Dentro de la extensa oferta electoral de 16 fórmulas presidenciales, las encuestas indican que el escenario se polariza entre el presidente Daniel Noboa, representante de la elite económica local y Luisa González, quien vuelve a presentarse como candidata de Revolución Ciudadana (correísmo). El movimiento indígena será representado en esta oportunidad por Leonidas Iza, de perfil combativo y de izquierda.
El sistema electoral es de doble vuelta con una exigencia de 40% y 10 puntos de ventaja para evitar la segunda vuelta. Esta fórmula ha sido un escollo que el correísmo -objeto de una persecución política judicial y mediática- no ha podido superar en las elecciones de 2021 y 2023 donde obtuvo sendos triunfos en primera vuelta pero terminó imponiéndose el anti correísmo en el balotaje.
Una primera lectura política indica que estos comicios serán un examen sobre el corto mandato del actual presidente Daniel Noboa al frente de Ecuador, que pasó de un liderazgo empresarial moderado a abrazar el anticorreísmo y el discurso de la derecha autoritaria en una sociedad asolada por la violencia narco.
El avance del narco en Ecuador tras los cambios en el mercado de cocaína -producidos tras los acuerdos de paz en colombia (2016) y la radicación de sucursales de los carteles mexicanos y la mafia albanesa en el país-, encuentra en la aplicación de una política neoliberal sobre una economía dolarizada un terreno propicio. En 2017, Lenin Moreno traicionó su mandato electoral y abrazó una política de recortes en un contexto de baja de los precios petroleros, abriendo las puertas a una crisis luego potenciada por la pandemia del COVID19, que finalmente desembocó en el estallido carcelario de 2020 tras el asesinato de uno de los líderes narcos. A partir de entonces, la violencia narco se extendió a todo el tejido social y político, culminando con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a 11 días de las elecciones presidenciales de 2023.
Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 para completar el período 2021 – 2025 tras la crisis política que obligó al entonces presidente Guillermo Lasso a decretar la “muerte cruzada” (disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria a elecciones generales).
A pesar de que en el momento de su elección, Noboa se presentó con un perfil de derecha empresarial, Noboa gobierna a través del estado de excepción y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”. En el marco de una severa crisis política, económica y social, sostiene la implementación de un programa económico neoliberal auditado por el FMI. El candidato Jan Topic, alias “Rambo”, identificado también con la política de mano dura, fue inhabilitado para participar en una cuestionada resolución, dejando el campo libre a Noboa.
El tercer factor que estructura el gobierno de Noboa, además del programa económico neoliberal y la política de conflicto armado interno, es el anticorreísmo, característica que tampoco ostentaba cuando asumió la presidencia con una estrategia de evitar la polarización. El giro anticorreísta se coronó con la invasión de las fuerzas gubernamentales a la embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado allí en el marco de la persecusión política contra la dirección de la Revolución Ciudadana, que mantiene al propio Rafael Correa exiliado en Bélgica.
Un eventual triunfo de Noboa lo habilitaría para profundizar la desestructuración institucional del estado correísta e intentar estabilizar la hegemonía de las elites neoliberales históricas que llevaron al país a la peor crisis de su historia. La persistencia del correísmo, por un lado y la resistencia indígena, por otro, son las claves para una resolución de la crisis hegemónica tras el abandono del programa de la Revolución Ciudadana por parte de Lenin Moreno en 2017 y su cooptación por parte de la clase dominante ecuatoriana.
