Las Madres de Plaza de Mayo, a través del IUNMa y los Ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, analizan propuestas de formación integral para personas en situación de encierro. Aquí, un recorrido histórico por la relación entre las Madres y quienes se encuentran intramuros.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, y el rector del Instituto Universitario Nacional “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMa), Rodrigo Codino, se reunieron el pasado 1 de julio para analizar la puesta en marcha de diferentes propuestas de formación para personas en situación de encierro.
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El proyecto consiste en articular la enseñanza a escala nacional en todos sus niveles (primaria, secundaria, terciaria y universitaria) y en contextos de encierro no sólo federal. El objetivo es prestar particular atención a los oficios, con el compromiso de sumar al Ministerio de Trabajo para facilitar el empleo de las personas alcanzadas por la iniciativa sin la estigmatización que conlleva el certificado de antecedentes penales. El IUNMa articularía el trabajo entre los ministerios y los gobiernos provinciales que adhieran a la iniciativa. Asimismo, se prevé firmar un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permitiría extender la experiencia a escala regional.
El objetivo institucional de dos ministerios de la Nación y una casa de altos estudios se corresponde con una de las preocupaciones más urgentes de las Madres de Plaza de Mayo, que incluso se remonta a la etapa previa al fin de la dictadura cívico-militar: la situación de las cárceles, la defensa de los derechos humanos de las personas que se encuentran intramuros, y la lucha por asegurarles condiciones materiales dignas de vida una vez que recuperen su libertad.
El objetivo se corresponde con la preocupación de las Madres por la situación de las cárceles y la defensa de los derechos humanos de las personas que se encuentran intramuros.
Con los presos en la dictadura
El primer acercamiento de las Madres a la sórdida realidad de las prisiones se dio alrededor de 1981, cuando algunas pocas de ellas se animaron a intercambiar cartas con los presos políticos de la dictadura, encarcelados a disposición de quienes ejercían de facto el Poder Ejecutivo Nacional. Ese acercamiento, a la vez que motivado por razones estrictamente humanitarias, les permitió aproximarse al mundo militante de sus hijos e hijas secuestrados, y poner algo de luz sobre las sombras que rodeaban la ausencia.
Casi 40 años después, Hebe de Bonafini recuerda que su decisión de relacionarse con los presos políticos provocaba una fuerte discusión interna, porque la mayoría de las Madres veía en ese acercamiento una politización indebida para el movimiento de denuncia. Hebe lo hacía igual. Y forjaba a través del vínculo con los presos políticos una ventana de los detenidos para con la realidad nacional, a la que faltaban desde su encarcelamiento (en muchos casos, producidos antes del 24 de marzo de 1976) y también para las propias Madres, ya que les permitía entender la osadía revolucionaria de los hijos.
Eran los primeros atisbos de un complejo proceso subjetivo, profundamente ideológico y político, colectivo pero también íntimo, que años después llamarían “socialización de la maternidad”, y que sin dudas comprendía la soberana decisión de las Madres de Plaza de Mayo de reivindicar no sólo a los desaparecidos, su humanidad y sus vidas, sino también sus luchas, objetivos revolucionarios y métodos de acción. “La mayor discusión se centró sobre la reivindicación de nuestros hijos, de todos ellos, como revolucionarios. Revolucionarios los guerrilleros, los que alfabetizaban, los que militaban en la Iglesia del Tercer Mundo, los que escribían, cantaban, en fin, los que soñaban y luchaban por un país más justo y solidario”, escribió Hebe en el diario Página 12, en una nota publicada en ocasión de los 30 años del golpe, el 24 de marzo de 2006.
Siempre fueron libres
Un libro editado en abril de 2018 por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP) narra esta experiencia y recoge el intercambio epistolar entre los presos políticos y las Madres de Plaza de Mayo. El trabajo, titulado “Siempre fueron libres”, fue compilado por el periodista y ex prisionero político Jorge Giles.
En el texto introductorio, Ana María Sabio, militante política, esposa de un preso político de la dictadura y fundadora del Grupo de Solidaridad AMASU (Apoyo de las Madres en Suecia), cuenta que “las Madres se plantaron en la Plaza, comenzaron a marchar y ya en 1978 eran punta de lanza de una lucha a la que se unían otras personas y organizaciones”.
