Más de 60 magistradas y magistrados que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) manifestaron se “rechazo y profunda preocupación” por la embestida del gobierno nacional contra la jueza porteña Karina Andrade, luego de que la titular del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 decidiera, ante las muchas inconsistencias del accionar policial, liberar a quienes habían sido objeto la semana pasada de las detenciones masivas ocurridas en la represión a los jubilados, en las inmediaciones del Congreso.
Juezas y jueces, fiscales, defensores y asesores de CABA manifestaron se “rechazo y profunda preocupación” por la embestida del gobierno nacional contra la jueza porteña Karina Andrade.
“Nos pronunciamos por preservar la independencia del Poder Judicial y la vigencia de las garantías constitucionales, entendiendo que los cuestionamientos de las decisiones judiciales se deben efectuar dentro de los canales institucionales establecidos por la ley”, sostuvieron las y los 65 firmantes, entre quienes hay juezas y jueces, fiscales, defensoras/es y asesoras/es
Ante el furioso ataque sobre Andrade que encabeza la ministra Patricia Bullrich, señalaron: “La jueza interviniente en la causa, en función de la competencia que le atribuye la ley, dispuso la libertad de un número de personas que habían sido detenidas por el supuesto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en el marco de una manifestación pública, fundamentando de manera clara y precisa las razones constitucionales y legales que la llevaron a esa decisión”.
En ese sentido, reafirmaron que “las leyes procesales determinan las funciones y facultades de los jueces de garantías, fiscales, defensores/as y demás intervinientes en el proceso penal, reservando a los primeros la preservación y el aseguramiento de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las personas”.
Remarcaron que, más allá de compartir o no el contenido de la decisión en cuestión, “se trata aquí de enfatizar las mínimas condiciones para la vigencia del Estado de Derecho, que se encuentra en pugna si no se respetan las decisiones que con base constitucional dictan los jueces y las juezas que ejercen la magistratura”.
La declaración sostiene que”la jueza interviniente en la causa, en función de la competencia que le atribuye la ley, dispuso la libertad de un número de personas (…), fundamentando de manera clara y precisa las razones constitucionales y legales que la llevaron a esa decisión”.
Por eso, en medio de la campaña lanzada por el oficialismo nacional y sectores de la prensa contra una jueza que actuó conforme a derecho, quienes emitieron la declaración recordaron lo que está en juego: “La independencia del Poder Judicial es un presupuesto esencial en todas las jurisdicciones del país que asegura a los ciudadanos/nas un trato igualitario, un proceso transparente y posibilita que ningún otro poder avasalle sus derechos. “
