En Santa Fe se desarrolla un juicio inédito que busca reconocer a las infancias como víctimas directas de la dictadura cívico militar. Más de 40 años después, sus testimonios reconstruyen una historia de terror que había permanecido en los márgenes de los procesos judiciales.
“Ceferino, de un año y medio, todavía tomaba la teta y no sabía lo que era ni una mamadera, así que las primeras noches le ponía mi dedo hasta que se dormía. Así pasamos dos o tres días hasta que se acostumbró al chupete. Carlos tenía 8 años, se quedaba a cuidar a Ceferino, a Alberto de 5 y a César de 6. Ramón, de 10, y yo nos íbamos a trabajar al horno para poder comer”.
Mónica Páez tenía apenas 12 años cuando quedó a cargo de sus cinco hermanos menores. Su testimonio de cómo fue sobrevivir al desamparo los días posteriores al secuestro de su familia es parte de la causa Laguna Paiva II, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Por primera vez, la justicia analiza en el marco de una causa más grande el abandono de niñas, niños y adolescentes como un delito de lesa humanidad autónomo, incorporando una dimensión históricamente relegada en los juicios sobre el terrorismo de Estado.
El 15 de febrero de 1980, en un campo de horno de ladrillos en las afueras de la localidad bonaerense de Lima, donde estaban escondidos, un operativo represivo se llevó encapuchados a su madre, Juana Medina –embarazada–; a su hermano mayor, Mario, que tenía solo 14 años; y a su padre, Catalino Páez, que llegó justo en el momento de la redada.
Mónica y sus hermanos se quedaron solos. Esas primeras noches durmieron como pudieron. Trabajaron para conseguir comida y dependieron de vecinos que los ayudaron con miedo. Finalmente, fueron separados y llevados a hogares hasta que retornaron con su familia.
Por primera vez, la justicia analiza el abandono de infancias como un delito de lesa humanidad autónomo, incorporando una dimensión históricamente relegada en los juicios sobre el terrorismo de Estado.
Durante décadas, las infancias atravesadas por el terrorismo de Estado aparecieron principalmente asociadas a los casos de apropiación de bebés y robo de identidad. Sin embargo, hubo otras experiencias como la de los Páez, menos visibles: niños secuestrados junto a sus padres, adolescentes sometidos a torturas, niñas víctimas de violencia sexual y hermanos que quedaron completamente solos y desamparados cuando los adultos responsables fueron detenidos.
La causa Laguna Paiva II nació precisamente a partir de esas historias. Durante el primer juicio, concluido en 2021, comenzaron a emerger relatos que excedían los hechos investigados. Los testimonios permitieron reconstruir cómo la persecución desplegada para capturar a Catalino Páez no se limitó a obtener información sobre su paradero, sino que se extendió a hermanos, cuñadas, sobrinos, hijos y compañeros de militancia en distintas localidades del centro norte santafesino, con el objetivo de castigar de manera ejemplificadora a todo su entorno.
En apenas una semana de febrero de 1980, la represión alcanzó a buena parte de la familia Páez Medina y dejó al menos a 16 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 15 años atrapados por el operativo represivo, ya fuera por el secuestro de sus padres, el cautiverio o el abandono.
En el banquillo se encuentran los expolicías de inteligencia Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, junto al exsecretario judicial federal Víctor Hermes Brusa. Se los acusa de la persecución de trabajadores ferroviarios, militantes políticos, dirigentes sindicales y familiares de personas buscadas por las fuerzas represivas. Pero este nuevo juicio no se limita a reconstruir secuestros, tormentos y allanamientos, sino que también pone bajo la lupa lo que ocurrió con sus hijos e hijas.
La acusación sostiene que el abandono no fue una consecuencia indirecta de los secuestros, sino una parte constitutiva del mismo plan represivo. La querella plantea que los niños y niñas quedaron expuestos a riesgos concretos y prolongados después de que los grupos de tareas detuvieran a sus padres.
“El cambio más importante tiene que ver con una ampliación de los sujetos víctimas”, explicó Julia Giordano, integrante del equipo de abogados querellantes de la APDH Rosario. “Lo que tenemos en este caso es una mirada sobre quienes en ese momento eran niñas y niños. Algunos fueron secuestrados junto a sus padres; otros, torturados para presionar a sus familias; y otros quedaron totalmente abandonados a su suerte”, describe la abogada.
