Para Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogados del Estado, existe una politización de la justicia que hace que los jueces y las juezas sigan lineamientos que no tienen nada que ver con la ley escrita.
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– ¿Qué pasa con la Corte Suprema que hace lo que se le da la gana? ¿Se puede decir que hace lo que se le da la gana?
– Sí, efectivamente. Hay una crisis en todos los sistemas jurídicos que es producto de la posguerra. A nivel teórico, es una crisis de la doctrina moderna de pesos y contrapesos y en consecuencia hay una crisis de la división de poderes. Todas esas burocracias, esos tres poderes del Estado, que se controlaban y sopesaban entre sí, han dejado de hacerlo. Funciona cada uno como una burocracia autónoma, cerrado sobre sí mismo, enfocado sobre objetivos políticos de corto plazo y, en consecuencia, se desdibuja el estado de derecho. Entonces el Congreso se convierte, como se dice muchas veces, en una mera escribanía. El Poder Ejecutivo, en vez de ejecutar las decisiones termina asumiendo funciones legislativas por decreto y hace 30 años que la Argentina está en estado de necesidad y urgencia. Eso no es normal. Una crisis puede durar un año, dos pero no treinta. Y el Poder Judicial asume prerrogativas que no le cumplen. Y a eso hay que agregarle la judicialización de la vida política. Es decir, aquellos sectores, en general conservadores, cuando pierden elecciones, judicializan los conflictos que no pueden resolver por los canales democráticos. Por eso Raúl Zaffaroni, en la columna que citó Cristina Kirchner, reivindica el concepto de soberanía política, el concepto de democracia y de participación ciudadana. Que es todo lo contrario de lo que representa el Poder Judicial. Por algo, históricamente, se hace a los poderes judiciales una objeción contramayoritaria que tiene que ver con el no origen democrático de la elección de los jueces. En todo caso puede ser una vía indirecta pero no tienen la legitimidad democrática que tiene un legislador o un presidente. Nadie los elige. El argumento para defender eso siempre fue que alguien tiene que proteger a las minorías de las prácticas o de las elecciones políticas de las mayorías. Ese contrapeso lo cumplen la Constitución y el Poder Judicial. Ese es el aspecto positivo de que no sea un poder de origen democrático. Es más perdurable y, en ese sentido, más independiente. Este es el discurso tradicional del liberalismo clásico para defender la independencia del Poder Judicial.
-Hay claramente otra forma de ver las cosas.
-Lo que vemos en América Latina, hace ya varias décadas, es una deformación de esta autonomía del Poder Judicial, una politización de los tribunales y mucha falta de imparcialidad y de independencia en la labor de los magistrados que, en nombre del resguardo de las minorías, lo que hacen es obstaculizar a las mayorías. Eso es lo que algunos llaman lawfare que, por alguna razón, sólo tiende a criminalizar a líderes políticos progresistas, como Correa, Evo, Lugo, Cristina, Lula. No es una casualidad que sea todo a través del Poder Judicial, que es un poder sin origen democrático, pero que se utiliza para obstaculizar a líderes populares con enorme respaldo democrático, que toman medidas económicas que no son pro mercado. Eso fue lo que dijo Cristina Kirchner respecto de las medidas cautelares que impiden que se declare servicio público, por ejemplo a la telefonía. Es decir que este resguardo de los derechos de las minorías a través del origen no democrático del Poder Judicial, que era una idea clásica del liberalismo del siglo XIX, se fue deformando en los últimos tiempos para obstaculizar las decisiones democráticas y legítimas de las mayorías. Por eso Zaffaroni pide reivindicar el concepto de soberanía y yo también lo pido. Pero la otra parte, la doctrina constitucional, nos impugna. Roberto Gargarella me dice “Pichón de Carl Schmitt” porque defendemos la noción de soberanía política. El mayoritarismo de autores, como Gargarella, entiende que el garantismo de Zaffaroni, en el cual me enrolo, vendría a ser una suerte de elitismo de mentes iluminadas que se formaron en Alemania y que le vienen a explicar a la ciudadanía las opciones políticas superadoras. Lo que vemos es que el Poder Judicial no está cumpliendo su tarea esencial que es resguardar las garantías constitucionales y, paradójicamente, está politizado. Por eso hay persecuciones contra unos y no contra otros.
