En la mañana del martes 26 de mayo, a 210 años y un día de la Revolución de Mayo, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de la Capital, por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri cometido contra políticos, periodistas e intelectuales, en su mayoría opositores a su gestión gubernamental, aunque también los hay oficialistas de aquella gestión. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que trabaja con la Fiscalía Federal N°1, de Jorge Di Lello. La presentación se corresponde con la política de Estado anunciada por el presidente Alberto Fernández el 1º de marzo, ante la Asamblea Legislativa: “Terminar para siempre con los sótanos de la democracia” y apostar por “una democracia mejor y profunda”.
Una denuncia de igual gravedad institucional había sido remitida a la Justicia por Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, el 16 de febrero de 2017, más de tres años antes, mientras las prácticas clandestinas estaban consumándose y el entramado de jueces, servicios de inteligencia y medios de comunicación hegemónica estaba en su apogeo. Le tocó al mismo juez (Martínez de Giorgi), quien la archivó apenas una semana después de recibirla. En su denuncia, Bonafini alertaba sobre una “clara intención persecutoria” por parte del gobierno y sus aliados judiciales, con el objetivo de “sostener una gobernabilidad por fuera del sistema democrático”. Las Madres no sólo fueron víctimas del Lawfare: también lo enfrentaron, con sus denuncias, así en la Plaza de Mayo como en los estrados judiciales.
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La denuncia de Hebe de Bonafini fue presentada el 16 de febrero de 2017, mientras se consumaban las prácticas clandestinas del macrismo.
La presentación incluía un listado con el nombre de 131 supuestas víctimas de espionaje ilegal, compuesto por políticos, dirigentes sociales y sindicales, periodistas y legisladores, todos en oposición al macrismo. En la denuncia las Madres apuntaban al presidente Macri; al entonces titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti; al ex Jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y al camarista federal Martín Irurzun, titular del área de escuchas telefónicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aquella acusación fue reproducida por Cristina Fernández de Kirchner, quien citó en su portal el contenido íntegro de la presentación, incluido el detalle del nombre y apellido de las supuestas víctimas, ordenado alfabéticamente. Aún puede consultarse el texto del escrito en el siguiente link: https://www.cfkargentina.com/denuncia-penal-de-hebe-de-bonafini-contra-macri/
Sin embargo, los magistrados sorteados para intervenir (el fiscal federal Ramiro González y el juez Marcelo Martínez de Giorgi –el mismo que había intentado detener a Hebe en agosto de 2016 y que ahora deberá investigar la presentación de Caamaño–) desestimaron la denuncia tan sólo una semana después, y la archivaron sin tramitación alguna, porque entendieron que la imputación carecía de “todo correlato que permita conocer concretamente cuáles son los sucesos acaecidos, circunscriptos en el modo, tiempo y lugar en el que habrían ocurrido, quiénes son sus damnificados y demás evidencias”. Tampoco se preocuparon por averiguarlo.
La presentación incluía el nombre de 131 supuestas víctimas del espionaje ilegal, entre ellas políticos, legisladores, dirigentes sociales y periodistas.
La actuación de Martínez de Giorgi se produjo como subrogante del juzgado que había quedado vacante tras la renuncia de Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Federal N°5, que hoy ocupa la jueza María Eugenia Capuchetti.
En su denuncia, Hebe decía haber “tomado conocimiento personal hace horas de la existencia de filtraciones ilegítimas efectuadas sobre funcionarios judiciales, legisladores, ex funcionarios del poder ejecutivo, actores, periodistas, intelectuales y referentes de agrupaciones de la oposición al actual gobierno, a fin de, en caso de encontrar comunicaciones, extorsionarlos y publicarlas en los medios”.
En el escrito presentado ante la sala de sorteos de la Cámara Federal, Hebe se reservaba “el derecho a preservar y proteger la fuente del acercamiento de la nómina del anexo (los 131 nombres), hasta el momento procesal oportuno”.
Ese “momento procesal oportuno” nunca llegó, porque el fiscal ni siquiera citó a Hebe a ratificar la denuncia, antes de lo cual, y a menos de una semana de iniciada, la causa fue archivada sin más trámite.
