El problema del precio de la carne empezó a visibilizarse sobre el final del 2020. Se trata de un tema acuciante que aún persiste y, de hecho, el gobierno ha tomado algunas medidas al respecto.
El origen del problema tiene varias connotaciones. Por un lado se habla de una caída del 50% en el consumo de carne por persona al año, aproximadamente de 50 a 100 kilogramos. Esto significa un empobrecimiento en la dieta alimentaria del país, porque la proteína animal no puede reemplazarse con nutrientes de calidades energéticas similares.
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La caída en el consumo de carne vacuna por persona hace que el promedio de hoy sea de unos 15 kilogramos por habitante. Precisamente, el programa que lanzó el gobierno está destinado a promover el consumo de carne vacuna.
“El Estado debería plantear políticas en diferentes sectores teniendo en cuenta toda la cadena de actores y pensando políticas públicas”.
Este descenso del consumo se da en un contexto de aumento de precios, que se expresó en forma más pronunciada en diciembre de 2020. Otro agravante es que la carne tiene una notoria influencia en la composición de la canasta de alimentos de los argentinos, con lo cual estos saltos de precio impactan fuertemente sobre el poder adquisitivo total del salario. Es entre los sectores más desfavorecidos donde podemos encontrar la pérdida de consumidores más dramática.
Frente a esta situación, el gobierno establece un sistema que se compone de varios cortes de carne a menor precio, durante ciertos días y en determinados lugares. La medida es firmada por el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Comercio Interior y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, con las principales cadenas de supermercados.
¿Quiénes faltan en este acuerdo? Las carnicerías independientes, los pequeños comercios de barrio, los consumidores, la industria frigorífica, la producción ganadera (concretamente el pequeño productor ganadero) y los trabajadores de la carne.
“En este acuerdo faltan las carnicerías independientes, los pequeños comercios de barrio, el pequeño productor ganadero y los trabajadores de la carne”.
Me parece necesario que se expliquen estas ausencias, porque la imposibilidad de resolver los problemas estructurales de la Argentina es lo que lleva a tomar este tipo de medidas, que en definitiva implica sentarse con los sectores con capacidad de veto, identificar qué es lo que están dispuestos a ceder y validar este proceso como una política pública.
Debería ser al revés: el Estado debería plantear políticas en diferentes sectores teniendo en cuenta toda la cadena de actores y pensando políticas públicas, para luego ofrecerlas a cada uno de los sectores involucrados. El que impone las condiciones primordiales es el Estado, de lo contrario no hay manera que estas políticas prosperen a largo plazo.
¿Cuáles son los problemas estructurales de la Argentina que deberían resolverse para alcanzar una democracia participativa?
Por un lado, hay que resolver la situación de la Argentina respecto a que exporta aquello que consume. El Estado no tiene autoridad para definir políticas públicas que incidan en este sector, debido a la extrema privatización tanto del comercio exterior como de una cantidad importante de los mecanismos intermedios involucrados en esta materia, situación que le cede cada vez más espacios a la regulación privada. Por otro lado, es preciso revisar la escasa capacidad de regulación e injerencia que tiene el Estado respecto al sistema de precios. Cuando el gobierno firma este acuerdo, el presidente Alberto Fernández felicita a la mesa de exportadores y les pide que cuiden la mesa de los argentinos.
“Los mismos sectores con los que el Estado hoy negocia el acuerdo son los que, con sus decisiones, desabastecen la mesa de los argentinos”.
Personalmente, me parece una mala manera de entrar a un acuerdo con sectores que están sumamente adelantados en cuanto a cómo se negocia y cómo se consigue la apropiación del excedente, algo que podemos notar en la disyuntiva entre abastecer el mercado interno o hacerse de dólares en el mercado externo.
El peso específico de las exportadoras está definiendo buena parte del funcionamiento de las cadenas. Los mismos sectores con los que el Estado hoy negocia el acuerdo son los que, con sus decisiones, desabastecen la mesa de los argentinos.
Por eso, creo que este tipo de medidas apunta a los efectos y no a las raíces de los problemas, podríamos graficarlo como una gestión constante de pequeños problemas que nunca terminan de resolverse.
Es muy importante que el Estado, además de subsidiar a estos sectores en caso de malarias, intervenga para que todos los argentinos veamos los frutos cuando la cosa va bien.
“La democracia participativa debe ir de la mano de la democracia económica”.
Estoy de acuerdo con lograr una democracia participativa, pero de la mano de esa premisa va la democracia económica, que garantice que los beneficios económicos de cada una de las actividades sean para todos los argentinos. Este sería el modelo para evitar las medidas que funcionan como parche.
Más participación democrática implica más involucramiento de aquellos sectores que hoy se encuentran fuera de cualquier mesa, a través de los sindicatos, a través de convenios colectivos, para que no sean separados de la discusión de la política económica.
Es necesario que la participación democrática se visualice en el diseño de las políticas públicas, porque por más que los problemas sean económicos, la solución siempre es política. No es conveniente componer “mesas amigables”, hay que tener claro en función de qué se va a negociar, sino te convertís en un lobbista que busca una pequeña ventaja en detrimento del bien común.
Cada vez que el Estado se retira de los sistemas de producción y distribución en economía, lo que aparece no es la libertad de mercado, sino los sectores concentrados de poder, con el agravante de que esos sectores son extranjeros y no piensan ni en el trabajo de los argentinos, ni en la pobreza del país, sino más bien todo lo contrario.
En conclusión, hay que definir qué modelo de país queremos los argentinos.
*Presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Columna de economía en “Volver A Las Fuentes” AM990.