“Tal vez necesitamos leyes con otra matriz, más latinoamericanista con mayor arraigo territorial e histórico, con mayor mirada nacional, soberana, de integración regional, anti deuda externa, anti extranjerización de territorio”.
-¿Por qué politizado?
-Es muy notable que en la Argentina y en otros países de América Latina las garantías de la Constitución o el garantismo sean vistos como una mala palabra cuando en realidad son el pilar de la Constitución de Alberdi. En cualquier país serio defender las garantías es un pilar de un estado constitucional. En la Argentina, defender las garantías parece que lo vuelve a uno un garantista. Pareciera que eso está mal y no bien, cuando es la obligación de cualquier juez. Lo primero que tiene que hacer un juez es defender las garantías. Ese es otro indicio de la deformación de las funciones del Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene miedo de defender las garantías constitucionales, procesales penales, de todos los pibes que están presos por ejemplo, es un Poder Judicial que no está defendiendo los derechos de la Constitución. Está haciendo otra cosa. Y esa otra cosa es la politización de la justicia: seguir otro programa, con otros lineamientos que no tienen nada que ver con la ley escrita. Por eso defendemos el positivismo y el apego a la ley porque la ley es la Constitución y la Constitución de Alberdi es garantista. No es que Zaffaroni es garantista. La Constitución argentina es garantista con lo cual a los jueces no les queda otra alternativa más que defender las garantías en vez de replicar un discurso que hace de las garantías una mala palabra. Y eso tiene que ver con la política criminal.
– ¿Qué se puede decir de la política criminal en la Argentina?
– Que no tiene una política criminal. Meter presos a los pibes pobres no es una política criminal en un país serio. Argentina hace lo que hace el resto de los países de América Latina que es hacinar en cárceles inhumanas a los pibes pobres para los cuales no hay ninguna garantía, ningún derecho. Además los metés presos en prisión preventiva que es inconstitucional. Es ilegal. Están presos sin condena indefinidamente y a nadie le importa porque son pobres. Sobre eso la Corte no dice nada. Sobre ese problema grave, no dice absolutamente nada. Y ese es un problema urgente. Tendría que decir algo de manera urgente el Poder Judicial argentino.
-¿Por qué?
-De vuelta, porque en vez de respectar las garantías de la Constitución, se dedica a hacer política. Entonces, la primera conclusión a la que hay que llegar es que la politización de la justicia está del lado del anti garantismo. Tiene que quedar claro: el anti garantismo es la politización del Poder Judicial. Y los jueces garantistas que defienden la Constitución y las garantías de la Constitución de Alberdi son, aunque el sentido común hoy pareciera indicar lo contrario, los más independientes. Un juez garantista es un juez independiente. El juez anti garantista es un juez politizado aunque los medios presenten al anti garantista como republicano, y al garantista como juez ideologizado. Es exactamente al revés y esta inversión hay que aclararla para empezar a discutir más seriamente. En este escenario la Corte hace prácticamente un juego político. Son cuatro magistrados, uno de los cuales no viene de una Universidad Nacional pública como es requisito para integrar la Corte Suprema. Y está claro que con cada fallo intervienen en los procesos políticos. Lo interesante es ver en qué sentido lo hacen, porque siempre es en un sentido impopular. La Corte falla siempre en la misma dirección hasta que la gente sale a la calle, como en el 2×1. Tal vez habría que salir más a la calle. Por eso insisto en que Zaffaroni defiende la idea de soberanía porque en última instancia hay que ganar elecciones para transformar estos procesos. Y pensar mejor el Poder Judicial que tenemos porque evidentemente hace falta una reforma.
-Hay una reforma en el Congreso que Alberto Fernández mandó apenas asumió.
