En exclusiva, qué dice la presentación del gobierno santafesino ante el juez
El documento no tiene más de 42 páginas. Pero son las suficientes para denunciar que Vicentin S.A.I.C. ocultó empresas pujantes y diversas en el concurso preventivo de acreedores. Quien lo afirma no es un vecino herido o un acreedor desesperado, sino la Inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, María Victoria Stratta.
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El hecho no es menor si se tiene en cuenta que en el mismo escrito solicita “la intervención judicial y conformación de un Órgano de Intervención”, a partir de las atribuciones de la Inspección General, porque “existe un entramado societario que requiere control y los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
Stratta se presentó ante el mismo juez civil y comercial, Fabián Lorenzini, que horas antes, había pulverizado el DNU de intervención del gobierno nacional por 60 días, a favor del directorio de Vicentin SAIC ya que “deviene imperioso adoptar medidas urgentes para preservar el patrimonio de la empresa y su adecuada administración para evitar un daño injustificado”.
Para Stratta, “existe un entramado societario que requiere control y los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
En todo su escrito de apenas 13 páginas, el juez santafesino de primera instancia, no da cuenta de ninguna sospecha sobre irregularidades cometidas por parte de quienes integran el directorio, tampoco de investigación judicial alguna, aunque la mayoría son públicas.
Vicentin aparece en el expediente solicitando una medida cautelar como una empresa “gigantezca”, con “magnitud y volumen exportador”, con “necesidad de abonar salarios de miles de trabajadores”, dar “continuidad de contratos”, que podría verse “seriamente afectada por el desplazamiento del directorio”, que “demanda conocimiento específico”.
Para el juez no hay sospecha que merezca ser tenida en cuenta. Para Stratta, las hay todas y las detalla: no sólo la investigación que se lleva adelante en la Argentina, “porque existen indicios” de que Vicentin “habría simulado su estado de cesación de pago, sino que a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior para remitir sus ganancias al extranjero”, sino también la investigación en el Paraguay ante la Fiscal Adjunta en Delitos Económicos y Lavado de Activos, Soledad Machuca, y la reciente inaugurada en los Estados Unidos para obtener evidencia de maniobras y existencia de activos promovido por acreedores extranjeros.
Estas denuncias pesan sobre el mismo directorio avalado por el juez Lorenzini, que no parecía al tanto de la situación, pero que ahora ya no puede eludir el detalle porque forma parte del expediente que él mismo tramita. Aunque no es sólo eso.
Si bien el juez decidió “disponer que los administradores naturales continúen ejerciendo sus funciones”, también dejó dicho que “la figura del interventor judicial se encuentra reservada para aquellos supuestos de realización de actos prohibidos, ausencia no autorizada, ocultamiento de bienes o información y toda otra conducta que genere perjuicio para los acreedores”.
¿Será este el caso si se tiene en cuenta la denuncia del estado provincial santafesino, no sólo de ocultamiento de bienes, sino también de participaciones y manejos societarios no admitidos, así como una compleja trama de mamushkas donde una sociedad esconde la otra?
A pesar de todas las denuncias de la Inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, para el juez no hay sospecha que merezca ser tenida en cuenta.
Veamos los argumentos y las denuncias:
Ø La empresa “denuncia valores de activo y pasivo por cifras similares. A grandes rasgos, un tercio del activo corresponde a créditos, otro a bienes de uso y el restante a participaciones societarias”.
Ø “Vicentin S.A.I.C participa en 20 sociedades-empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas y que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso y que explotan al menos ocho actividades industriales distintas, con elevado volumen de producción y exportación”.
Ø En el sitio web “que tiene valor de confesión” la actividad de “cereales y oleaginosas y la producción de biodisel son las únicas denunciadas como propias”.
Ø Desmotadoras Hilandería y Tejeduría: “la actividad ni siquiera está denunciada. En el cuadro de sus tenencias se dice titular del 3% de Algodonera Avellaneda S.A.” Sin embargo, de la web surge que se presenta como número uno en la industria desmotadora de algodón del país y titular de cinco plantas (una en Brasil). Menciona también que fabrica hilados, tejidos, pañales, etc. y ser titular de la conocida marca de algodón y pañales “Estrella”8.
En su escrito, Stratta plantea que “existen indicios” de que Vicentin “habría simulado su estado de cesación de pago” y a su vez “habría utilizado su estructura en el exterior para remitir sus ganancias al extranjero”.
Ø Jugo concentrado de uva. “Se atribuye, a través de Enav S.A. -en la que es titular de apenas el 5% del capital- producir en una planta ubicada en San Juan jugo concentrado de uva, bitartratos, borras y orujo de uva que dice exportar en su totalidad”.
