Sin respetar ninguna institucionalidad, LLA bloqueó la designación de autoridades para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Legisladores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de chicas y chicos denunciaron una maniobra “inconstitucional” de La Libertad Avanza (LLA), que presionó hasta conformar a su medida una nueva Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y aprobar una resolución que da por concluido y caído el concurso ya realizado para designar a las autoridades de la Defensoría.
El cargo se encuentra vacante desde hace más de un año. En 2025, luego de un concurso público de oposición y antecedentes, la Bicameral seleccionó y elevó por siete votos una terna conformada por María Paz Bertero, como Defensora, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Si bien el pliego fue aprobado por la Cámara de Diputados con 156 votos, aún no había tenido tratamiento en el Senado.
Pese a que la nueva comisión se conformó con polémica y fue denunciada ante la justicia porque los libertarios se quedaron con las autoridades −la senadora Vilma Bedia ocupó la presidencia, secundada por el diputado Nicolás Mayoraz−, la Bicameral quedó constituida de hecho y se reunió este jueves 14 de mayo al mediodía.
Unión por la Patria pidió que no se avanzara con discutir ninguna resolución hasta que la justicia se expida, pero ese reclamo no fue tenido en cuenta. Ya durante la reunión, la diputada Blanca Osuna, junto a Juan Carlos Molina, presentaron la impugnación de Mayoraz como autoridad.
En medio de discusiones y sin contemplar ninguno de los reclamos, se aprobaron dos resoluciones con los seis votos de la diputada Soledad Mondaca, el diputado Santiago Santurio y la senadora Carmen Rivero, todos de LLA, y María Victoria Huala, del PRO, junto con las autoridades de la comisión.
La primera resolución da por concluido el concurso originario, cuyos plazos considera agotados, y llama a convocar una nuevo. Si bien de acuerdo con la resolución 3/2019, el pliego sigue vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, para la LLA la interpretación es que los 180 días son corridos y no hábiles legislativos, por lo que aseguran que el concurso venció el 22 de marzo. La segunda maniobra aprobada en la Bicameral mileista autoriza a publicar los exámenes de todos los postulantes.
“Modificar la forma de contabilizar los días de forma extemporánea atenta contra la seguridad jurídica, la legitimidad institucional y la confianza pública depositada en el Congreso”, afirmó un grupo de más de 15 organizaciones en una carta enviada a todos los jefes de bloque del parlamento, unas horas antes de la reunión. También advirtieron: “Una Comisión Bicameral atravesada por este tipo de asuntos hace peligrar la manda legal que la sociedad asignó al Congreso Nacional de tomar todas las acciones necesarias para la designación de autoridades, fortalecimiento institucional y monitoreo parlamentario adecuado de la Defensoría nacional”.
Entre los firmantes se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Doncel, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Kaleidos, FEIM, la Fundación Sur Argentina y La Poderosa, entre otras.
Infancias en riesgo
La Defensoría Nacional fue creada por la Ley 26.061 para monitorear las políticas públicas y garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La ley pone a cargo del Congreso Nacional, a través de una comisión con integrantes de Diputados y el Senado, la designación de sus autoridades, estableciendo que esa Bicameral tendrá una representación política proporcional y que las decisiones deberán tomarse por el voto de dos terceras partes de sus miembros (art. 49).
Tras finalizar el mandato de las primeras autoridades, en 2025 se llevó adelante el segundo concurso público, con cuatro etapas de evaluación, un consejo asesor de especialistas y la intervención de un escribano público. Pero hace ya siete meses que el Senado viene demorando la designación, al tiempo que empezaron a crecer los rumores de la maniobra oficialista para imponer una intervención, mientras era público el encono y la campaña de desprestigio del gobierno nacional contra la designación de Bertero.
De hecho, en la Bicameral, Mayoraz sugirió trabajar en la confección de un nuevo reglamento para la designación del Defensor, porque consideró que el vigente “no es bueno”, y pidió que se parezca al de selección de la Defensoría del Pueblo.
El reclamo para que se nombre a la funcionaria elegida por concurso se da en un contexto social crítico. Según datos citados por las organizaciones, cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes de la Argentina viven en la pobreza, cuatro millones sufren inseguridad alimentaria y un millón se saltea al menos una comida diaria.
“Para revertir la situación crítica en la que crecen las infancias de nuestro país, la Defensoría Nacional es una herramienta fundamental”, sostuvieron en su carta a las autoridades partidarias del Congreso.