-Sí pero no prospera. No prosperó hace muchos años la democratización de la justicia. No hay ninguna iniciativa seria de discutir al Poder Judicial ni el Poder Judicial se discute así mismo. Ni tampoco la dirigencia política está dando una discusión seria sobre la reforma del Poder Judicial en la Argentina. Te diría que hay acuerdo en toda la dirigencia en que el Poder Judicial no funciona como debería. El problema es que el debate se tiñe electoralmente, cada uno busca sacar un rédito mezquino y se termina desdibujando el debate de fondo que es otro de los grandes problemas que hay en la Argentina. No hay debates de fondo. Cuesta discutir seriamente cualquier tema. La reforma del Poder Judicial no sólo en clave feminista, como dice Marisa Herrera, también en clave de feminismo popular, feminismo de mujeres pobres, es uno de esos debates que no estamos dando.
“La Constitución argentina es garantista con lo cual a los jueces no les queda otra alternativa más que defender las garantías en vez de replicar un discurso que hace de las garantías una mala palabra. Y eso tiene que ver con la política criminal”.
– ¿Por qué cree que pasa?
– Probablemente porque el Poder Judicial es una burocracia cerrada que defiende sus propios privilegios.
– En general se representa como una elite.
– Hay un cuento de Kafka en el que hay un campesino que va a la puerta de la ley y no logra entrar. Y la paradoja es que ese guardián del derecho más que ayudar al campesino a ingresar al palacio de justicia lo termina intimidando tanto que el campesino nunca entra. Y Kafka, que además era abogado, lo que nos está mostrando es la ironía del rol del abogado que dice que defiende el derecho pero que en el fondo intimida a la gente pobre y humilde que quiere entrar al Palacio de Justicia. Y esa es otra de las grandes paradojas. Cuando uno ve a los cortesanos, a los jueces, en ese palacio enorme que está en Plaza Lavalle con gente durmiendo en la calle, enfrente de Tribunales, uno siente que eso que dice Kafka es de alguna manera bastante más que una metáfora. En Perú pasa lo mismo. El palacio de justicia es una copia del palacio belga, enclavado en el centro de Lima, enfrente del Sheraton que es un hotel carísimo, y el resto es un tendal de pobreza. La estética de América Latina indica la teatralización de esas burocracias judiciales que replican ideas de Europa pero que terminan siendo ideas fuera de lugar. Eso nos lleva también a lo que dice Zaffaroni respecto de que en América Latina tenemos que pensar un derecho latinoamericano no diferente, no repetir formas de Europa, de Alemania del derecho penal, del derecho civil francés, sino pensar históricamente en clave latinoamericana y pensar un derecho diferente para tener un Poder Judicial diferente. Necesitamos pensar todo de otro modo porque el derecho que están aplicando esos jueces también es un derecho traído de Europa. No es un derecho que tenga su raíz en América Latina. Es muy poco lo original que hay. Sólo los procesos de Memoria, Verdad y Justicia fueron una ruptura y una originalidad de la Argentina. El mismo Gargarella lo reconoce cuando dice “lo más importante de la historia jurídica mundial”. Es verdad. No es exagerado. Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina son inéditos en el mundo y tienen un reconocimiento internacional. Pero fue producto de la voluntad política de un gobierno que transformó una Corte Suprema para llegar a esa situación. Con la Corte Suprema previa a la que integró Zaffaroni hubiera sido imposible el proceso de Derechos Humanos y los juicios de lesa humanidad, es decir la Corte previa al Fallo Simón. Con lo cual volvemos siempre a lo mismo: son los pueblos los que terminan indicándole el camino al derecho y al Poder Judicial. Entonces, tal vez acá, lo que haga falta es transformar el derecho no sólo la administración de justicia. Tal vez necesitamos leyes con otra matriz, más latinoamericanista con mayor arraigo territorial e histórico, con mayor mirada nacional, soberana, de integración regional, anti deuda externa, anti extranjerización de territorios. Otra mirada para construir otro derecho. Evidentemente está fallando el Poder Judicial pero también está fallando la legislación.
