Legisladores nacionales de los bloques UxP y Justicialista denunciaron “la injusta condena, la persecución y la proscripción” sobre Cristina Kirchner, a un año del inicio de su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. Durante una conferencia de prensa, cuestionaron las irregularidades de la causa Vialidad y el rol del poder judicial para correrla de la política, en un contexto de políticas de ajuste del Gobierno nacional.
Desde el Salón Provincias Unidas del Senado de la Nación, las y los diputados y senadores expresaron su “más rotundo rechazo, preocupación y repudio frente a la actuación de integrantes del poder judicial, partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático argentino”.
Rodeados de diputados y senadores, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la cámara baja, subrayó que “no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes”. En esa línea, añadió que “no hay plena democracia cuando la injusta y arbitraria detención de Cristina se ve agravada además por condiciones absolutamente excepcionales y restrictivas”.
A su vez, añadió que las condiciones de detención resultan “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”, luego de señalar que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”.
Estos cuestionamientos al poder judicial quedaron plasmados en un texto que los bloques presentaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura. Allí recordaron que el 3 de junio de 2025 CFK anunció públicamente su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires. “Apenas siete días después, en un tiempo récord, que no registra muchos antecedentes en la Corte Suprema argentina, el 10 de junio de 2025 se resolvió dejar firme la condena que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, señalaron en el texto.
Posteriormente remarcaron que “esa coincidencia temporal y el tratamiento express y poco responsable de un expediente de esas características, en coincidencia con la presión mediática sobre el dictado de la condena son pruebas directas de la falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes”.
Hacia el cierre, denunciaron que “la detención de Cristina Fernández de Kirchner constituye lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina y exigimos al poder judicial argentino el apego irrestricto a la ley y la Constitución Nacional”.
