy jueves, implicaría un giro de 180 grados respecto del modelo prudencial post-2001, cuando el endeudamiento en dólares sin respaldo en ingresos genuinos derivó en quiebras masivas, licuación de pasivos y colapso bancario.
Algunas voces críticas advierten que la remonetización en dólares podría inflar la oferta monetaria en moneda extranjera sin que las reservas netas —los denominados “dólares de alta potencia”— acompañen plenamente, limitando el multiplicador crediticio y su impacto en la economía real.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el esquema funciona como un “experimento controlado” para extender la estabilidad cambiaria, bajo el supuesto de reservas fortalecidas, disciplina fiscal y un sistema bancario más capitalizado.
El mercado aguarda ahora la decisión formal del Directorio del BCRA y el comunicado oficial que se emitiría tras la reunión de hoy jueves, para calibrar el impacto de las medidas sobre tasas, depósitos, crédito, actividad inmobiliaria y dinámica financiera en los próximos meses.
La definición marcará si el sistema prioriza una expansión acelerada del crédito o mantiene el enfoque prudencial que, desde hace más de dos décadas, resguarda los ahorros en dólares del público.
Antecentes en Argentina
La regulación del crédito en moneda extranjera ocupa un lugar central en la arquitectura financiera argentina desde comienzos del siglo XXI. Las experiencias de flexibilización y desregulación del endeudamiento en dólares dejaron antecedentes críticos que derivaron en crisis bancarias, pérdida de ahorros y elevados costos económicos y sociales.
La liberalización de los años noventa
Durante la década de 1990, bajo el régimen de Convertibilidad, el sistema financiero operó sin restricciones significativas al crédito en dólares.
Entre 1995 y 2001, el crédito al sector privado pasó de representar cerca del 18% del PBI a más del 28%, uno de los niveles más altos de la historia argentina. En ese período, más del 70% del financiamiento bancario estaba denominado en dólares.
En segmentos como créditos hipotecarios, prendarios y personales, la dolarización superaba el 80%. Miles de hogares accedieron a viviendas mediante préstamos en dólares con ingresos en pesos.
Este proceso generó un fuerte descalce de monedas: hacia 2001, el 65% de los deudores no tenía ingresos dolarizados. Cuando colapsó la Convertibilidad, la devaluación de 2002 —superior al 200%— multiplicó el valor real de las deudas.
La morosidad bancaria saltó del 7% en 2000 a más del 35% en 2002. Más del 40% de las empresas medianas registró cesación de pagos parcial o total.
El sistema perdió cerca del 45% de sus depósitos reales entre 2001 y 2003, y más de u$s20.000 millones quedaron atrapados en el “corralito” y el “corralón”, consolidando una profunda crisis de confianza en el sistema financiero.
Las lecciones que no se pueden ignorar
El giro regulatorio implementado tras la crisis de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia financiera argentina. Lejos de ser una respuesta ideológica o circunstancial, el Decreto 905/2002 constituyó una reacción racional frente a uno de los colapsos económicos y sociales más profundos del país, provocado en gran medida por la dolarización indiscriminada del crédito.
Al establecer límites estrictos al otorgamiento de préstamos en moneda extranjera y restringirlos a agentes con ingresos genuinos en dólares, el nuevo marco regulatorio buscó corregir uno de los principales factores de vulnerabilidad sistémica: el descalce entre activos, pasivos e ingresos. El resultado fue contundente. Entre 2003 y 2011, la participación del crédito en dólares se redujo del 72% al 12% del total, descomprimiendo uno de los principales focos de riesgo financiero.
En paralelo, el sistema bancario fortaleció sustancialmente su estructura patrimonial. El aumento del ratio de capital regulatorio del 9% al 14% permitió mejorar la capacidad de absorción de pérdidas y reducir la dependencia de la asistencia estatal ante eventuales crisis. Este proceso contribuyó a reconstruir la confianza pública, severamente dañada tras el “corralito” y el “corralón”.
La estabilización de los depósitos en dólares en torno al 15% del total fue otro indicador clave. Al limitar la dolarización pasiva, se redujo la exposición del sistema a shocks cambiarios y se contuvo el riesgo de corridas bancarias, uno de los detonantes históricos de las crisis argentinas.
Este esquema priorizó deliberadamente la solvencia, la liquidez y la prudencia por sobre una expansión acelerada del crédito. Si bien ello implicó un menor dinamismo financiero en el corto plazo, también permitió construir un sistema más robusto, menos dependiente de expectativas cambiarias frágiles y menos vulnerable a ciclos especulativos.
