Una medida cautelar le había puesto freno al achique y la destrucción de programas de prevención de la violencia contra las mujeres y diversidades, pero el Poder Ejecutivo apeló el fallo.
Junto a la destrucción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no bien asumió el poder, hay en el gobierno de Javier Milei una decisión de ajuste sistemático sobre las políticas contra la violencia de género, muchas de las cuales también impactan en el bienestar de las infancias. Frente a ese panorama, el 28 de diciembre pasado, un juez había hecho lugar a una medida cautelar presentada por varias organizaciones para frenar este desmantelamiento, que afecta desde los programas de prevención, asistencia y acompañamiento hasta el acceso mismo a la justicia, pero la Casa Rosada apeló la decisión, haciendo uso de su capacidad de presión sobre el Poder Judicial.
El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, había hecho lugar al pedido de organizaciones de la sociedad civil para que el Ministerio de Justicia “se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)”.
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Si bien el Estado negó que haya ocurrido el cierre de la Subsecretaría y de 81 CAJ, no aportó ni una sola prueba en respaldo de su posición. Por eso, en su resolución, Alonso Regueira destacó esta falta de documentación por parte de las autoridades, tanto para sostener sus dichos como para demostrar de qué forma se estarían garantizando los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y potenciales víctimas de violencia de género.
La acción fue impulsada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Por encontrarse en juego derechos de niñas, niños y adolescentes, en la causa también participó el Ministerio Público de la Defensa.
El juez Alonso Regueira hizo lugar al pedido de organizaciones de la sociedad civil para que el Ministerio de Justicia “se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.
Como respuesta, el mileismo logró que un magistrado, Enrique Lavié Pico, le habilitara la feria para pedir la impugnación de la medida. Luego de que las organizaciones y la Defensoría respondieran, Lavié Pico elevó las actuaciones a la sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que deben resolver si aceptan o no el recurso. La decisión está en manos de Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti, integrantes de la Sala IV. En principio, corrieron traslado al fiscal de turno ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, quien ya dictaminó que no estaban dados los requisitos para habilitar la feria y dar tratamiento a la apelación.
Por el momento, la medida cautelar sigue vigente y el Ejecutivo la debe acatar, ya que el recurso fue concedido con efecto devolutivo y no suspensivo.
Recortes sobre recortes
Tanto los CAJ como varios de los programas que funcionaban en el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se encuentran desfinanciados, con baja ejecución presupuestaria y con el menor alcance desde su creación. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), luego de relevar la ejecución en 2024 de los gastos etiquetados como “Presupuesto con Perspectiva de Género” y su proyección en 2025, concluyó que la designación de partidas “no es neutral en términos de género”, sino que “tiende a profundizar las desigualdades existentes”. En ese sentido, explicaron que “el discurso antifeminista sostenido por el gobierno nacional se refleja de manera muy clara en la asignación de los recursos públicos”.
Por ejemplo, el Programa Acompañar, que apoya a personas en situación de riesgo por motivos de este tipo de violencia, tuvo en 2024 una caída del 86% en su ejecución y su cobro se redujo de 6 a 3 meses, además de que se incluyó como requisito para el acceso haber realizado la denuncia judicial o policial.
Por otro lado, fue sustancial la baja en el número de altas al programa. Mientras que entre enero y marzo de 2023 se había brindado esta prestación a 34.229 mujeres y diversidades, en el mismo período de 2024 se otorgaron 471.
A lo largo del análisis realizado por el CEPA queda en claro que las principales políticas públicas de prevención, atención y protección contra la violencia de género muestran un enorme retroceso o se encuentran prácticamente desmanteladas. Eso mismo sucedió también con la Línea 144, donde la masividad de los despidos implicó que existan turnos con solo dos trabajadoras para atender todos los llamados.
El Programa Acompañar, de apoyo a personas en situación de riesgo por violencia de género, tuvo en 2024 una caída del 86% en su ejecución y su cobro se redujo de 6 a 3 meses, además de pasar a exigir como requisito haber hecho la denuncia judicial o policial.
El mismo panorama se replicó en los programas destinados a niñas y niños en alta situación de vulnerabilidad, como la Ley Brisa, un beneficio para hijas e hijos de víctimas de femicidio, que no solo sufrió recortes presupuestarios para 2025 sino que, por ejemplo, durante el primer trimestre de 2024 mostró una caída del 90% en la cantidad de dictámenes para acceder al monto asignado.
En cuanto al Programa de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual (PatrocinAR), se registró este año una caída de 45% en la cantidad de causas patrocinadas.
Aunque se votó por unanimidad en 2023 y fue megamediática, la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio, no fue ejecutada en 2024; y en 2025, se elimina el programa presupuestario en el que estaban incluidas sus partidas.
Un presente y futuro similar tiene la Ley de Capacitación Obligatoria en la temática de Género y Violencia contra las Mujeres (Ley Micaela), tampoco registró ejecución en lo que va del año en tanto el informe de CEPA revela que “no se realizó ninguna capacitación ni actividades de formación vinculadas a la materia”.
