Informe especial: la pandemia dejó al descubierto las consecuencias del neoliberalismo sobre el Estado. Fuga de capitales, concentración económica y cartelización. Las disyuntivas del gobierno. (Primera parte)
Un Estado que cuida la salud de los ciudadanos y que intenta mitigar los efectos de la paralización económica se topa de pronto con un límite. No se trata de una dificultad infranqueable, pero superar ese obstáculo implica asumir un conflicto complejo y decidirse a avanzar. Una pulseada incierta con factores de poder. En condiciones extraordinarias, la práctica histórica de los grupos económicos en la Argentina vuelve a poner a un gobierno frente a restricciones que la fracción dominante del capital considera insuperables (aunque la historia demuestra que la acción política, con respaldo de mayorías populares, puede correr esos límites para ampliar el campo de lo posible). El ranking de las 100 sociedades y grupos empresariales que más fugaron en los últimos años, revelado por El Cohete a la Luna en las últimas dos semanas, condensa esa disyuntiva con crudeza y reactualiza la puja pendiente por el patrón de acumulación, la estructura económica y la distribución de la riqueza en el país.
La relación simbiótica y complementaria entre el endeudamiento estatal y la formación de activos en el Exterior (eufemismo técnico para lo que se conoce popularmente como ‘fuga’) es clave para el patrón de acumulación de valorización financiera. Se trata de una modalidad de funcionamiento de la economía en la que los principales capitales del país se vuelcan a comprar bonos y títulos para aprovechar tasas de interés altísimas respecto del promedio mundial, en el marco de políticas monetarias restrictivas y desindustrialización creciente, para luego remitir las ganancias más allá de las fronteras.

Quizá el investigador y académico que mejor describió los rasgos fundamentales del patrón de acumulación por valorización financiera es Eduardo Basualdo, economista e historiador. Coautor del emblemático libro El nuevo poder económico en la Argentina de los años ’80, escrito junto a Miguel Khavisse y Daniel Azpiazu, Basualdo retomó en los últimos meses el estudio de los grupos económicos.
En sus trabajos más recientes, Basualdo actualizó su visión de la historia económica basada en patrones de acumulación (agroexportador-oligárquico; desarrollo de la industria liviana por sustitución de importaciones; incorporación de la industria pesada en el marco del desarrollismo; modelo de valorización financiera, que arranca en 1975/1976, colapsa en 2001 y tiene su segunda etapa entre 2015 y 2019 con la gestión Cambiemos). En su análisis de la estructura económica de la Argentina, Basualdo describe los procesos de acumulación, concentración y centralización de capitales que derivaron en la conformación de grupos y conglomerados empresariales.
Se trata de aportes fundamentales para potenciar –o para tratar de hacerlo- las capacidades del Estado ante una encrucijada económica que se caracteriza por la gestión centralizada a través de holdings (sociedad cabecera o controlante de un grupo empresarial, mayormente de carácter financiero, que administra los excedentes de las distintas empresas del propio grupo).
Los holdings dominan los núcleos claves de la actividad económica e inciden de manera determinante en la formación de precios.
En la mirada de Basualdo, las sociedades holdings inciden de manera determinante en la formación de precios (y, por lo tanto, en los procesos inflacionarios) al dominar a través de sus distintas empresas los núcleos claves de actividades y sectores de la economía (lo que los economistas, técnicamente, definen como ‘integración vertical’). Tres prácticas recurrentes de esos holdings –la distribución de dividendos y remisión de capitales al Exterior, el otorgamiento de créditos entre empresas del propio grupo económico y la manipulación de precios al controlar oligopólicamente núcleos estratégicos del aparato productivo- debilitan de modo sistemático a los Estados.
Como premisa general de su diagnóstico sobre el país, Basualdo advierte que en la normativa y legislación vigentes hay un déficit muy importante: se sigue considerando a la empresa singular como la unidad económica central cuando en los últimos 45 años se produjo un proceso de concentración que llevó a que la unidad económica clave pasara a ser el grupo o conglomerado empresario.
Un Estado que pelea con escarbadientes
Vista desde la más estricta coyuntura, la incidencia de los grupos y conglomerados empresariales en la matriz económica sigue abriendo fuertes polémicas. Algunas discusiones incluso se profundizaron en las últimas dos semanas. Ocurrió tras conocerse el listado de grupos económicos que remitieron capitales al Exterior en los años recientes y al cruzar esos datos con la nómina de sociedades que en el mes de abril recibieron la asistencia del Estado para pagar el 50% de sus salarios a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. En otro capítulo agrio y previsible de la historia argentina, ciertos nombres se repiten.

