No hay fusilamientos peores que otros, solo que cada cual revive con particular conmoción aquel que le ‘tocara en época’. Nutrida en tragedias, la historia argentina puede dar cuenta de un completo menú de episodios que, con variaciones en su partitura dramática, castigaron y empujaron a distintas generaciones.
El sábado 13 de diciembre de 1828, a las 2.30 de la tarde, en el corral de la estancia ‘El Talar’, un pelotón bajo las órdenes de Lavalle disparaba contra Manuel Dorrego. Bajo el sofocante calor de Navarro, en la pampa bonaerense, quedó tendido el cuerpo del Coronel hasta el día siguiente, cuando lo recogió el padre Juan José Castañer para darle una sepultura triste, sumaria y precaria. Es obvio que ya no quedan testigos presenciales de aquella ejecución.
Tampoco quedan entre los vivos quienes, de primera mano, supieron de las matanzas en ‘La Patagonia Trágica’ (1921-1922). En esa oportunidad, otro coronel, pero del bando enemigo, Héctor Varela, mandó a fusilar a unos 1.500 peones rurales en Santa Cruz en el marco de las huelgas obreras que se dieron por mejoras en las condiciones laborales y de vida. Por cierto, no existieron juicios previos y la Liga Patriótica le entregó una medalla de honor al sicario. De ambos acontecimientos nos quedan enormes registros históricos: testimonios bibliográficos notables que nos otorgaron Ortega Peña, Duhalde, Hernán Brienza, Borrero, Osvaldo Bayer, entre otras decenas de autores.
De las ejecuciones en los basurales de José León Suárez (junio de 1956), queda un sobreviviente de los 32, ‘el fusilado que vive’, como lo denominó Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Juan Carlos Livraga reside con 94/95 años en Estados Unidos y en mayo de 2023 fue recibido en el Senado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien destacó su historia.
Trelew, en cambio, y más allá del alto número de declarantes que recuerdan con precisión los eventos que se desencadenaron tras la fuga del penal de Rawson, el 15 de agosto de 1972, tuvo particularidades inéditas hasta entonces (tampoco restauradas en las subsiguientes dictaduras). Los 19 militantes que llegaron al aeropuerto viejo de Trelew, 6 minutos después de que el avión despegó a Chile, al ver perdido el escape, tomaron el aeropuerto. Cercados por fuerzas de la Armada, se atrincheraron y exigieron garantías para poder rendirse. Ofrecieron una conferencia de prensa antes de negociar.

Desde el principio los prisioneros plantearon que estaban dispuestos a entregarse sin otra condición que garantías para sus vidas e integridad física, para lo cual pidieron la presencia de jueces, abogados, médicos y periodistas. La negociación fue larga y tensa: recién pasada la medianoche empezó a discutirse en firme mientras los militares exigían la rendición incondicional ofreciendo solo ‘la palabra de un oficial superior del Ejército’ como única garantía. Finalmente se llegó a un acuerdo que fue público y contó con la protección del juez de turno y de los abogados. Los 19 militantes de FAR, Montoneros y PRT-ERP se rindieron el 16 de agosto ante los efectivos militares, exigiendo el cumplimiento del convenio en resguardo de sus vidas ante la presencia de periodistas y autoridades judiciales. El pacto fue que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las cauciones establecidas, pero el compromiso asumido fue incumplido: en lugar de reintegrarlos al penal, fueron trasladados directamente a la Base Almirante Zar, donde permanecieron detenidos —y, según varios testimonios, torturados— hasta la madrugada del 22 de agosto, cuando fueron fusilados.
En este caso, además de los 3 sobrevivientes, el testigo presencial fue toda una sociedad que vio y escuchó las garantías ofrecidas tras la negociación. Y esa fue la singularidad de Trelew: un fusilamiento a ‘cara descubierta’, una ejemplarización pública, venganza, provocación o mensaje. Elíjase lo que se quiera. La Argentina de ese momento se encontraba, apenas, a siete meses de las primeras elecciones sin proscripciones luego de 18 años. No obstante, la advertencia fue nítida. Así las cosas, debe suponerse que Trelew constituyó un germen del Terrorismo de Estado que se implementaría a partir de marzo de 1976.
Trelew fue un punto de llegada de la siembra hecha en la Patagonia Rebelde o en los basurales de José León Suárez y al mismo tiempo fue un punto de partida con claro recado a futuro: ‘para nosotros no habrá norma, legalidad o derecho aun con detenidos desarmados’. Trelew se inscribe en la historia como ruptura de todo orden: prisioneros legalizados en un penal de máxima seguridad que son fusilados sin máscara por Roberto Bravo, entre otros. Margarita Belén, Fátima, Las Palomitas, los ‘enfrentamientos nocturnos’ le devolvieron clandestinidad a aquello que fuera público y notorio en Trelew.
La generación de quienes combatían a la dictadura quedó sacudida y dispuesta a todo (y ‘todo es todo’); también a hacer uso del ejercicio de la memoria. Una mañana nublada, la Facultad de Derecho de la UBA amaneció con un tremendo ‘trapo’ que interpelaba a quienes estaban en su interior. A los jueces, abogados y juristas: «¡qué mierda enseñan allí dentro, en un país donde no rige la ley, la norma y la Constitución!»; a los alumnos: «¡qué carajo aprenden en ese lugar si en la Argentina no se respetan las mínimas garantías hacia los prisioneros, dado que se los fusila sin consideración por convenciones o tratados internacionales!».
El diario La Nación tituló los asesinatos al mejor estilo de La crisis causó dos nuevas muertes (otro fusilamiento): En Trelew abatióse a quince extremistas con la bajada de Cayeron en un tiroteo con fuerzas navales al intentar huir de la base donde estaban detenidos.
Suena paradójico pensar que una dictadura respete reglas, pero hasta la guerra tiene acuerdos y regulaciones que la rigen. La guerra como ejercicio de dominación constituye un acto de masiva ilegalidad e ilegitimidad, pero aun así la guerra tiene códigos y tratados. Los crímenes de guerra (una ilegalidad dentro de la otra) violan el estatuto que gobierna a la barbarie. Trelew se inscribe como barbarie en la historia argentina y no porque hubiese habido guerra o crimen de guerra, sino porque a siete meses de elecciones libres ya operaba una formalidad jurídica. Se presentaban recursos de habeas corpus y se permitían defensas técnicas en favor de los detenidos políticos.
La dictadura siguiente (1976-1983) retoma el patrón previo a Trelew: la ejecución clandestina con el novedoso elemento de la desaparición forzada. La ‘Masacre de Las Palomitas / Villa Las Rosas’ (Salta, 6 de julio de 1976), 11 presos políticos fusilados durante un traslado simulado, presentado como emboscada del ERP. ‘Masacre de Fátima’ (Pilar, 20 de agosto de 1976), 30 detenidos-desaparecidos fusilados y sus cuerpos dinamitados. ‘Masacre de Margarita Belén’ (Chaco, 12-13 de diciembre de 1976), 22 presos políticos fusilados durante un traslado simulado.
Trelew constituyó un punto de inflexión, un quiebre y ruptura con el porvenir; clausuró la posibilidad de pausar la pólvora en la búsqueda de un armisticio que le permitiera a la resistencia una salida política que brindara la oportunidad de velar las armas por un rato. Pero no, aceleró la radicalización de aquella militancia juvenil, unificó a las organizaciones al marcar un umbral decisivo en la genealogía de la violencia e intransigencia armada en la Argentina. A partir de ese hito, ya nada fue igual.