La eficacia del enfoque quedó en evidencia durante la crisis financiera internacional de 2008–2009. Mientras numerosos países emergentes debieron recurrir a rescates públicos, estatizaciones parciales y programas de emergencia para sostener sus sistemas bancarios, Argentina atravesó el shock sin quiebras sistémicas ni salvatajes masivos. El bajo nivel de endeudamiento en dólares y la regulación prudencial actuaron como un verdadero amortiguador macroeconómico.
Esta experiencia consolidó una enseñanza central: la regulación macroprudencial no es un obstáculo al desarrollo, sino una condición necesaria para la estabilidad sostenida. Limitar los descalces de moneda, exigir capital adecuado y restringir el endeudamiento en divisas a quienes pueden afrontarlo no frena el crecimiento, sino que evita que este se construya sobre bases frágiles.
Por el contrario, la ausencia de regulación o su relajamiento excesivo tiende a reproducir patrones conocidos: expansión crediticia artificial, apreciación cambiaria, endeudamiento sin respaldo, deterioro patrimonial y, finalmente, crisis. En estos procesos, las ganancias se privatizan durante la fase expansiva, mientras que las pérdidas se socializan cuando el ciclo se revierte.
Desde esta perspectiva, debilitar el marco macroprudencial construido tras 2002 implica asumir un riesgo sistémico innecesario. No se trata solo de proteger a los bancos, sino de resguardar los depósitos, los salarios, el empleo y la estabilidad macroeconómica.
La historia reciente demuestra que la regulación no fue un freno, sino un escudo. Desarmarlo sin haber resuelto las debilidades estructurales de generación de divisas, inflación crónica y fragilidad externa equivale a reabrir las puertas a una vulnerabilidad que el país ya pagó demasiado caro.
Defender la regulación macroprudencial, en este sentido, no es una postura conservadora, sino una apuesta racional por un desarrollo financiero sostenible, socialmente responsable y compatible con la estabilidad de largo plazo.
Los límites legales
Más allá del debate económico, cualquier intento de ampliar el crédito en dólares enfrenta restricciones legales concretas. El marco vigente no depende únicamente de decisiones administrativas del Banco Central, sino que se apoya en normas de jerarquía superior que regulan el funcionamiento del sistema financiero.
En primer lugar, el artículo 23 del Decreto 905/2002 establece de manera explícita que las entidades financieras solo pueden otorgar financiamiento en moneda extranjera a clientes cuya actividad esté vinculada a la generación de divisas. Esta norma continúa plenamente vigente y no puede ser modificada mediante simples resoluciones del BCRA o disposiciones del Poder Ejecutivo sin un cambio formal del decreto.
A su vez, la Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526) refuerza este principio al asignarle al Banco Central la responsabilidad de preservar la solvencia, la liquidez y la estabilidad del sistema. En sus artículos 4°, 34° y concordantes, la ley faculta al BCRA a regular el crédito, pero siempre bajo el criterio de prudencia y protección del interés público.
Esto implica que el Banco Central no puede habilitar esquemas que aumenten deliberadamente el riesgo sistémico, deterioren la calidad de los activos bancarios o expongan los depósitos del público a eventuales pérdidas. Cualquier medida que incentive el endeudamiento en dólares sin respaldo genuino podría ser considerada incompatible con el mandato legal de supervisión prudencial.
Además, la Ley de Entidades Financieras establece que las entidades deben mantener una adecuada relación entre sus activos y pasivos, evitando descalces que comprometan su estabilidad. Autorizar préstamos en moneda extranjera a deudores sin ingresos en dólares vulnera este principio básico, al incrementar el riesgo de incumplimiento ante variaciones cambiarias.
Desde el punto de vista jurídico, avanzar sin modificar previamente este marco podría derivar en cuestionamientos administrativos y judiciales. Entidades, ahorristas o incluso organismos de control podrían impugnar medidas que contradigan normas vigentes, generando un escenario de inseguridad legal en el sistema financiero.
Asimismo, una flexibilización sin respaldo normativo claro debilita la previsibilidad regulatoria, uno de los principales activos del sistema bancario. La confianza no solo depende de variables económicas, sino también del respeto a reglas estables y jerarquizadas.
En este contexto, cualquier reforma profunda del régimen de crédito en dólares debería necesariamente pasar por una modificación formal del Decreto 905/2002 y, eventualmente, por un debate legislativo que readecúe el marco de la Ley de Entidades Financieras. Sin ese paso institucional, cualquier intento de avanzar por vía administrativa quedaría expuesto a conflictos legales y a un deterioro adicional de la credibilidad regulatoria.
