El artículo 8° de la Ley de Migraciones es concreto: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. En muchas regiones del país se puso en entredicho esta cuestión, pero la provincia de Buenos Aires quedó a la vanguardia al habilitar la inscripción para la campaña de vacunación a todas las personas extranjeras que residan en su territorio. “Para que toda la comunidad, acceda al derecho de recibir la vacuna en las mismas condiciones y siguiendo los mismos criterios de prioridad establecidos para los y las bonaerenses”.
Es un dato sustancial que pone a la vanguardia a Buenos Aires respecto de todas las demás provincias en cuyas webs de inscripción se especifica que sólo se podrán vacunar quienes tengan DNI argentino, pero no a quienes estén tramitando la documentación que acredita que viven en el país o (como en CABA) con la presentación de la CI de algunos países de origen.
“En el AMBA está la mayor concentración de población migrante del país. Es justo y es necesario incluirla en la vacunación” (Ana Paula Penchaszadeh)
La investigadora Ana Paula Penchaszadeh (CONICET/IIGG-FSOC-UBA) explica la importancia que conlleva una decisión de esta índole: “En la provincia de Buenos Aires está la mayor concentración de población migrante del país. Especialmente en el AMBA. Es justo y es necesario incluirla en la vacunación. Un dato es su vinculación con el trabajo esencial, no sólo por su gran aporte dentro del sistema de salud, algo absolutamente invisibilizado: están afectados, están incluidos y hacen un aporte enorme. Y hay una muy grande incidencia en el nivel de contagios de la población migrante como en términos de mortalidad”
En ese sentido, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el 6% del personal de salud matriculado en Argentina es migrante, lo que supera a su participación porcentual a nivel país, un 4.9%. Son arriba de 66.000, casi 20 bolivianos, cerca de 10 mil peruanos y colombianos, algo menos de uruguayos, ecuatorianos, españoles, italianos y venezolanos. En cuando a la incidencia del Covid, un estudio a nivel nacional del Universidad Nacional de Río Negro, advierte que un 7% de los casos confirmados corresponde a migrantes y que en mayo del 2020 se llegó al pico del 10,8%. Las proporciones son algo menores en provincia de Buenos Aires y algo mayores en la CABA, donde la población migrante, representa el 13,2%. La curva de contagios, se “puede asociar con los picos en los barrios populares en los cuales habita una gran parte de los migrantes”.
Penchaszadeh, por su lado, enfatiza: “No podes tener ciudadanos de primera y de segunda. Todos los habitantes tienen derecho. ¿Por qué no vas a vacunar a esa porción de la población? No tiene sentido hacer un recorte por lugar de nacimiento porque trabajan, viven y aportan igual, lo mismo que vos y que yo. La única diferencia de un migrante es un papel que dice que nació en otro lugar”.
-¿Hasta ahora cómo era?
-Había que anotarse con DNI. Pero todo es más intrincado de lo que parece. El sistema para que un extranjero realice su trámite de radicación es complejo. Hay que ver si entran en los criterios. Especialmente para los no Mercosur (senegales, dominicanos, haitianos…). En una campaña de vacunación qué importa si el vacunado tiene o no documento. La única diferencia es el lugar de nacimiento. El gobierno debe velar para que su población en su conjunto, sin distinciones ni discriminaciones acceda a ese estado de salud.
“En Jujuy hay aranceles para acceder a la salud. En CABA piden DNI o CI. Es un problema”.
-¿Qué ocurrió en países con un flujo migratorio importante?
-Portugal armó rápido una regularización automática y vacunó. Lo hacen muchos países. No les interesa la situación documentaria: quieren adquirir lo que se llama “inmunidad de rebaño”. Con una perspectiva de Derechos Humanos, en un contexto de pandemia y de una población que quedó cautiva en los países, que no tiene opción. Es una situación inédita de cierre de fronteras. Cómo se mueve la gente de a pie, ese el drama, no el de los ricos que se van a vacunar a Miami. El que migra por razones humanitarias, de trabajo. La Argentina es uno de los países que mantuvo una política muy estricta de cierre de fronteras terrestres. La vacunación también entró en la grieta. Cómo se piensa la universalidad de la salud es algo que la derecha rancia no quiere discutir.
-¿Cómo se encara esta problemática en otras regiones?
