Con una pérdida de más de 235 mil puestos de trabajo registrados en apenas dos años y un derrumbe cercano al 19 por ciento en la construcción, el mercado laboral argentino exhibe los efectos más visibles del programa económico que el gobierno de Javier Milei se había propuesto implementar, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Lejos de tratarse de un fenómeno puntual o de un reacomodamiento transitorio, la caída del empleo formal privado se consolidó entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 como parte de un proceso sostenido que acompañó el cambio de régimen económico. En ese lapso, la destrucción alcanzó a 235.378 puestos registrados, lo que representa una contracción del 3,14 por ciento del stock total, en un contexto de ajuste fiscal, recesión y retracción del mercado interno.
El impacto fue especialmente severo en las actividades que históricamente funcionan como motor del empleo y del consumo. La construcción perdió 88.007 puestos registrados, una caída del 18,81 por ciento en apenas dos años, mientras que la industria manufacturera resignó 45.371 empleos formales (-3,8%) y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones otros 37.908 (-6,19%). También se registraron retrocesos significativos en los hogares con servicio doméstico (-29.020), en los servicios comunitarios, sociales y personales (-22.094) y en hoteles y restaurantes (-9.941), todos rubros estrechamente ligados al nivel de actividad y al poder adquisitivo de los ingresos.
La contracara de este proceso no fue una mejora en la calidad del empleo ni una reconversión productiva, sino una expansión acelerada de las formas más precarias de inserción laboral. En el mismo período analizado, crecieron en más de 630.000 los puestos no registrados y no asalariados, concentrados principalmente en actividades de servicios de baja calificación y menores niveles de remuneración, lo que expone una dinámica defensiva de los trabajadores frente al deterioro del empleo formal y de los salarios reales.
El propio Indec advierte que la Cuenta de Insumo Mano de Obra mide puestos y no personas ocupadas, un dato que lejos de atenuar el diagnóstico lo vuelve más preocupante. Una porción relevante de esos nuevos trabajos informales está ocupada por personas que ya cuentan con otro empleo y se ven obligadas a sumar horas o actividades para compensar la pérdida de ingresos. El resultado es un mercado laboral más fragmentado, con jornadas extendidas, mayor inestabilidad y menor protección social. Actualmente, apenas el 39 por ciento de los puestos de trabajo privados se encuentra registrado, el nivel más bajo de la serie histórica, frente al 43 por ciento observado en 2016, con una tendencia descendente que se profundizó en los últimos dos años.
Este deterioro se produce, además, en un escenario internacional poco favorable, marcado por tasas de interés elevadas en Estados Unidos, mayor volatilidad financiera y un endurecimiento general de las condiciones de financiamiento para las economías emergentes. La combinación de ese contexto externo con el ajuste fiscal interno terminó de cerrar el cerco sobre la economía real, profundizando la recesión, debilitando la inversión productiva y reduciendo el margen de maniobra para la creación de empleo genuino.
Lejos de generar el anunciado “derrame” hacia los trabajadores, el modelo económico vigente consolidó una transferencia de riesgos y costos hacia el mundo del trabajo. Mientras los sectores vinculados al capital financiero, a la intermediación y a determinadas actividades de servicios concentrados lograron amortiguar mejor el impacto del ajuste, el grueso de los asalariados y cuentapropistas quedó expuesto a una mayor inestabilidad y a un deterioro persistente de sus condiciones laborales.
La expansión de la conflictividad laboral aparece como una consecuencia directa de este escenario. El paro de choferes de Uber en Rosario, que reclaman una actualización de tarifas congeladas desde hace casi dos años frente a una inflación acumulada superior al 400 por ciento, puso en evidencia una tendencia que atraviesa a buena parte del nuevo mercado de trabajo. Las plataformas digitales, que ya concentran decenas de miles de trabajadores en las principales ciudades del país, crecieron al calor del retroceso del empleo formal, pero lo hicieron sobre la base de ingresos inestables, jornadas cada vez más extensas y ausencia de derechos laborales básicos.
Según estimaciones de organizaciones de trabajadores de aplicaciones, entre el 25 y el 35 por ciento del valor de cada viaje queda en manos de la empresa, mientras que los choferes deben absorber el aumento del combustible, el mantenimiento de los vehículos, los seguros y la depreciación del capital propio. Con tarifas congeladas y costos en alza, el ingreso real por hora trabajada se redujo de manera sostenida, empujando a muchos a prolongar sus jornadas para alcanzar un piso mínimo de ingresos.
Los números, así, desmienten el relato oficial. No hay una recuperación del empleo de calidad ni una mejora generalizada en las condiciones de trabajo. Lo que muestran los datos es una destrucción acelerada del empleo registrado, una expansión masiva de la informalidad y una precarización creciente como respuesta forzada de los trabajadores frente a la caída de sus ingresos. Bajo el discurso de la libertad económica, el mercado laboral se reorganiza de manera regresiva y deja al descubierto una de las principales contradicciones del modelo: menos Estado, más ajuste y, al final del camino, menos trabajo digno.
