Los gobernadores del Norte Grande le pusieron un fuerte freno al proyecto de ley que intentaba avanzar en la Cámara de Diputados y que tenía el consenso de diferentes organizaciones ambientales. El comunicado que gobernadores oficialistas y radicales emitieron desde Estado Unidos, donde buscan inversiones de empresas extranjeras en infraestructura para la producción de Litio, dilapidó toda esperanza de conseguir dictamen en los próximos días.
El comunicado de los gobernadores, en línea con planteos que sostienen las cámaras mineras y rurales, esgrime que el proyecto de ley que se impulsa es anti-producción.
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En la comisión de agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, de la que participaron esta semana representantes de la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y de la Federación Agraria, al igual que luego lo hicieron en un comunicado, pidieron “que se cumplan las leyes que tenemos para proteger los recursos naturales, la población rural y la producción”. Lo que se traduce en una manifestación clara de no querer avanzar en la iniciativa que se debate en el Congreso desde 2013.
“No solo atenta contra nuestra actividad, sino también pone en riesgo el arraigo rural y el desarrollo del país porque no solo afectará al sector primario, sino también a otros eslabones de la cadena y sectores de la economía”, expresa el comunicado conjunto de las entidades agropecuarias.
Lo cierto, es que estos posicionamientos lograron que los jefes de bloque de las diferentes fuerzas políticas decidieron levantar el plenario de comisión conseguido a través de un emplazamiento en la última sesión de la Cámara baja. Lo que provocó malestar en parte del Frente de Todos y entre las fuerzas políticas que venían trabajando en el proyecto.
La diputada Graciela Camaño fue una de las disgustadas. Mediante una carta se quejó ante la presidencia de la Cámara por el levantamiento del plenario. La reunión de comisión se había logrado mediante un emplazamiento, suspenderlo está fuera de reglamento, según explicó la diputada en su misiva.
“El funcionamiento en plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto y Hacienda para tratar todos los proyectos presentados y vinculados a la temática de humedales fue decidida por el cuerpo, mediante una moción de emplazamiento que jamás puede ser reinterpretado por los presidentes de bloque”, señala la nota dirigida a Cecilia Moreau, y firmada también por el diputado Enrique Estevez.
Así las cosas, el panorama para el proyecto de ley de humedales es más que sombrío. Por más que la ley tenga gran respaldo en la sociedad y que los propios productores ya no nieguen el cambio climático las posibilidades de que prospere el debate se desvanecen.
La sequía que azota a gran parte del país desde hace cinco años, la padecen los habitantes y los propios productores. Y se traduce, entre otras cosas, en la intensificación de los incendios en esas regiones. Sin embargo, muchos de los actores, prefieren caer en las falsedades que se dicen sobre la ley, e ignorar la necesidad de revisar cómo se cuida el ambiente.
La ley de Humedales no busca prohibir la actividad económica, ni busca sacar la producción ganadera del Delta, ni se niega a que se produzca arroz o se lleve adelante la minería.
La iniciativa busca definir qué es un humedal, crear un inventario y establecer estándares mínimos de protección. Por lo que, lo expuesto por muchos gobernadores, productores y entidades agrarias falta a la verdad.
También es cuestionable que se entienda que la ley intenta avanzar sobre la potestad de las provincias, cuando busca prevenir la destrucción de un ecosistema que tiene la particularidad de absorber gran parte de los gases de efecto invernadero. Donde, además, se reproduce la biodiversidad de manera inigualable. En Argentina, el 40 por ciento de las aves se crían y viven en los humedales.
No hay duda, de que son fundamentales para mantener la salud del planeta, y en nuestro país se calcula que los humedales pueden llegar a ocupar una superficie que rondaría los 600.000 km2. Lo que representaría cerca del 21,5 por ciento del territorio, según un estudio realizado en 2008 por Kandus, Minotti y Malvárez. Otras publicaciones estipulan que la superficie estaría en torno al 12 por ciento. La ley aportaría datos más certeros sobre estos sistemas que requieren cuidados.
La Constitución Nacional, marca en su artículo 41, lo que en definitiva ciertos sectores, que ponderan el desarrollo por sobre el ambiente, pasan por alto: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”.
A pesar de lo que claramente expresa la Constitución, el riesgo de que la ley de humedales no vuelva a perderse entre las diferencias transversales que existen dentro de Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos, es muy alto. Por lo que la responsabilidad de su sanción, se vuelca principalmente, al empuje que puedan generar las organizaciones ambientales y la movilización popular.