Ø Feed Lot: también se omite. “Su escrito menciona que produce elementos destinados a la alimentación de ganado. Pero no expresa, como lo hace en el enlace, que es titular de Los Corrales de Nicanor, que la sociedad califica como uno de los establecimientos más importantes de la Argentina. Aparentemente es de titularidad de Friar S.A. y le provee la mitad de la materia prima”.
Ø Vinos: “dice ser productor y exportador. Aparecen seis viñedos y la información de que se exporta vino a más de media docena de países. Expresa que es ´un emprendimiento del Grupo Vicentin´ y que en diciembre de 2016 la familia adquirió el 100% de Bodegas Sottano, contando con más de 60 etiquetas. En el detalle de participaciones presentado en el concurso dice ser titular sólo del 5% de Sottano S.A.
Ø Acopio y exportación de miel: “dice que a fines de 2002 Vicentin S.A.I.C. ingresó en el mercado de la miel por intermedio de su asociada Promiel S.R.L.”, que tiene una planta en Romang y que exporta toda su producción. Nada de esto es mencionado en su auto-descripción”.
Ø Frigorífico: “la página no enlaza con Friar S.A., pese a que en el inicio dice desarrollar actividad frigorífica. Sólo en esta sociedad hay 1.500 trabajadores”.
¿Conclusión? “Parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria”.
La presentación de la Inspectora General de Personas Jurídicas también abunda en detalles sobre el registro de las sociedades y la simultaneidad de adquisiciones. Así explica que en la Inspección se registraron como empresas extranjeras Vicentin Familia Grupom V.F.G Inversiones y Actividades Especiales S.A e Industria Agroalimentaria Latam S.A., el tema es que de la documentación presentada surge:
Ø Las tres se habían constituido con otro nombre, por ciudadanos uruguayos y con capital mínimo.
Ø A las tres se les modificó la denominación.
Ø A las tres se les incrementó el capital, multiplicándolo por diez.
Ø En las tres la publicación del edicto sobre cambio de denominación y aumento de capital se hizo el mismo día: 23 de julio de 2014.
Ø En las tres se designó como directores a personas que también integran el directorio de Vicentín S.A.I.C.
Ø Las tres compraron al mismo tiempo a Vicentin S.A.I.C. los paquetes accionarios de las distintas sociedades que antes controlaba.
A medida que avanza la investigación, van surgiendo nuevas conformaciones societarias, denuncias de ocultamiento patrimonial y endeudamientos multimillonarios.
Por último deja en evidencia el juego de mamushkas societarias creadas, en las que una empresa maneja un porcentaje de otra, y a su vez el de otra, asumiendo el control pero de manera encubierta, a la vez que los directorios repiten múltiples integraciones:
Ø Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin S.A.I.C.) integra también los directorios de las sociedades Buyanor, Sir Cotton, Renova, Emulgrain y Biogas Avellaneda.
Ø Sergio Nardelli y Máximo Javier Padoan integran el directorio de Vicentin S.A. y también los de Buyanor, Sir Cotton y Renova.
Ø Cristian Andrés Padoan, además de integrar el directorio de Vicentin S.A.I.C., integra los de Sir Cotton y Emulgrain.
Con estos elementos, Stratta explica que “se trata de asumir las funciones de administración y representación, desplazando al directorio”, con la siguiente propuesta:
Ø Designar a Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich (que había designado el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20), y a Alejandro Alberto Bento como integrante del Órgano Interventor.
Ø El Órgano Interventor, actuará como cuerpo colegiado, se designará presidente a Roberto Gabriel Delgado, vicepresidente a Alejandro Alberto Bento y vocal a Luciano Zarich.
Ø La representación de la sociedad estará a cargo del presidente. Puede ser ejercida por cualquiera de los restantes miembros -indistintamente- en caso de ausencia o impedimento del presidente.
Ø Se atribuyen a la intervención las funciones de administración y representación societaria que la ley y el estatuto confieren al directorio y a su presidente.
Ø La intervención se ordenará por el plazo que transcurra hasta la conclusión del concurso preventivo mediante la homologación del acuerdo preventivo al que se aspira a arribar.
A medida que avanza la investigación, que toman estado público conformaciones societarias, denuncias de ocultamiento patrimonial, además de los endeudamientos multimillonarios conocidos, “El canalla”, “El bribón” y “El Prisionero”, “La banda de los tres sucios”, parecen dejar de ser un mero juego para bautizar vinos, para pasar a convertirse en una proyección indeseada.
