Las claves para entender el proyecto hídrico que impulsa Mendoza y que tambalea por falta de sustentabilidad. Los beneficios que Macri le otorgó a la obra, la falta de evaluaciones ambientales de toda la cuenca y la ansiada respuesta de Alberto Fernández por la continuidad de un plan cercado por dudas. El reciente cambio de planes del gobernador de Mendoza ante un proyecto que quedó viejo.
El Río Colorado es un río interprovincial. Nace de la confluencia de los ríos Barrancas y Grande, en la majestuosa Cordillera de los Andes y desemboca en el Mar Argentino. Atraviesa el país de lado a lado y va dejando su estela por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Rio Negro y Buenos Aires. Es también el límite natural que separa entre sí a muchos de estos territorios.
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Solía ser un río de aguas rojizas y caudal imponente, pero de esas características ya no quedan rastros. El cambio climático y la mano del hombre pesan sobre esas aguas. En 1989 se comenzó a construir, sobre el río, la presa embalse Casa de Piedra, una obra con financiamiento nacional que se inauguró en 1996. Tuvo como objetivo regular el caudal del Colorado, controlar sus escasas crecidas y fundamentalmente generar nuevas áreas de riego.
Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires crearon el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.
Actualmente, se están consumiendo las reservas de Casa de Piedra, porque viene menos agua de la que se eroga. El agua del Río Colorado es aprovechada hasta su última gota. Los poblados ribereños la potabilizan y consumen. La capital de la provincia de La Pampa también se abastece del río patagónico. El acueducto más importante del país -404 kilómetros- se extiende por gran parte de la provincia con el objetivo principal de llevar a muchos pampeanos agua de buena calidad.
El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) es el ente que se creó, por acuerdo entre las cinco provincias, con el objetivo principal de hacer una distribución razonable y equitativa de sus aguas para beneficio común, además de ser el organismo que tiene el manejo del caudal de agua que distribuye Casa de Piedra. También es quien debe autorizar en una primera instancia la construcción de obras sobre el Colorado.
Los conflictos en COIRCO en relación con Portezuelo del Viento, llevan años. Mendoza presenta a la presa como la obra de mayor envergadura en la historia de la provincia. Estaría ubicada en el río Grande – principal afluente del Colorado- al sur del departamento de Malargüe. El objetivo de la “presa más alta del planeta” -185 metros de alto- es aumentar la zona de riego para la producción agrícola y ganadera, y abastecer de energía a casi 100.000 usuarios.
En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri decidió allanarle el camino a Mendoza bajo la estrategia de provincializar la obra. Gracias a un decreto nacional y un convenio firmado con Alfredo Cornejo -por ese entonces gobernador mendocino- se aceleraron los procesos para pasar por alto el máximo obstáculo que tiene Portezuelo: la Ley de Obras hidráulicas, que estipula evaluaciones rigurosas de impacto ambiental.
La Pampa es la provincia más comprometida en la defensa del Colorado, porque es el único río vivo que posee. Por lo que es la única provincia que realizó evaluaciones precisas sobre los estudios parciales de impacto ambiental que se hicieron en el marco de la aprobación de la obra.
Macri hizo un acuerdo con Cornejo para ignorar la Ley de Obras Hidráulicas, que estipula rigurosas evaluaciones de impacto ambiental.
Sobre el último informe, realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), La Pampa marcó varias debilidades, entre ellas que no abarcaba toda la cuenca, sino hasta Casa de Piedra, y que el propio estudio señala que deben seguir realizándose evaluaciones.
Río Negro – con la intervención de Miguel Ángel Pichetto- y Buenos Aires votaron a favor de la construcción de Portezuelo del Viento en el Consejo de Gobierno, organismo superior a COIRCO que depende del Ministerio del Interior. En ese entonces, la administración de María Eugenia Vidal pasó por alto que estaba poniendo en riesgo el riego a más 100.000 hectáreas que hoy logran producir gracias al Río Colorado. Neuquén no se presentó a la votación y La Pampa votó en contra.
Según las reglas del propio comité, si las propuestas no tienen unanimidad de todos los integrantes, es el Gobierno Nacional el que debe dirimir en condición de árbitro.
Tanto los planes de llenado como de manejo del dique fueron aprobados sin el consenso de la provincia de La Pampa. Sin embargo, como el reglamento del COIRCO señala que no pueden tomarse decisiones sin el acuerdo de las cinco provincias que lo integran, se pidió el laudo del presidente. En enero de 2018, Macri volvió a favorecer a Mendoza, al laudar en favor de la puesta en marcha de Portezuelo del Viento.
La decisión del líder del PRO desató no solo la reacción del Carlos Verna, gobernador de La Pampa en ese momento, quien volvió a acudir a la justicia por el tema, sino que miles de vecinos de los pueblos costeros, especialmente de Rio Negro, se organizaron para manifestar su rechazo a una presa que sería devastadora para el Colorado.
Con el cambio de gestión en el Gobierno Nacional, se revocó el laudo de Macri y el Consejo de Gobierno del COIRCO fue convocado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a pedido de los gobernadores de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, con el fin de impulsar una evaluación de impacto ambiental de la obra.
El gobierno nacional frenó el laudo de Macri de 2018 y, en junio pasado, los gobernadores de las provincias del COIRCO se reunieron con Wado de Pedro. Mendoza fue la única ausente.
