Comunicado de los organismos de Derechos Humanos difundido hoy, al cumplirse cinco años de la arbitraria detención de Milagro Sala.
Los Organismos de Derechos Humanos firmantes al pie de la presente expresamos nuestra enorme preocupación por la persistencia de presas y presos políticos del macrismo, sometidos hasta hoy a detenciones arbitrarias e ilegales. Ex funcionarios, referentes sociales y dirigentes políticos, que claman por su inocencia y exigen justamente, la revisión de sus causas.
Hoy se cumplen cinco años de la ilícita prisión a la que aún está sometida Milagro Sala y otrxs militantes de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, perseguidxs y detenidxs por voluntad y decisión política del gobernador Gerardo Morales, tras haber sometido al poder judicial de esa provincia a sus designios, consolidando así un Estado de No Derecho.
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“El poder judicial en la Argentina demanda urgente atención, debe ser reformado y democratizado”.
La persecución y la cárcel impuesta a Milagro y a lxs suyxs, fue a consecuencia de su militancia y compromiso con lxs más humildes y vulnerables, por animarse a enfrentar a los poderosos y lograr el reconocimiento de derechos para su pueblo. Hoy tras cinco largos años, esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la causa que los tiene en prisión, conocida como “Pibes Villeros”. Se trata de un juicio escandaloso, absolutamente viciado y por lo tanto nulo, cuya suerte está en manos del Máximo Tribunal. El tiempo apremia, veremos si deciden consolidar una infamia o finalmente serán capaces de hacer justicia.
Advertimos también que pesan, en esta etapa democrática de recuperación y ampliación de derechos, las injustas condenas recaídas sobre otros dirigentes y referentes políticos y sociales que indignan de igual modo y revelan un entramado de complicidades cruzadas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poderes fácticos.
Destacan los casos del dirigente Luis D’ Elía y del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en los que inescrupulosamente, la misma Corte Suprema, ni siquiera se dignó abrir los recursos planteados por sus defensas, y de ese modo sus injustas condenas quedaron firmes.
“Exhortamos a que el Senado avance con el trámite para lograr la intervención del poder judicial de Jujuy”.
Es evidente que el poder judicial en la Argentina demanda urgente atención, debe ser reformado y democratizado. Mientras tanto, creemos que las injusticias señaladas aquí hay que repararlas perentoriamente, revisarlas y sanearlas, al igual que las causas y los responsables que las promovieron y ejecutaron.
En el caso de Jujuy, exhortamos a que el Senado avance con el trámite para lograr la intervención del poder judicial de esa Provincia, que obsecuente con el poder de turno y los poderes fácticos, ha validado, por acción u omisión, infinidad de arbitrariedades.
Resulta por demás notorio que, a pesar del tiempo transcurrido, la guerra judicial desatada por Mauricio Macri y sus socios, no ha cesado. Es una rémora que no acabará por autodepuración, que debe ser removida por el gobierno popular, porque condiciona la gobernabilidad y pone en serio riesgo la Democracia.
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