Luego de la brutal represión emprendida por orden de Javier Milei y Patricia Bullrich contra la masiva movilizacion frente al Congreso en defensa de los jubilados, la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó la inmediata liberación de los 114 detenidos por la Polícia Federal Argentina y las fuerzas de seguridad porteña. “Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores mas vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, argumentó su decisión la jueza Karina Andrade.
“Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día donde se convoca desde los sectores mas vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores”.
“En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”, resumió la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la CABA, quien por eso dispuso que recuperen su libertad 84 hombres y 30 mujeres que ayer fueron arrestados en inmediaciones del Congreso por parte de la Policía de la Ciudad. “Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados”, precisó la magsitrada.
Articulos Relacionados
Andrade subrayó la impreción en los datos suministrados por los uniformdos. “A medida que se informaban las detenciones de las personas -sustuvo-, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después. A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
A la vez, la jueza dejó en claro las garatías constitucionales en juego y el criterio que el momento pedía establecer: “Quienes se ‘movilizan’ en verdad se expresan, y deben poder hacerlo, de manera crítica frente al ejercicio del poder de los gobernantes y ello, siempre que se efectúe en el marco de la legalidad, no puede ser socavado”. Andrade remarcó que la Carta Magna nacional “reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades”.