Sabio agrega que “en La Plata, un grupo de jóvenes, esposas, hermanos, hijos de detenidos y detenidos desaparecidos acompañaban a las Madres que todos los miércoles a las 15.30 hs. marchaban en la Plaza San Martín de La Plata, y los jueves, a la misma hora, en la Plaza de Mayo. Muchas de esas Madres iban a la Plaza con los hijos de los detenidos desaparecidos (…) entonces con Alejandra, la hija de Hebe; con Claudia y Gustavo Berlingeri, hijos de un compañero desaparecido y algunos más que se fueron sumando posteriormente, y con la aprobación y el apoyo de las Madres, decidimos organizar diferentes actividades para los niños”.
Las actividades consistían en festejos de cumpleaños, funciones de títeres, paseos, encuentros de juegos, y hasta una colonia infantil en la casa de una Madre en la periferia de La Plata, donde había una pileta. “Rápidamente ellas decidieron aportar la comida y bebida necesarias para cada día y las que manejaban ponían sus coches a disposición para el traslado”.
Al comenzar el otoño de 1982 y finalizar el período de colonia estival, el grupo organizó un campamento en el parque Martín Rodríguez de Ensenada, que contó nuevamente con el apoyo entusiasta de las Madres. “Mientras tanto –detalla Ana María Sabio-, la relación y el contacto de ellas con los presos político había ido in crescendo”.
Esa profundización de la relación, las tareas que las Madres hacían por los presos y sus familias, y sus ya cuatro años de resistencia en la calle a la dictadura, “interesaban, naturalmente, a los compañeros presos, que comenzaron a sugerir formas de contacto directo con ellas. Las visitas estaban limitadas a esposas/os, hijos, padres y hermanos (…) así surgió la idea de las cartas. Si alguna vez un familiar aceptaba ‘prestar’ su nombre a una Madre, lográbamos así que el encuentro se produjera, ya que (los presos) sólo podían recibir cartas de sus familiares”, dice Sabio, y amplía: “Rápidamente se comenzaron a escribir listas, nombres de los compañeros detenidos y nombre y relación familiar de los generosos remitentes. Así el pañuelo blanco se transformó en paloma que atravesó los barrotes carcelarios y se depositó en las manos de compañeros (…) Las cartas llegaban a muchos compañeros y se leían en la celda y en el patio. Las que llegaban de regreso se leían en la cocina y en la Plaza”.
Las Madres sentían, como retrató Rodolfo Walsh a su hija Vícky, que debían ir a “militar a una villa miseria”, para tomar “contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatían”.
Presos políticos “en democracia”
Tras el fin de la dictadura y la persistencia de los presos políticos bajo la “democracia” tutelada que comandó Raúl Alfonsín, la relación política entre las personas detenidas y las Madres se convirtió en un decidido compromiso de lucha por su libertad. No sólo a través de cartas, sino también mediante la visita a los penales. En el número 1 del Periódico Madres de Plaza de Mayo, editado en diciembre de 1984, a un año del gobierno de Alfonsín, se lee un informe sobre el área de Derechos Humanos de la flamante gestión constitucional, en el que se detalla que los “presos políticos, verdaderos rehenes, (que llevan) 47 días de huelga de hambre y 20 mil manifestantes en las calles de Buenos Aires, no lograron torcer la decisión política oficial. Los presos siguen en las cárceles a las que fueron enviados por los militares y por jueces cómplices de la dictadura”.
La defensa de los presos políticos y la exigencia de su libertad durante la “democracia” por parte de las Madres, alcanzó su máxima potencia y compromiso político a través de los hechos del 23 de enero de 1989, cuando militantes del Movimiento Todos por la Patria fueron brutalmente reprimidos en el cuartel militar de La Tablada, adonde habían ingresado en forma sorpresiva, para detener –según explicaron- un nuevo levantamiento carapintada, que hubiera sido el cuarto desde la Semana Santa de 1987. El hecho acabó con 32 militantes del MTP muertos, 9 militares y 2 policías caídos, y cuatro integrantes de la organización política desaparecidos.