Mónica y sus hermanos se quedaron solos. Esas primeras noches durmieron como pudieron. Trabajaron para conseguir comida y dependieron de vecinos que los ayudaron con miedo.
Giordano explicó que la incorporación de las infancias como víctimas directas tiene antecedentes en los procesos impulsados por Abuelas de Plaza de Mayo en torno a la apropiación de bebés, así como en otras causas donde se investigaron secuestros de personas menores de edad. Sin embargo, consideró que Laguna Paiva II profundiza esa línea y avanza un paso más al poner en el centro experiencias más invisibilizadas, como el abandono de persona, el cautiverio junto a familiares y las torturas sufridas por niñas, niños y adolescentes durante los operativos represivos.
“Seguimos ahondando en esa mirada de las infancias como receptoras directas de la violencia dictatorial”, sostiene Giordano. La acusación plantea que dejar solos a esos niños y adolescentes después de secuestrar a sus padres no fue una consecuencia accidental de la represión sino parte del mismo plan criminal. Los testimonios escuchados en las primeras seis audiencias lo detallan con crudeza.
Para la querella, todos esos relatos permiten demostrar algo más profundo que la ausencia física de los padres. “Lo que aparece de manera muy clara es el desamparo absoluto”, señaló Giordano. También el quiebre del lazo social.
En la audiencia, Mónica Páez relató que la gente tenía miedo de ayudarlos porque temían sufrir represalias. En ese sentido, Giordano enfatizó que “la dictadura no solamente secuestró personas, también destruyó los vínculos comunitarios que podían proteger a esos chicos”.
El resultado fue un aislamiento extremo: niños que habían perdido a sus padres y que tampoco podían recurrir libremente a la solidaridad de sus comunidades porque el terror estatal había alcanzado a todo el entorno.
La acusación plantea que dejar solos a esos niños y adolescentes después de secuestrar a sus padres no fue una consecuencia accidental de la represión sino parte del mismo plan criminal.
“Cuando hablamos de abandono no estamos hablando de un peligro abstracto”, explica la abogada. “Estamos hablando de riesgos concretos –agrega– que efectivamente ocurrieron. Niñas y niños que tuvieron que trabajar para sostener a sus hermanos, que atravesaron enfermedades sin adultos que los cuidaran o que quedaron expuestos a nuevas violencias”.
Con matices, la historia de Mónica y sus hermanos se repite en lo que atravesaron sus primos. Casas destrozadas durante los allanamientos. Colchones rotos. Objetos robados. Vigilancia sobre los niños abandonados para identificar a otros familiares. Violencias. Miedo.
Miguel Alfredo Páez tenía 8 años cuando fue secuestrado en la localidad de Esteban Rams junto a sus padres, Miguel Páez y Elba Medina, y hermanos. Durante una de las audiencias, relató cómo encontró a su padre después de una sesión de torturas. Con la voz quebrada, recordó que lo vio atado de pies y manos, y cubierto de ramas.
Su hermana Graciela Páez, que tenía 15 años al momento de los hechos, también reconstruyó el operativo frente al tribunal. Recordó los gritos, las armas, las órdenes de levantar las manos y la venda sobre los ojos mientras los represores avanzaban sobre su familia y los torturaban.
La misma experiencia traumática atravesaron los hijos de María Ceferina Páez y Luis Medina, secuestrados en Esperanza. Miguel Santiago Medina tenía 6 años cuando se llevaron primero a su madre y luego a su padre. “Nosotros quedamos ahí solos, los cinco hermanos”, recordó durante el juicio. Su hermana mayor, Susana Medina, de 13, fue secuestrada días después.
Los niños, que en 1980 tenían 1, 6, 8 o 15 años, hoy son adultos. Algunos declararon por primera vez o revelaron experiencias que jamás habían contado ni siquiera a sus familias. Durante mucho tiempo, aparecieron en los relatos judiciales como hijos de las víctimas, como acompañantes involuntarios de una tragedia protagonizada por otros, y no como sobrevivientes. Quizás allí resida la dimensión más profunda de este proceso, que se prevé concluirá con la lectura de la sentencia el 30 de julio.
