Magistradas y magistrados de todo el país, reunidos en el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (COPAJU), una entidad creada por el Papa Francisco, reiteraron su rechazo a los proyectos de ley que buscan bajar la edad de punibilidad, a los que calificaron como expresiones de “demagogia punitiva”, en razón de la gran cantidad de argumentos normativos y fácticos que desalientan estas iniciativas que hacen foco en la persecución y criminalización de las infancias.
Está declaración llega en respuesta a los proyectos de reforma del régimen penal juvenil que proponen bajar la edad de punibilidad a los 14 años, entre ellos, el enviado por la Casa Rosada y que este martes, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados, obtuvo un dictamen de mayoría, donde el oficialismo estuvo acompañado por sus aliados recurrentes: el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica.
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Frente a este tipo de iniciativas, las juezas y jueces de COPAJU Argentina lamentaron “la efectividad del discurso de ‘demagogia punitivista’ que se proclama desde el Poder Ejecutivo Nacional y que se concreta en su proyecto de ley, como también en la mayoría de los catorce proyectos de ley que se encuentran en tratamiento a propuesta de diputadas/os nacionales”. Este discurso, agregaron, “se expande desde los medios de comunicación masivos en cada oportunidad que se difunden hechos ilícitos graves, reales, y aislados, en los cuales participan niñas, niños y adolescentes (NNyA) no punibles”.
En cuanto a los muchos fundamentos jurídicos para no bajar la edad de punibilidad, indicaron que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su Observación General N°24, de septiembre de 2019, sostuvo: “El Comité encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a los Estados partes a que no la reduzcan en ninguna circunstancia”. Ya en octubre de 2024, en sus Observaciones Finales para la Argentina, el mismo comité recomendó al país “mantener la edad de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de rebajarla”. Por eso, COPAJU advirtió que “una baja de la edad de punibilidad vulneraría el principio de no regresividad y generaría responsabilidad internacional para el Estado Argentino”.
Las juezas y jueces lamentaron “la efectividad del discurso de ‘demagogia punitivista’ que se proclama desde el Poder Ejecutivo Nacional”.
En relación a los fundamentos fácticos, se refirieron al “reducido número porcentual de niñas, niños y adolescentes no punibles que cometen conductas que podrían encuadrarse como delictivas, con relación a la totalidad de los delitos”. En ese punto, destacaron que “no hay dudas que las personas víctimas merecen una respuesta desde el Estado, como también los niños, niñas y adolescentes autores, pero la respuesta no es la baja de la edad de punibilidad, sino el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales (educación, salud, alimentación, vivienda, entre otros), por parte del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los municipios”.
Sobre el hecho de querer bajar a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal (EMRP), las magistradas y magistrados alertaron que “dicha edad se prevé para todos los delitos, no existe diferenciación alguna. De esta manera, se habilita la persecución penal a los 14 años tanto para conductas delictuales gravísimas, como también respecto de un hurto en sede escolar”. Lo consideraron entonces “un criterio absolutamente irrazonable y desproporcionado, que se basa solamente en un sesgo punitivista, que se acrecienta cuando se advierte que se prevé un plazo máximo de la privación de la libertad de 20 años, lo que en la vida de un/a NNyA puede ser más del doble de su propia edad al momento de cometer la conducta”.
“Se habilita la persecución penal a los 14 años tanto para conductas delictuales gravísimas, como también respecto de un hurto en sede escolar”, alertaron desde COPAJU Argentina.
En paralelo, sostuvieron que, “irrazonablemente, se mantiene a NNyA no punibles dentro del sistema penal, sometiéndolos a peritajes psicológicos y psiquiátricos, y otros estudios, para determinar su ‘peligrosismo’ o ‘riesgos futuros’ para nuevos delitos. Inaceptable”. Por eso, con la centralidad de mantener los 16 años, remarcaron la necesidad de “establecer cuál debe ser la actividad concreta del Estado con relación a NNyA no punibles desde un ámbito no penal”.
Por todo esto, las autoridades del Capítulo Argentina de COPAJU concluyeron que, “en este contexto social, la propuesta de la baja de la edad mínima de responsabilidad penal es solamente ‘demagogia punitiva’, si no se introducen por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y de los poderes ejecutivos provinciales y municipales, políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales- de toda la infancia y la adolescencia”.