– ¿En qué sentido?
– Con un Congreso que discuta en serio. Hoy no lo tenemos. Así como no tenemos un Poder Judicial serio, en nuestro Congreso lo vimos a Ritondo haciendo un gesto que era una vergüenza. Parecen chicos de cinco años en el patio de un colegio los representantes de la soberanía nacional y popular. Ese fue un papelón y sucedió e el Congreso. Y no lo decimos sólo los que estamos de este lado político, lo decía Elisa Carrió también que fue un papelón lo que hizo Ritondo. Es el Congreso de la Nación, es la degradación más absoluta y la muestra más evidente de la falta de ideas. ¿Cómo vamos a discutir con esta gente, con Ritondo, la reforma del Poder Judicial? ¿Un debate de ideas en la Argentina? Imposible. Peor el vaciamiento de la política es funcional a determinados intereses concentrados y esa es la colonización en América Latina, como dice Zaffaroni. Todo esto está encadenado. El empobrecimiento de la dirigencia política de la Argentina es parte de un proceso de entrega del patrimonio nacional hacia otros países que tienen muy en claro cuáles son sus intereses. Si degradás las instituciones, degradás el estado de derecho, degradás las garantías, degradás la Corte Suprema, degradás el debate en el Congreso, lo que estás haciendo en definitiva es degradar a la Argentina y la imposibilitás de defender sus propios recursos, su soberanía y su patrimonio. Terminás regalando el país. Eso es la colonización.
– El Poder Judicial no puede discutir sobre sí mismo, el Legislativo no lo discute. Parece ser que queda en las bases la discusión.
– Son los pueblos los que se movilizan y toman en algún momento una decisión relevante. Acá donde estamos ahora en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado se forma el servicio jurídico a la Nación que son los abogados y abogadas que defienden el interés de la Argentina. Este espacio tiene una función estratégica, dentro de la Procuración del Tesoro. Pero durante la gestión de Macri, la habían vaciado. Los programas que existían los fueron bajando uno a uno. Había una Especialización en Delitos Económicos Complejos y Prevención de Lavado de Activos con la AFIP y con la UIF, la dieron de baja y nosotros la reestablecimos. Había una Maestría en Abogacía Pública, abogacía del Estado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, durante la gestión de Angelina Bonna que fue procuradora del Tesoro de Cristina, vino Macri y la dio de baja. La reestablecimos con esta gestión, con Zanini. También hay una Especialización en Seguridad Social con la Anses, que firmamos con Raverta hace unos meses y se está cursando ahora. Hicimos una Diplomatura Federal en Abogacía del Estado dividida en dos regiones, litoral y Patagonia, que arranca el año que viene. Va a haber cuatro provincias del litoral y cuatro del sur que van a tener abogados de todos lados, integrados, generando un piso común. La idea es generar otra mirada de mayor conciencia y mayor compromiso nacional en los abogados que trabajan en el Estado Argentino para que tengan mayor conciencia acerca del compromiso que significa defender el interés de la Argentina, el interés de la patria. Pero esa conciencia la vas generando. Sobre todo, cuando venís de procesos que atacaban esa conciencia y la desarmaban. Tratamos de recuperar la mirada que reivindica la conciencia nacional, la soberanía nacional, el anti endeudamiento, pero toma tiempo y la competencia es despiadada porque las universidades generan programas también en Derecho administrativo, que son pagos, donde muchas veces terminaban formándose los abogados del Estado porque la ECAE estaba cerrada. Entonces, se terminaba tercerizando y delegando la formación de los abogados en universidades privadas donde, en realidad, no se los formaba para defender al Estado. Si estudiás en una universidad privada te forman para tener una empresa, para defender ganancias, no para defender el interés público. Es decir que había un espacio vacante. Hoy la ECAE lo está volviendo a ocupar. Y si no lo ocupa la ECAE no lo ocupa nadie porque las universidades privadas no forman abogados para defender el interés de la Argentina, forman