Los abogados que representan a Cristina Fernández de Kirchner ante la ONU —Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego— brindaron este martes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer una nueva prueba nueva para la causa Vialidad, que condenó a la expresidenta a seis años de prisión y a la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida. Durante la exposición, pusieron el foco en uno de los principales argumentos de la Justicia argentina: un decreto aún vigente que, según la acusación, habría sido dictado para favorecer al empresario Lázaro Báez. Sin embargo, los nuevos datos presentados señalan que Báez recibió apenas el 0,85% de las obras.
Los letrados, que presentaron su planteo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, realizaron un repaso de la causa y explicaron cómo se fueron cayendo las principales acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Beraldi recordó que la condena estuvo centrada en el artículo 54/2009, que amplió los beneficiarios de un fideicomiso destinado a obras de infraestructura vial. Según los jueces, se trató de un «decreto irregular y con el exclusivo propósito» de beneficiar con obras a Báez. «Es el punto de inflexión con el que se produce la condena de administración fraudulenta», explicó el letrado. «Esta es una imputación falsa», manifestó.
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En este punto, el abogado recordó que presentó, en el marco de la causa, pericias contables que daban cuenta de que los fondos de dicho fideicomiso se repartieron entre diferentes empresas que realizaban obra pública, pero que esta prueba no fue tomada en cuenta por el Tribunal. Ahora, en el marco de la causa Cuadernos, «encontramos una prueba determinante», sostuvo Beraldi. «A veces la verdad sale de la manera más inesperada», agregó.
En el marco de la causa que también investiga a CFK, un funcionario de Vialidad, testigo de la fiscalía, presentó datos oficiales sobre las obras viales realizadas entre 2009 y 2018, en los que se puede ver que, en el período que comprende la causa por la que condenaron a CFK (2009-2015), Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de las obras. «Las empresas que estaban en los primeros lugares nada tenían que ver con el gobierno de ese momento», sostuvo Beraldi. Justamente, la primera resultó ser IECSA, empresa fundada por Franco Macri, que después pasó a manos de su sobrino Ángel Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
Valim: “No hay ningún fundamento fáctico para la condena”
Quien brindó más detalles del informe fue el abogado brasileño Rafael Valim. «Estamos frente a un hecho que marca un giro decisivo en este caso. Como dijimos en la anterior conferencia de prensa, no había ningún fundamento de derecho para condenar a CFK. Ahora queda claro que no hay ningún fundamento fáctico para la condena. El decreto no podría servir de ninguna manera para responsabilizar a la presidenta Cristina y ahora corroboramos, de una manera técnica, incontestable, que en verdad se creó una mentira para condenarla», sostuvo.
«Si ese decreto fue para favorecer a ese grupo empresarial, resulta difícil creer, de una manera seria, que ese decreto haya sido creado para destinar ni 1% para ese grupo empresarial», destacó.
Valim exhibió también unas filminas en las que se ven las principales constructoras de las obras financiadas. El grupo Austral, entre 2009 y 2011, recibió unos 18 millones de dólares, mientras que otras empresas, como la mencionada IECSA, recibieron 360 millones, es decir, el 16% del total. «Estos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible», sostuvo el abogado y agregó: «Estos datos demuestran que ese grupo empresarial (Austral) tuvo una participación ínfima, mínima, en los destinos de los fondos».
Las tres vías para revisar la condena
Borrego, por su parte, cuestionó a la Justicia argentina por el fallo, al que consideró un «delirio». «Quieren expulsar sea como sea de la política a Argentina a una mujer porque les estorba, porque hay miedo a esa mujer», sostuvo. «Se trata de un grave hecho de producción sin precedente. Por lo que merece el mayor de los reproches», apuntó.
El abogado español explicó que ahora se abren tres vías. La primera es en octubre, cuando se reúne el Comité de la ONU y podría llegar a tratar la presentación ya realizada; la segunda, mediante un recurso de revisión en la Justicia argentina que presentarán; y la tercera, explicó, mediante una decisión judicial o política.
«Creemos que lo que hemos presentado tiene su trascendencia, pero nosotros somos serios. Para nosotros, nuestro caso es muy importante, pero nos dirigimos a un comité que tiene miles de casos», explicó Valim sobre la ONU.
Sobre el final, Beraldi repasó los últimos dos caminos. “Hoy tenemos un elemento de prueba nuevo que no existía al momento en que se dictó la sentencia, elaborado por expertos internacionales de prestigio indudable e internacional. Ese elemento de prueba permite iniciar una acción judicial que se llama recurso de revisión, que está previsto en la legislación procesal», detalló.
Esto, explicó, «se tramita ante la Cámara de Casación y tiene sus plazos», pero, independientemente de esta presentación, está la «posibilidad concreta de que, frente a la contundencia que tiene un planteo de esta envergadura, el propio tribunal disponga la suspensión de la condena hasta tanto se dicte una sentencia de fondo».
«Sería como una especie de medida cautelar, en beneficio de la persona que está siendo enjuiciada. Esta es una alternativa que, por supuesto, nosotros creemos que es la que corresponde, pero cuando, en definitiva, esto se presente judicialmente, veremos cuál es la decisión de la Justicia», concluyó.
Fuente: Diario Contexto
