Una reforma de la Ley de Marcas busca ordenar un mercado de casi 50 millones de registros, donde más del 30% no tendría un uso efectivo. Cada año, Beijing rechaza más de 500.000 solicitudes, bajo la intención de que detrás de una marca debe existir un negocio real.
Durante años, Michael Jordan no pudo usar legalmente su propio nombre para vender zapatillas en territorio chino porque una empresa local llamada Qiaodan Sports se le adelantó y lo registró como marca, al igual que el número 23 que siempre identificó a la leyenda del básquet estadounidense. Maniobras como esa, y otras parecidas que afectaron a Apple y Tesla, entre otras firmas, se transformaron en casos emblemáticos de esa delgada línea que en la Argentina se conoce como “viveza criolla” y en el Caribe gustan llamar “jugar vivo”. Fue precisamente para cerrar esa puerta especulativa que el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo de la República Popular China, acaba de aprobar una histórica reforma de la Ley de Marcas.
La nueva norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, profundizará la lucha contra los registros fraudulentos y las marcas engañosas que generaron tantos abusos. En apenas cinco años China pasó de unas 30 millones de marcas registradas vigentes a un total de 49,8 millones, con un aumento cercano al 65 por ciento. Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el país asiático concentra más del 53% de los registros en vigor del mundo, lo que representa un volumen de tal magnitud que facilita el bloqueo de competidores, la reventa de derechos y hasta una verdadera industria de juicios.
Durante años, registrar una marca fue mejor negocio que fabricar un producto.
Mientras que la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) reconoce en sus balances que anualmente debe bloquear más de 500.000 solicitudes por “mala fe”, los informes sectoriales de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y los relevamientos de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China (EUCCC) estiman que el stock de “marcas muertas” estancadas en el sistema fluctúa entre un 30 y un 40 por ciento del padrón total. Una cifra difícil de ignorar, incluso para Beijing.
Si bien los litigios millonarios de las multinacionales son los que llegan a los titulares internacionales, las consultoras coinciden en que las verdaderas perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas extranjeras. Al carecer de presupuesto para afrontar juicios de cinco o diez años en los tribunales chinos, o para pagar los costosos rescates exigidos de mala fe, miles de Pymes debieron cambiar de nombre o directamente desistieron de ingresar al mercado.
La reforma aprobada por la APN procurará revertir estas distorsiones. Es la primera revisión integral de la Ley de Marcas desde 1983 y busca reemplazar la lógica de acumular registros por otra que premie el uso efectivo de las marcas. La propia Comisión de Asuntos Legislativos reconoció que “la reiterada aparición de solicitudes maliciosas de registro de marcas ha agotado gravemente los recursos públicos”. El organismo también señaló que “las sanciones insuficientes, el ejercicio abusivo de derechos por algunos titulares y el desorden entre las agencias especializadas se habían convertido en problemas cada vez más graves”, según advirtió el oficialista China Daily.
Mala fe, inactividad y engaños
Entre los cambios más importantes que se vienen figura un endurecimiento de las condiciones para registrar una marca. Las solicitudes presentadas sin intención real de utilizarla o aquellas que excedan las necesidades normales de una actividad comercial podrán ser rechazadas. Habrá multas para quienes registren marcas de mala fe, es decir, sin intención real de utilizarlas comercialmente.
Las marcas engañosas también quedarán bajo la lupa. Aquellas que puedan inducir al público a error sobre la calidad de un producto, su elaboración, sus materias primas o su origen geográfico estarán sujetas a sanciones administrativas y económicas. Si la irregularidad persiste, las autoridades podrán revocar el registro.
Lo mismo ocurrirá con las marcas ociosas. Los registros que permanezcan tres años consecutivos sin utilizarse, sin una justificación válida, perderán la protección legal. La intención es desalentar la acumulación de marcas como activos financieros y liberar espacio para quienes realmente pretendan competir en el mercado.
Otro actor alcanzado por la reforma son las agencias de propiedad intelectual. A partir de ahora deberán registrar formalmente tanto a la empresa como a sus empleados ante la autoridad nacional competente, una medida orientada a reducir la participación de intermediarios en operaciones fraudulentas.
En los estudios de abogados de las corporaciones occidentales conocen bien todas estas trampas. Especialistas como Aaron Wininger – director del departamento de propiedad intelectual para China de la firma legal estadounidense Schwegman Lundberg & Woessner – suelen advertir que el tradicional principio de “prioridad al primer solicitante”, el sistema que permitió el caso Michael Jordan, funcionó históricamente como una barrera que obligaba a las empresas globales a litigar durante años o pagar rescates millonarios para recuperar sus marcas, por lo que el endurecimiento de la ley es observado como una corrección necesaria, aunque demorada.
En Beijing lo explican de otra manera, aunque no dejan de reconocer el problema. Académicos como el doctor Ma Yide – decano de la Escuela de Propiedad Intelectual de la Universidad de la Academia de Ciencias de China – defienden que la reforma responde a una necesidad de desarrollo interno para limpiar el sistema de solicitudes maliciosas, robustecer la seguridad jurídica de las propias empresas innovadoras y proteger a los consumidores. Desde ese lugar, la depuración del sistema es presentada por las autoridades como una condición necesaria para fortalecer la innovación local.
Los sistemas también envejecen. De vez en cuando necesitan corregir los incentivos que ellos mismos crearon.
En el fondo, este cambio habla más sobre la economía china que sobre el derecho de marcas. Muestra cuáles son las prioridades que Beijing busca imprimir a su política industrial y forma parte de un movimiento, mucho más amplio, que pretende modificar distorsiones surgidas durante el fuerte crecimiento económico de las últimas décadas.
La misma lógica ya puede verse en otros sectores: las patentes dejan de medirse por su cantidad y pasan a valorarse por su capacidad para transformarse en innovación; las startups son alentadas a competir mediante tecnología propia y no por la mera multiplicación de empresas; las exportaciones, finalmente, buscan apoyarse en marcas chinas capaces de disputar segmentos de alto valor agregado.
La nueva norma busca convertir el cambio de modelo en una obligación legal. En la China que viene, una marca ya no alcanzará por sí sola. Primero habrá que producir. Y después registrar.