El fiscal no citó a Hebe de Bonafini a ratificar la denuncia y, sin más trámite, la causa fue archivada por la justicia.
Las pruebas del espionaje clandestino que en tres años y tres meses, desde la denuncia de Hebe, no se molestaron en buscar Martínez de Giorgi y González, las habría hallado Cristina Caamaño en sólo cinco meses de intervención de la AFI. Cuando la Justicia no es una cuestión de recursos sino de decisiones políticas.
Escuchas a Hebe y Cristina
Casi dos años después de la denuncia que el juez Martínez de Giorgi y el fiscal González habían desestimado, el diario Clarín publicó en su edición del jueves 13 de diciembre de 2018 una nota firmada por el periodista Pablo de León que reproducía con precisión propia de espías y pinchadores, el diálogo telefónico que efectivamente habían mantenido Cristina Fernández de Kirchner y Hebe de Bonafini días antes.
En el artículo, el diario afirmaba que tras un intercambio entre Máximo y su madre, ésta llamó a Hebe para saludarla por sus 90 años de edad, cumplidos el 4 de diciembre. Tras el cordial saludo inicial, “la ex Presidenta no se privó de un reto a Hebe, quien había declarado -el día anterior- que ‘Cristina no se tiene que presentar’ a las presidenciales de 2019 porque ‘el país está que se cae solo’. Ante eso, la hoy senadora nacional la conminó: ‘No te metas en lo electoral, vos no me ayudés…’, dijo para sorpresa de la dirigente de derechos humanos quien es una ferviente kirchnerista”, transcribió Clarín como un puntilloso sérpico.
El diario Clarín publicó en 2018 una nota que reproducía textualmente una conversación telefónica que Hebe había mantenido con Cristina Fernández de Kirchner.
El mismo día del cumpleaños número 90 de Hebe y del llamado de Cristina que Clarín reprodujo con exactitud, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió al juez Martínez de Giorgi que la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo vaya a juicio oral por la causa Sueños Compartidos, solicitud que el juez aceptó seis meses después, el lunes 20 de mayo de 2019, en plena conmoción nacional por el anuncio de Cristina de nominar a Alberto Fernández como candidato a presidente, dado a conocer el sábado 18.
CFK terminó coincidiendo con lo que Hebe había planteado en aquel llamado telefónico escuchado por los espías y filtrado a Clarín: Cristina no se debía candidatear para encabezar la fórmula que resultaría ganadora. La coincidencia entre el apriete periodístico, la medida judicial y el contexto político-electoral podría ser más que una simple casualidad. Ese juego de signos, mensajes cifrados y búsqueda de efectos políticos es el lenguaje de la mafia que produjo el Lawfare.
La infidencia de Clarín era tan precisa, que Hebe ordenó a su abogado presentar el recorte de diario en la Justicia Federal, para reclamar la reapertura de la causa por espionaje, ante una evidencia tan clara de que la escuchaban ilegalmente. El juez y el fiscal ordenaron entonces dividir la causa y enviarla a sorteo, para que intervengan otros magistrados y la pesquisa arranque desde cero.
Un año y medio después del nuevo hecho, Hebe sigue esperando que algún juez se decida a avanzar con la investigación, que podría tomar impulso tras las nuevas pruebas de espionaje ilegal halladas por la interventora de la AFI y que ya se encuentran a estudio de la Justicia federal.
El director de la oficina de escuchas de la Corte en tiempos de Macri fue el camarista Martín Irurzun. Antes esta sensible tarea era competencia del Ministerio Público Fiscal.
La trama y su sucesión de coincidencias, demuestran que durante el macrismo el aparato de inteligencia estatal no fue un apéndice de la Justicia, sino su alter ego. Su otro yo. Sus límites se confundieron tanto que los jueces parecían espías y los pinchadores de teléfonos, magistrados. Ejemplo, el juez Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña.
Irurzun
El célebre camarista de la era Cambiemos, conocido por elevar al rango de doctrina su apellido para ilustrar la particular aplicación del Derecho que permitió perseguir y encarcelar a opositores, fue el director de la oficina de escuchas de la Corte Suprema, tras el decreto que firmó Macri apenas estrenó su gobierno y que quitó del Ministerio Público Fiscal de la Nación esa sensible competencia.