Tras el hecho armado comenzó una verdadera caza de brujas, que aisló políticamente no sólo a los militantes del MTP, sino a todos aquellos que durante los años anteriores se habían manifestado en contra del poder militar y a favor del encarcelamiento de los genocidas. Entre ellos, las Madres y las organizaciones y referentes más combativos del campo popular. Entonces, fueron las Madres de Plaza de Mayo las únicas y las primeras en plantear públicamente una posición diferenciada del discurso oficial imperante.
Las Madres se expresaron tan sólo tres días después de los hechos, en su marcha habitual de los días jueves. A pesar de la confusión reinante, la feroz campaña mediática y el avance sobre las libertades individuales, Hebe dejó bien clara la postura de los pañuelos blancos. “Preferimos dudar a creerle al enemigo”, dijo la presidenta de las Madres y agregó: “Entre los errores de los compañeros, y los aciertos del enemigo, preferimos los errores de los compañeros”. En tanto, en la edición especial de su periódico, escribieron con contundencia: “Cuando la Justicia sea expresión de igualdad para todos, podremos también las Madres ser imparciales”.
Era una clara reivindicación de los militantes del MTP que, aun si hubieran estado equivocados (las Madres no juzgaban en público su accionar, y menos en ese momento tan dramático) pertenecían al campo popular y eran asiduos asistentes a todas sus actividades, por lo que no podía permitirse que se los convirtiera, de la noche a la mañana, en los “principales peligros para la democracia”, como los calificó entonces Enrique “Coti” Nosiglia, ministro del Interior de Alfonsín. Esa injusta imputación pasaba por alto a los carapintadas, y no ingenuamente, para beneplácito de los sectores castrenses que proyectaban reposicionar a las Fuerzas Armadas ante la sociedad civil, aprovechando el desconcierto.
Con valentía, las Madres dedicaron las páginas de su periódico a cubrir con honestidad informativa y solidaridad militante todo lo que había rodeado el hecho. Allí denunciaron las torturas a las que eran sometidos los encarcelados tras el asalto al cuartel. También pusieron a disposición de los presos y de sus familiares a sus propios abogados, que fueron quienes les dieron la primera asistencia legal. Los militantes del MTP fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia (no aplicada hasta ese momento para los sublevados en motines militares) que entre otras aberraciones jurídicas (años más tarde serían observadas por un tribunal internacional de Costa Rica) no tenía previsto mecanismo de apelación para los condenados. Además, las Madres prestaron su reconocida voz internacional para denunciar en el extranjero el camino de salvaje represión que había decidido tomar el alfonsinismo para despedirse de su gobierno.
Aquella cobertura periodística (y política) de las Madres, que contuvo la publicación de fotos con vida de los militantes luego desaparecidos, fue valorada como prueba documental en el juicio realizado a 30 años del copamiento, en el que el Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín condenó a prisión perpetua al genocida Alfredo Arrillaga.
Referencia internacional
El compromiso de las Madres en la denuncia de las condiciones de detención de los presos políticos se volvió referencia en el continente. En febrero de 1997, una delegación de Madres viajó a Lima, para mediar entre el presidente peruano, Alberto Fujimori, y los guerrilleros del MRTA que habían tomado la embajada de Japón. La gestión internacional se realizó a pedido de la comandancia del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Hebe de Bonafini y Hebe de Mascia fueron las Madres emisarias que viajaron para mediar frente al gobierno por el conflicto que mantenía a setenta rehenes en el interior de la sede diplomática. Los guerrilleros denunciaban las condiciones inhumanas en las que se hallaban detenidos sus compañeros en las frías cárceles de Fujimori, sobre las alturas insondables de los Andes peruanos, donde se hacinaban 5500 presos políticos.
Si bien el mandatario se negó a recibir a las Madres, mientras ellas estuvieron en el país fueron suspendidas las acciones armadas con que el gobierno amenazaba recuperar la embajada. Esto finalmente ocurrió semanas más tarde, con el saldo dramático de todos los guerrilleros asesinados. Durante su estadía en Lima, las Madres recibieron decenas de testimonios de mujeres y hombres anónimos, que se acercaban con terror hasta el hotel en donde ellas se alojaban y denunciaban la situación de extrema vulnerabilidad y violación de derechos humanos básicos imperante en Perú.