Un caso extremo es el gigante agroindustrial Vicentín (foto principal). Durante la gestión Cambiemos, Vicentín recibió préstamos irregulares por cifras récords de parte del Banco Nación (18.700 millones de pesos) aunque en diciembre de 2019 se declaró en default (“estrés financiero”) y luego se presentó un concurso preventivo. En los estudios más recientes de Basualdo se identifica a Vicentín como el segundo grupo empresario con más ventas y facturación del país (datos del año 2018 según el Área de Economía y Tecnología de FLACSO). La asistencia que el grupo cerealero recibió del ANSES durante la gestión del Frente de Todos, como consecuencia de la pandemia, cubrió el pago por parte del Estado del 50% de los salarios de los trabajadores. Pero también se incluyeron las retribuciones de gerentes y directivos.
Los aportes de Basualdo se reactualizan ante este panorama contradictorio y con cierto sabor a injusticia. Cobran relevancia las propuestas que el historiador y economista enumera en uno de sus últimos escritos. Se trata de una suerte de decálogo de medidas gubernamentales y (potenciales) proyectos de ley, a saber:
· Reconocer a los grupos y conglomerados empresariales como figura jurídica (para solucionar el desfasaje entre el sistema jurídico y la realidad económica).
· Crear un registro públicos de grupos y conglomerados.
· Fijar regulaciones más estrictas para los holdings, las sociedades controlantes de grupos empresariales (en su mayoría de carácter financiero).
· Establecer controles más estrictos sobre los núcleos centrales de cada actividad económica (ejemplo: hilado y tejido en la actividad algodonera). En esos núcleos se suelen fijar precios de toda la cadena productiva, a través de oligopolios.
· Promover la coordinación entre las organizaciones sindicales que lidian con el mismo grupo o conglomerado empresario (en la Argentina el movimiento obrero está organizado en torno a un sindicato único por actividad).
· Realizar un censo de propietarios agropecuarios en la Pampa Húmeda para echar luz sobre las nuevas formas de propiedad (mayormente a través de grupos económicos) que facilitan la evasión impositiva.
Durante la gestión Cambiemos, Vicentín recibió préstamos del Banco Nación por 18.700 millones de pesos aunque en diciembre de 2019 se declaró en default.
Las razones estructurales de la inflación: ¿concentración o puja distributiva?
Entre las medidas que propone Basualdo se puntualizan dos limitaciones estructurales para el desarrollo y la calidad de vida de las mayorías: el primer límite lo representa la ley de Entidades Financieras del año 1977, pleno apogeo del patrón de valorización financiera y tramo inicial de la dictadura (uno de cuyos objetivos, subraya Basualdo, fue “el aniquilamiento de la conducción del movimiento popular”). La segunda limitación proviene de la eliminación del monopolio estatal en materia de comercio exterior (Junta Nacional de Granos) resuelto por la ley 22108 del año 1979, otra norma emitida con el Congreso disuelto por la dictadura y suscripta por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
A partir de este mapa con debilidades, acechanzas y limitaciones estructurales producto del patrón de acumulación de valorización financiera, Contraeditorial contactó a dos especialistas en el estudio de la matriz económica. Los convocó a seguir analizando el escenario esbozado por Basualdo, al igual que sus recomendaciones para la gestión. Economista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), Florencia Médici dedicó la mayor parte de su trayectoria a realizar estudios sobre la macroeconomía, inestabilidad financiera, restricción externa y problemas del desarrollo argentino. El abogado Pedro Biscay integró el directorio del Banco Central hasta julio de 2017, cuando fue desplazado por decreto de Mauricio Macri. Especializado en sistema financiero, Biscay lo fue conociendo desde adentro en su paso por la función pública: se desempeñó también en la Comisión Nacional de Valores y en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
“Los estudios de Basualdo son claves desde todo punto de vista: van al corazón del problema siempre. Todas las preguntas que realiza, al igual que todas las propuestas que esboza, están encaminadas a repensar un problema central que la Argentina no logra reencauzar: cómo interviene el Estado en la economía”, arranca Biscay. “Hoy, ante la pandemia como fenómeno social global, los grupos económicos tienen muy claro que la situación ha puesto sobre las agendas de los países la intervención del Estado sobre la economía. Y esto, para esos grupos, representa una amenaza en materia tributaria”, agrega el abogado.

Médici, en tanto, acuerda con Basualdo en que es necesario actualizar la información con la que cuenta el Estado ante una matriz productiva atravesada por la concentración. “La importancia de cambiar la reglamentación respecto a lo referente a los holdings, a los grupos económicos, me parece fundamental. Hay que obtener mayor información para luego hacer más eficiente la regulación de los grupos. Porque con viejas reglamentaciones al Estado se le hace difícil enfrentar la evasión impositiva que es un gran problema, dada la tecnología disponible y la nueva lógica trasnacional del capital”, plantea.
Médici acota sin embargo algunos matices al analizar el peso de los grupos empresariales en los procesos inflacionarios (por el manejo de núcleos claves a través de varias empresas propias en la ya citada ‘integración vertical’) característicos de la Argentina. Para la economista, “los grupos económicos dominantes en la Argentina no son tan distintos de los del resto del mundo”. Por esa razón, sigue Médici, poner el foco sobre la presencia de esos grupos en las actividades claves para la formación de los precios “no es la forma más eficiente de abordar el control de la inflación”.
Para los especialistas es preciso actualizar la información que tiene el Estado sobre una matriz productiva que está atravesada por la concentración.
“Es un diagnóstico que no comparto, porque en nuestro país la inflación obedece a un fenómeno diferente: hay que ver la estructura de costos pero sobre todo tiene que ver con cómo incide en el país la pulseada por el excedente económico, la puja distributiva. Además, la Argentina está en un mundo y las políticas económicas pueden entrar en contradicción no sólo con grupos de poder local sino también con juegos geopolíticos internacionales, propios de la lógica centro-periferia. Este factor hay que tenerlo en cuenta, aunque no significa que no se pueda hacer nada”, señala la investigadora de la UNM.
Por otro lado, y desde un ángulo complementario, Biscay sentencia que la ley de Entidades Financieras del año 1977 es el gran escollo con el que inevitablemente se estrellan, en los ciclos de ofensiva popular, todos los gobiernos que pretenden promover la industrialización y defender los intereses de los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. El propio Basualdo, en sus estudios de historia económica, asigna a aquella ley de Videla y Martínez de Hoz una función determinante para el patrón de acumulación basado en la valorización financiera. “Tarde o temprano es un debate que habrá que dar a nivel social”, dice Biscay que conoció el monstruo desde adentro al ocupar un sillón en el directorio del BCRA.