En efecto, el 15 de febrero de 2016, mediante la Acordada 2/16, la Corte que aún no integraban Carlos Rosenkrantz ni Horacio Rosatti, con la firma de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, se hizo cargo del DNU gubernamental, creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCo), y designó por “sorteo” (sic) como titular de la nueva estructura al Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun.
Si bien la Acordada que creó la DAJuDeCo estableció que estaría a cargo de un juez penal con rango de Juez de Cámara por un período de un año no renovable, el 23 de mayo de 2017 la Corte (ahora sí integrada por su actual composición, con Rosenkrantz y Rosatti incluidos) dictó su Acordada 13/17 y prorrogó por tres años la designación de Irurzun, hasta el pasado 14 de febrero de este año, cuando ocupó su lugar el todavía titular del área, Javier María Leal de Ibarra, segundo de la Dirección desde la creación del organismo. La dupla había cumplido bien su tarea. Durante todo el período que estuvo a su cargo, coincidente con el gobierno macrista, se produjeron las filtraciones de conversaciones privadas de dirigentes kirchneristas y aliados/amigos, entre otros escándalos.
Irurzun era uno de los imputados en la denuncia de Hebe, jamás investigada, por las cientos de escuchas ilegales.
No fueron los únicos premios. En noviembre de 2018, el entonces presidente Macri envió al Senado el pliego para ascender a juez Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la oficina de escuchas de la Corte Suprema, y, debido a su función, responsable operativo de las filtraciones a los medios de las conversaciones de opositores. El ahora aspirante a juez había sido secretario federal en el juzgado de Ariel Lijo y es hijo de José Rodríguez Ponte, intendente de General Lavalle por Juntos por el Cambio.
En la denuncia de Hebe de Bonafini por cientos de escuchas ilegales en las que ella misma había sido víctima y que nunca fue investigada, Martín Irurzun es uno de los imputados. Si esa causa hubiera prosperado debidamente, el camarista debería haber sido apartado de la causa Sueños Compartidos y no podría haber sumado su voto clave al del Leopoldo Bruglia (otro juez ingresado por la ventana a la Cámara Federal, luego de un ilegal decreto presidencia de Macri, que lo convirtió de vocal del Tribunal Oral Federal Nº 4 en camarista federal), para confirmar el procesamiento de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, resuelto en mayo de 2018.
¿Será que la inmediata desestimación de la denuncia de Hebe se produjo, además de para no investigar la gravedad de sus imputaciones, para mantener a Irurzun en la causa contra las Madres y asegurarse que el expediente Sueños Compartidos no se aparte de los intereses políticos del gobierno de entonces?
Esa sensible garantía procesal (salvaguardar la garantía de juez imparcial y evitar que un imputado sea juzgado por un magistrado a quien denunció previamente), no se cumplió con Hebe, fue la excusa que alegó Germán Garavano para lograr el apartamiento del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la instrucción de una causa vinculada con la del espionaje ilegal conocida como “D’Alessiogate”, que salpica al ex ministro de (in)Justicia de Macri. Pertenecer (a la familia judicial) tiene sus privilegios. Esa causa se había iniciado por una denuncia del ex juez Carlos Rozanski, forzado a renunciar al cargo tras haber sido presionado por el Consejo de la Magistratura en un juicio político viciado, sin pruebas judiciales pero muy amplificado en los medios, especialmente por Jorge Lanata en su show televisivo.
Durante el macrismo, el elemental derecho a ser juzgado por un juez imparcial se convirtió en una franquicia exclusivísima, a la que jamás pudieron acceder los opositores a Cambiemos.
La denuncia de Hebe, replicada por Cristina
https://www.cfkargentina.com/denuncia-penal-de-hebe-de-bonafini-contra-macri/
Hebe amplía la denuncia tras las evidencias de Clarín
https://www.clarin.com/politica/cristina-kirchner-votos-retos-dudas-federales_0_sKsIJ4Y5I.html