En 1997, una delegación de Madres viajó a Lima para mediar entre el presidente peruano Alberto Fujimori y los miembros del MRTA que habían tomado la embajada de Japón.
Un año después, en julio de 1998, Hebe denunció con su propia presencia la situación de los presos políticos en Chile, rehenes de la dictadura de Pinochet en la “democracia” vigilada de la Concertación. Hebe había llegado a Santiago para participar de la Semana por los Derechos Humanos y la Democracia contra la Impunidad, invitada por Gladys Marín, la máxima dirigente del Partido Comunista chileno. Durante su estadía, visitó la Cárcel de Alta Seguridad, ubicada en Colina, en las afueras de Santiago, y se amotinó durante algunas horas dentro del penal cuando le fue rechazada su petición de reunirse con los presos allí recluidos.
—Vengo a ver a los presos -se presentó Hebe.
—No, señora —le dijo un comisario—. Tiene que pedir entrevista.
—¿Cómo entrevista? ¡Vengo de Argentina! Además, sos un desatento. No me podés recibir en la calle. Haceme pasar.
El oficial apenas la hizo entrar a un pasillo.
—¿Me puede dar el pasaporte?
—Acá no. Atendeme adentro -respondió Hebe.
Cuando la hizo pasar, Hebe se soltó del brazo del comisario, se metió a la zona de celdas y gritó: “¡Acabo de tomar la cárcel!”. Horas después la dejaron ver a los presos. Con esa acción consiguió que los detenidos pudieran ver a sus hijos, derecho que les era negado desde el momento de su detención.
Asimismo, Hebe visitó en Italia cárceles en Milán y Roma, donde se alojaban presos comunes e inmigrantes, y prestó su solidaridad a las madres de los presos políticos vascos, pertenecientes a la izquierda abertzale, que reclamaban cumplir sus condenas cerca del lugar donde vivían sus familiares, lo que mereció una campaña de desprestigio en España y en la Argentina, queriendo vincular falsamente a las Madres con la ETA.
Villas y cárceles fueron la principal apuesta al futuro de las Madres y, durante años, su mayor siembra política.
Presos políticos vs. Presos sociales
En junio y julio de 1995, las páginas del Periódico de las Madres fueron el escenario en el que los presos políticos de La Tablada y Sergio Schoklender, por entonces detenido en el mismo espacio carcelario –la Unidad 16, más conocida como Cárcel de Caseros-, mantuvieron una encendida polémica.
Schoklender, condenado por el crimen de sus padres, envió al Periódico una carta, que las Madres reprodujeron completa en el mensuario. Allí, su autor describía dos grupos entre la población carcelaria. “Por un lado, estaban los intelectuales, los que hacían autocrítica. Los que pasaban y fruncían la nariz cuando nos veían. Ellos eran los presos políticos, lo que significaba que ‘no eran delincuentes’. Pero estaban los otros, los que venían de más abajo, los que como el ‘Petiso’ o ‘los tucumanos’ o… bueno, los otros. Los de extracción más humilde, los más combativos. Y ellos eran más parecidos a nosotros. Ellos se solidarizaban y se animaban a caminar por cualquier lugar de la cárcel. Los otros no”.
Para el autor estaba bien “eso de defender el ‘status’ de presos políticos, si es para joder al gobierno. Pero mantener el status para quedarte separado de la gente, es una cagada. Y eso que grita, que huele mal, que tiene todos los vicios de la miseria, que se asoma por las rejas desde los otros pisos, también es gente”.