El Decreto 905/2002 no es una disposición menor ni circunstancial. Fue diseñado como respuesta directa al fracaso de la Convertibilidad y tiene como objetivo evitar que hogares y empresas con ingresos en pesos se endeuden en dólares. Su lógica es impedir que una devaluación transforme de manera masiva deudas manejables en pasivos impagables, deteriorando simultáneamente a los deudores, a los bancos y a los depositantes. Modificar este principio por vía administrativa, sin un cambio formal del decreto o sin una ley del Congreso, implicaría debilitar el Estado de Derecho financiero y abrir la puerta a litigios, inseguridad jurídica y discrecionalidad regulatoria.
La expansión del crédito en dólares hacia sectores no exportadores reinstala el problema del descalce de monedas, uno de los factores estructurales de inestabilidad en la economía argentina. En un país atravesado por alta volatilidad cambiaria, inflación persistente y reservas limitadas, este riesgo no es coyuntural sino permanente. Una corrección del tipo de cambio, probable ante shocks externos, caída de exportaciones o tensiones financieras, multiplicaría el peso real de las deudas, provocando un salto en la morosidad, quiebras empresarias, caída del consumo y una contracción abrupta de la inversión.
El aspecto más sensible de este proceso es su impacto sobre los depósitos en dólares. Cuando los bancos prestan divisas a agentes sin capacidad genuina de repago en esa moneda, transforman ahorros líquidos en activos altamente riesgosos. Si esos créditos entran en default, el sistema pierde respaldo real. En contextos de crisis, este deterioro suele derivar en restricciones a los retiros, reprogramaciones forzosas, pesificaciones encubiertas o intervenciones estatales, trasladando las pérdidas hacia los ahorristas y dañando nuevamente la confianza pública.
La flexibilización sin controles estrictos también genera incentivos perversos dentro del sistema financiero. En escenarios de estabilidad aparente, las entidades tienden a expandir rápidamente el crédito para ganar participación de mercado, subestimando los riesgos futuros. Las empresas, por su parte, suelen endeudarse en dólares atraídas por tasas más bajas, aun sin contar con cobertura cambiaria, apostando implícitamente a que el tipo de cambio permanecerá estable. Este comportamiento refuerza la fragilidad colectiva y alimenta burbujas financieras.
Desde una perspectiva macroeconómica, el aumento del endeudamiento en dólares incrementa la demanda futura de divisas, profundiza la restricción externa y reduce el margen de maniobra de la política económica. A mediano plazo, presiona sobre las reservas, limita la capacidad del Banco Central para administrar crisis y vuelve más costosos los procesos de corrección cambiaria. En lugar de fortalecer la estabilidad, termina amplificando los ciclos de auge y colapso.
Además, debilitar el marco prudencial implica reintroducir un riesgo fiscal latente. La experiencia histórica muestra que, cuando el sistema financiero entra en crisis, el Estado suele intervenir para evitar un colapso mayor, socializando pérdidas privadas mediante rescates, compensaciones o endeudamiento público. De este modo, decisiones tomadas en contextos de optimismo terminan siendo pagadas por el conjunto de la sociedad.
Desde el punto de vista institucional, avanzar sin modificar formalmente el marco normativo vigente erosiona la credibilidad regulatoria del Banco Central. Un esquema basado en excepciones, interpretaciones flexibles o resoluciones transitorias debilita la previsibilidad, aumenta la discrecionalidad y deteriora la calidad del sistema financiero. La estabilidad no depende solo de indicadores económicos, sino también del respeto a reglas claras y duraderas.
La experiencia argentina demuestra que la regulación macroprudencial no fue un obstáculo al desarrollo, sino una condición para evitar crisis recurrentes. El esquema post-2002 permitió reconstruir la confianza, proteger los depósitos y reducir la exposición sistémica al riesgo cambiario. Desarmarlo sin haber resuelto previamente los problemas estructurales de generación de divisas, inflación crónica y fragilidad externa implica asumir un riesgo elevado e innecesario.
La discusión sobre el crédito en dólares no es técnica sino política: implica decidir si se protege el ahorro y la estabilidad o si se vuelve a apostar al endeudamiento frágil que ya condujo al colapso. Desarmar el marco macroprudencial sin resolver las debilidades estructurales de la economía equivale a reintroducir una bomba de tiempo en el sistema financiero. Lejos de impulsar el desarrollo, este camino tiende a profundizar la inestabilidad y a preparar el terreno para nuevas crisis del sistema financiero.