La convocatoria con el ministro y los cinco gobernadores se realizó el pasado 26 de junio (foto principal). Todas las provincias, menos Mendoza, avalaron la propuesta pampeana sobre la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) en base a lo previsto por la Ley 23.879 de Obras hidráulicas, teniendo en cuenta los estudios parciales hechos por las universidades.
En la reunión del Consejo de Gobierno, Mendoza -a través del gobernador Rodolfo Suárez- se opuso a la concreción del estudio de impacto ambiental de toda la cuenca, al considerar que los estudios anteriores(parciales)eran suficientes.
Como las provincias no lograron una decisión unánime, nuevamente se solicitó que el Gobierno Nacional dirima en condición de árbitro. Esta vez será el propio Alberto Fernández el que decida sobre la obra.
El antecedente del Atuel
El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil, cuando La Pampa todavía formaba parte de territorio nacional. El impacto ambiental de esa obra fue catastrófico. Al interrumpir el cauce natural del río Atuel se desertificó la cuenca del desaguadero, y a todo el oeste de La Pampa.
La provincia mediterránea recurrió a la justicia y en 1987 obtuvo un fallo favorable de la Corte señalando que el río era interprovincial y que debía terminar el daño derivado para el territorio pampeano, sin embargo, nada ocurrió. Recién en 2014 se inició un nuevo juicio que generó la directiva de la Corte para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.
A lo largo de 2018, Mendoza y La Pampa hicieron sus ofertas, pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3, y ante esa falta de solución consensuada, la Corte, hace unas semanas atrás, resolvió que debe pasar 3,2.
Al respecto el secretario de Recursos Hídricos de la Pampa, Néstor Lastiri sostuvo que después de más de 70 años de reclamos, hoy se está dialogando con Mendoza para tener agua “en el menor tiempo posible”.
“Después de tanto tiempo, estamos debatiendo con Mendoza, el miércoles tuvimos la primera reunión después del fallo, para que en el menor tiempo posible se pueda dejar de perjudicar el ambiente y comencemos a tener agua”.
En diálogo con Contraeditorial, Lastiri explicó que “Mendoza plantea que antes de pasar el caudal que indicó la corte, se tienen que hacer obras, entonces nosotros lo que planteamos es un manejo conjunto del caudal del agua, hoy no tenemos ninguna intervención”, se quejó.
Además, sostuvo que desde su provincia quieren “recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa como también pide el fallo de la Corte”.
“El proyecto Portezuelo del Viento no tiene sustentabilidad ambiental, económica, ni financiera”, afirmó Lastiri.
“El fallo tiene visiones progresistas que hablan de que no debe existir un uso dominial del agua, que se la tome como propiedad, incluso las provincias no son dueñas del recurso”, subrayó Lastiri.
Con respecto a Portezuelo del Viento el funcionario señaló que saben lo que es Mendoza con el manejo del agua, y que “el proyecto no tiene sustentabilidad ambiental, económica, ni financiera”.
En relación con el proceso de licitación que inició en junio Mendoza y donde se presentó solo una empresa, Lastiri marcó que hubo “irregularidades” en la preparación del pliego y marcó como “extraño” que se haya presentado un solo oferente.
En este sentido, sintetizó que la presa “es dudosa en todos sus aspectos”.
Colorado hoy
Desde el 2010, por las escasas nevadas en la cordillera, el río Colorado redujo su caudal y pasó de un promedio de 140 metros cúbicos por segundo a 80, lo que desencadenó una crisis hídrica en toda la cuenca.
El representante alterno de La Pampa en el COIRCO, Juan Greco, analizó la situación del Colorado y afirmó que “todos los pronósticos de largo alcance llevan a una crisis hídrica más o menos profunda”.
En diálogo con Contraeditorial, Greco describió que “vamos hacia una tendencia en la baja de los caudales” principalmente por los efectos del cambio climático, por lo que cuestionó la obra Portezuelo del Viento.
“Es la obra más dudosa del siglo, desde el punto de vista ambiental, técnico, económico y financiero”, subrayó.
En este sentido, contó que “comenzó costando 550 millones de dólares en el 2012, y ahora aumentó a 1023 millones de dólares”.
“Dicen que van a generar 200 MW, nosotros hemos demostrado con estudios concretos que el río Colorado no puede generar más de 98 MW”, aseguró.
Greco cuestionó la insistencia de Mendoza en construir la presa cuando, “con otra energía renovable puede producir mucho más a menos costo y con menos daño ambiental”.
“Es la obra más dudosa del siglo, desde el punto de vista ambiental, técnico, económico y financiero”, señaló Juan Greco.
“Si Portezuelo se hubiese construido hace 10 años, con las normas de llenado que aprobaron las cuatro provincias -menos La Pampa- hoy sería un paredón vacío, tendría 0 metros cúbicos, no hubiesen podido almacenar una sola gota de agua. Estamos en una crisis hídrica profunda”, sentenció el integrante de COIRCO.
Cambio de planes
El pasado miércoles, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez le abrió la puerta a otros proyectos energéticos en caso de que no se pueda concretar Portezuelo del Viento.
Si bien destacó que el gobierno nacional depositó los 18.5 millones de dólares -en concepto de una deuda histórica que la provincia iba a destinar a Portezuelo- admitió que analizan proyectos de energía solar y eólica, que generarían tantos megas como Portezuelo y que podrían usar los millones de dólares que la Nación le debe a Mendoza para concretarlos.