abogados para defender intereses corporativos. Por eso es tan importante que esta escuela se mantenga firme y no se desmantelen sus programas. Acá se forma el servicio jurídico de la Nación. No es una broma. Son los abogados del Estado Argentino de cada Ministerio que están todos bajo el criterio del Procurador del Tesoro, en términos doctrinarios. Nosotros siempre ponemos la analogía con el Instituto de Servicio Exterior de la Cancillería. Así como en la Cancillería está el ISEN que forma el servicio diplomático, y a nadie se le ocurre cerrar el Isen, o delegar o tercerizar la formación de los embajadores en una universidad privada. En la Escuela de Abogades del Estado, que integra la Procuración del Tesoro, se forma el servicio jurídico de la Nación que tiene la misma importancia que el servicio diplomático. Y nosotros entendemos que así como a nadie se le ocurre cerrar el Isen y mandar a los futuros embajadores a formarse en una universidad privada porque la formación de los futuros embajadores implica una mirada estratégica del Estado sobre el desarrollo y la defensa de los intereses estratégicos de la Argentina en el mundo, del mismo modo, la formación del servicio jurídico no se puede delegar o tercerizar en una universidad privada porque es el Estado el que sabe qué intereses va a defender, qué conciencia quiere generar en el servicio jurídico. Para eso, necesitás abogados bien preparados, con herramientas.
– Un umbral desde donde empezar a hablar.
– Un piso común. Pero no lo teníamos. No estaba y ahora lo estamos generando, año a año con todos los programas que se van desarrollando en la Escuela de Abogados del Estado. Estamos hablando de generar un horizonte común de acción, que los abogados del Estado que están en toda la Argentina tengan espíritu de cuerpo, sientan lo que son, abogados del Estado, y que se comprometan en esa tarea de la defensa de intereses de la Argentina. Por eso, como Zaffaroni, reivindicamos la noción de soberanía porque para nosotros es fundamental la defensa de la soberanía nacional. Y eso implica litigar en favor del Estado, defender los recursos de la Argentina, combatir las fugas de capitales, el endeudamiento inescrupuloso, criminalizar el crimen de cuello blanco, dejar de llenar las cárceles de pibes pobres que son víctimas.
– Algo que no se menciona.
– No se menciona la industria de sacarle plata a la Argentina. Si los abogados estamos bien preparados, no vamos a perder los juicios y vamos a conservar los recursos de la Argentina. Son los estudios jurídicos de Puerto Madero los que hacen plata litigando contra el país o los estudios de afuera de la Argentina.
– ¿Por ejemplo?
– Todos los estudios jurídicos que patrocinan a los tenedores de deuda externa que llevan años litigando contra el país. Muchas veces los acreedores son argentinos y los abogados también. Hay muchos casos de abogados que se dedican a litigar contra el Estado y que se benefician de que los abogados del Estado no estén bien preparados, no estén bien pagos. Ganan los juicios y le sacan plata a las provincias y a la Nación. Estamos cerrando una canilla que está abierta. Siempre se habla de la industria del juicio laboral, por ejemplo. Ese es el discurso de la derecha que dice que el abogado que defiende a los trabajadores son una mafia como dice Macri: “Ese fuero, el fuero laboral con el peronismo es una mafia, es una industria del juicio” como si defender los derechos de los trabajadores fuera una industria cuando e realidad la verdadera industria del juicio es la de juicio contra el Estado llevada adelante por estudios jurídicos millonarios. Se pierde plata que debemos poner donde debe ir que es construir escuelas, hospitales, caminos y no pagar un fondo buitre a través de un estudio jurídico carísimo o que van a los Tribunales que además tienen jueces que no tienen ninguna formación con arraigo nacional y que terminan dándole la razón a los que litigan contra el Estado en vez de defender la integridad nacional. Cuando llegan a jueces entienden que todo lo que tiene que ver con el mercado está bien y todo lo que es pro igualdad, derechos sociales, está mal.