-El derecho a la salud, como a la educación, en la Argentina se reconocen sin consideración de la situación migratoria o documentaria. Es ley, o sea es ilegal hacer discriminaciones. Pero el gran tema lo vemos con el conflicto de la presencialidad: hay derechos que parecen caer por fuera de la órbita del estado nacional. La aplicación la hacen las provincias o la CABA. Por caso, en Jujuy hay aranceles para acceder a la salud. En CABA piden DNI o CI y es un problema. Hay mucha gente que tiene algún problema de papeles, o que llegó hace uno o dos años.
“En el contexto de la pandemia, se acentuó el tema de la criminalización de las migraciones”.
-¿A qué cantidad de migrantes implica?
-Al menos, uno de cada 10 migrantes tiene inconvenientes. Hay una población de 2,2 millones, un 4,9 % del total. En los últimos años la mayor migración fue la venezolana y aun así representa menos del 6%.
-¿Cuál es el factor más importante a tener en cuenta? ¿Los menores no acompañados?
-En el contexto de la pandemia, se acentuó el tema de la criminalización de las migraciones. Rápido se deslizan palabras como ‘ilegales’. Las personas no eligen no tener papeles y se supone que estamos en un mundo donde se afirma la libre circulación. El derecho a migrar. Pero rápido se pasa al orden de lo delictual, involucrando a la migración, a los factores que la determinan.
“El refugiado, el migrante, representa la cara visible de los restos del sistema capitalista, y así el odio, la fobia, funcionan como un gran aglutinador”.
-En el gobierno anterior surgieron personajes que alimentaron ese estado de cosas.
-Hay una especie de derechización muy grande del debate público, alimentada por lógicas de odio y una incomprensión muy grande de lo que es el fenómeno migratorio y de la responsabilidad que tenemos como humanidad. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros: la Argentina tiene más de un millón de argentinos viviendo en España, EE.UU. y otros lugares. El argentino no es consciente de esas lógicas de empatía y reciprocidad. Los estados deben ocuparse de las personas que tiene a su cargo, con independencia total de su lugar de nacimiento.
-Ese “estado de criminalización” parece ser un fenómeno mundial.
-Sí, a menor respuesta de los problemas sociales que nos aquejan, hay mayores salidas por las vías fáciles como la búsqueda de chivos expiatorios para diferir la angustia que produce un sistema realmente muy salvaje y expulsivo. El refugiado, el migrante, representa la cara visible de los restos del sistema capitalista, y así el odio, la fobia, funcionan como un gran aglutinador.
-Ese rechazo tiene color de piel.
-Hay toda una variable étnica-racial. En todos los colectivos de las personas que se reconocen como afros, asiáticos u originarios, el factor de discriminación aumenta considerablemente. Sobre la condición migrante que se basa en el principio de nacionalidad, se montan otras variables, como lo étnico racial, con muchísimo peso, pero también las variables de género y etarias. No es lo mismo ser un chico no acompañado, no es lo mismo ser mujer en una frontera o formar parte del colectivo LGTBI. Insisto: la condición de extranjería es una condición neofeudal que debemos combatir.
“Cómo se piensa la universalidad de la salud es algo que la derecha rancia no quiere discutir”.
Justamente, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, un trabajo del Conicet y de la Red de Investigaciones en DDHH permite entender en forma abarcativa esta problemática. Estableció un predominio femenino entre los migrantes en Argentina: 53% mujeres y 45% de varones. El 38% tiene más de 55 años y el 27%, entre 18 y 34. Más del 71% completó el secundario y un 20% cursó en universidades.
El 70% de los encuestados reside en el país hace más de 10 años. Dentro del grupo provenientes de países asociados al MERCOSUR, el 11% no posee aún el DNI, mientras que el 8% tiene Carta de Ciudadanía. Un 70% tiene hijos.
El 46% indicó que basan su atención en el acceso al sistema público de salud: el porcentaje aumenta entre quienes llegaron hace menos de 5 años (69%), lo que marca un claro vínculo con estados de precarización. Más de la mitad vive en lo de un familiar o similar y sólo un 19% lo hace de manera formal, más de la mitad no cuenta con agua potable, red cloacal o gas.
En cuanto a la situación laboral, un 37% admitió que es inestable (changas o trabajo esporádico, 16%; estacional, 4%; no remunerado, 6%; desempleado, 11%).
Finalmente, el 65% asegura haber experimentado al menos una vez una situación de discriminación en la Argentina.