La respuesta no tardó en llegar. La edición siguiente, de julio de 1995, publicó una carta firmada por los Presos Políticos de La Tablada, en la que negaban la representación que Schoklender se arrogaba “sobre los presos sociales”, al tiempo que lo acusaban de emplear los mismos argumentos “que usa el Servicio Penitenciario Federal con los demás presos para tratar de ponernos en contra nuestro. Lo sabemos porque ellos mismos nos lo cuentan”. Y agregaban: “¿Con cuántos de los casi 200 presos que han convivido con nosotros, jugado al fútbol, estudiado, comido, compartido vivencias en estos 3 años, ha hablado Schoklender como para opinar así? Con ninguno, entonces utiliza el mecanismo perverso de inventar un diálogo que sólo está en su imaginación, buscando engañar a los que no conocen las realidades de esta cárcel”.
Lo cierto es que el apoyo político de las Madres hacia la lucha de los presos políticos de La Tablada por su libertad continuó firme, pero también la preocupación por la criminalización de la miseria, las redes clasistas de selectividad penal y las cárceles llenas de pobres.
Una de las grandes preocupaciones de las Madres fue asegurar condiciones de vida dignas a los presos, para el momento en que recuperen su libertad.
Las Madres sentían, como retrató Rodolfo Walsh a su hija Vícky, que debían ir a “militar a una villa miseria”, para tomar “contacto con la pobreza extrema en cuyo nombre combatían”. También las Madres salieron “de esa experiencia convertidas a un ascetismo que impresionaba”. Villas y cárceles fueron su principal apuesta al futuro y durante años su mayor siembra política.
Ese compromiso con los más pobres y olvidados de la pirámide social, sin embargo, no les evitó disgustos y traiciones, como las que el mismo Schoklender cometería con las Madres varios años después, no obstante lo cual “vamos a seguir creyendo en la gente”, como dijo Hebe de Bonafini en junio de 2011, apenas conocida la estafa que los hermanos produjeron en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Presos del teatro
Desde el año 2007 y por cinco años consecutivos, la sede de las Madres se convertía en una sala para experimentación teatral e inclusión social. Se trataba de un ambicioso proyecto cultural denominado “Salvatablas”, que consistía en un programa de inclusión para personas detenidas y sus familiares, autorizados previamente por los correspondientes jueces de ejecución penal de cada uno de ellos, y con pleno conocimiento de las autoridades penitenciarias, para realizar teatro en las instalaciones de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, los días martes y jueves. Tras los ensayos, esas personas alojadas en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, regresaban puntualmente y por sus propios medios a los lugares de detención.
La experiencia había sido impulsada por las licenciadas María José Trucco y Luciana Antognini, y el sociólogo y psicodramatista Sebastián Carrera, y contaba con el aval de la Biblioteca Nacional, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria Nacional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, la Red Cultural del MERCOSUR y, desde luego, las Madres.
“Las Madres siempre vamos a defender los valores de la solidaridad social y extender las manos a los vulnerados”, respondió Hebe al juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuando quisieron detenerla en 2016.
La humanidad, siempre
Cuando el proyecto de inclusión social, creación de fuentes laborales, formación en oficios y edificación de viviendas que parieron las Madres entre 2007 y 2011, denominado “Sueños Compartidos”, se desarrolló lo suficiente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decretó una excepción a la imposibilidad de contratar a personas que registren antecedentes penales en emprendimientos financiados con recursos estatales. La medida fue revolucionaria y se produjo debido al prestigio de las Madres que se ponía en juego en el proyecto.
La posterior traición de quienes lo dirigieron, y que convirtieron a los Pañuelos Blancos en las primeras víctimas de una estafa tan dolorosa como millonaria, largamente pergeñada por sus enemigos, no pudo quebrar el profundo sentido humanitario, altruista y generoso que guía la praxis política de las Madres de Plaza de Mayo. Ellas siguen confiando en su pueblo. En los que reclaman una nueva oportunidad. En los que nada tienen que perder, excepto sus cadenas.
Como la misma Hebe le dijo en un escrito al juez que quiso detenerla, Marcelo Martínez de Giorgi, en agosto de 2016, “las Madres siempre vamos a defender los valores de solidaridad social, extender las manos a los vulnerados, por sus sueños, en este tiempo y en los que vendrán. Y vamos a luchar para que alguna vez nos enfrentemos con jueces probos que nos ayuden a sentir en nuestros cuerpos el valor de la Justicia”.
Ojalá esté llegando ese tiempo a nuestra Patria.
